Bahía Blanca | Viernes, 17 de mayo

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¿Cuál es el plan del Consejo Agroindustrial Argentino para una bioeconomía sostenible?

Un país líder como productor (y exportador) de alimentos debe responder a la nueva dinámica si no pretende caerse del mundo.

Producción agrícola en la Argentina. / Fotos: Savia Comunicación

Más allá de las (muchas) propuestas lanzadas desde distintos organismos, en las que se apunta a un incremento de las exportaciones agroindustriales y a una mayor generación de empleo que de ellas deviene, la agenda global implica que debe hacerse sobre determinados parámetros. En otras palabras, se trata de responder a exigencias medioambientales (por decirlo de un modo genérico).

El dato no es menor para un país, como la Argentina, que es uno de los principales productores (y exportadores) de alimentos y que debe estar a tono de la nueva dinámica si lo que pretende es no caerse del mundo.

Los datos que se acercan respecto del impacto de la agroindustria no puede ser más claro: 7 de cada 10 dólares proviene del sector más dinámico de la economía nacional. La pérdida de unos 25.000 millones de dólares en la última campaña, como consecuencia de una seca histórica, es prueba palpable del cuadro de situación.

Definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la bioeconomía es la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos.

Este es el punto de partida observado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), al lanzar su propuesta sobre los lineamientos gestionables a través de la promoción de una bioeconomía sostenible ambiental y socialmente responsable, como mecanismo de desarrollo humano, económico y de inserción internacional de nuestro país.

La propuesta estratégica, que apunta a alcanzar los U$S 100.000 millones de exportaciones agroindustriales y a crear unos 878.000 puestos de trabajo hacia el año 2033, es para promover desarrollo económico en bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y que sean ambiental y socialmente sostenibles como sistemas que se engloban en los conceptos de economía y empleo verde y descarbonización.

La entidad entiende que esto se traduce en impulsar una transición energética hacia energías renovables y una transición productiva que demuestre que no se está afectando la biodiversidad, los bosques y los océanos y, al mismo tiempo, se insiste: que haya una reducción de la emisión de GEI.

Se sostiene, con no poca lógica, que el sector agroindustrial tiene una oportunidad de expansión no sólo como proveedor de alimentos, fibras y bioenergías confiable, sino como parte de las soluciones basadas en la ciencia y en la naturaleza contribuyendo a la transición energética, disminuyendo la dependencia fósil a través de los biocombustibles y las bioenergías, en las que nuestro país tiene (potenciales) ventajas comparativas y competitivas.

Asimismo, que se puede contribuir a una transición productiva más verde con productos renovables —y reducidos en GEI— a través de la innovación en bioplásticos y bioinsumos que colaboran para lograr la carbono neutralidad hacia 2050.

Es sabido que los objetivos manifestados por el G20, y ya implementados por la UE, modifican los requisitos internacionales de comercio entre países, las condiciones que se solicitan para el financiamiento y los requerimientos para ser proveedor en cadenas globales de producción y de servicios.

“Debemos evitar que estos requisitos se transformen en barreras paraarancelarias con fines políticos o económicos y, para ello, el Estado argentino juega un rol central en las negociaciones internacionales de modo de promover y asegurar que las regulaciones y medidas internacionales que se adopten sean basadas en aspectos técnicamente sostenibles compatibles con las normas de comercio internacional”, se admite desde el CAA.

Algunas de las propuestas para un país agroexportador incluyen:

—Una ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial que permita una mirada integral del paisaje productivo, evitando el ordenamiento por ecosistemas específicos. La idea es fortalecer los instrumentos necesarios para la gestión sostenible y, además, que se permita responder a los requisitos de trazabilidad al origen de alimentos, fibras y bioenergías.

—La identificación de las áreas de alto valor de conservación en los diferentes ecosistemas y generación de incentivos para su gestión sostenible y/o restauración. Esta identificación a nivel de paisaje productivo —junto al ordenamiento territorial— contribuye a respaldar la trazabilidad de productos a un origen de no conversión de ambientes sensibles reduciendo posibles controversias, tal como cumplir con los requisitos de cadenas productivas libres de deforestación que comenzó a implementarse este año en la UE.

—Apoyo a iniciativas de cadenas de valor —públicas, privadas y de ONG’s— que favorezcan la innovación en la gestión sostenible, balance de carbono y la restauración de ecosistemas en los paisajes productivos.

—Promover el financiamiento verde para la investigación y desarrollo de prácticas de gestión sostenible; resiliencia y adaptación de los ecosistemas y paisajes productivos, así como la creación de incentivos a su adopción.

—Desarrollar marcos jurídicos para la expansión de los mercados de carbono. Aquí, el Estado juega un rol clave para brindar garantías legales imprescindibles para el desarrollo de mercados de bonos y crédito y reconocimiento de servicios ecosistémicos y activos medio-ambientales.

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