Bahía Blanca | Domingo, 26 de marzo

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La carne vacuna que viene: ¿con o sin cuarteo?

La medida que elimina el traslado de la media res al hombro debe implementarse desde este martes 1. Pero las posiciones sobre su conveniencia siguen enfrentadas.

Un producto sensible de la mesa de los argentinos. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   Lejos de encontrar puntos de coincidencia en cuestiones clave sobre una medida que afecta intereses de un número importante de actores en un producto de extrema sensibilidad social, los últimos meses sólo han contribuido a radicalizar las posturas.

   Se trata del cuarteo —o troceo— de la carne vacuna en la Argentina que, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en base a la actualización del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, prevé la prohibición del traslado de las medias reses (a hombro) desde los camiones frigoríficos hacia las carnicerías.

   Con un motivo principal (entendible) que se refiere a la salud —las medias reses pesan entre 90 y 100 kilos, y ahora los cortes mayoristas no podrán superar los 32 kilos—, la disposición comenzará a regir desde este martes 1 de noviembre (según se ha estipulado, y ratificado por parte del Gobierno nacional).

   Justamente, esa es la única coincidencia de los representantes de los distintos sectores involucrados: contribuirá a una menor exigencia de las personas empleadas en plantas frigoríficas.

   Convocados por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) para analizar la medida, este lunes 24 se reunieron representantes de la industria, de matarifes, de consignatarios y de la cadena de ganados y carnes, además de productores.


La reunión del lunes 24 fue en la SRA. / Foto: Prensa CAMYA

   El consenso respecto de la inviabilidad fue total. También el pedido oficial —hacia el ministro de Economía, Agricultura y Producción, Sergio Massa y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, firmado por todos— para la suspensión de la medida y una posterior convocatoria para la búsqueda de soluciones viables y sustentables en el tiempo por la vía del consenso y sobre bases técnicas sólidas.

   ¿Los argumentos? Varios y variados, pero hay uno de peso que va más allá de las cuestiones técnicas: de implementarse la resolución deberán cesar —dicen— las actividades en más de 300 plantas del país con la consecuente pérdida de fuentes laborales.

   También que la situación provocará concentración de la actividad; que se afectará el libre juego de la oferta y de la demanda y que se encarecerán los servicios de faena con impacto negativo en las dos puntas de la cadena: afectará a los productores por la baja en el precio de la hacienda y, al mismo tiempo, se aumentará el precio final de la carne en mostrador.

   La coyuntura económica es otra de las razones, ya que los plazos establecidos para las adecuaciones no se realizaron por los altos costos y porque la financiación de las obras comprometidas por el Gobierno —aseguran— no se hizo efectiva.

   El encarecimiento del producto final no es un dato menor. Y es el punto que genera más controversias, por tratarse (otra vez) de una afectación de las puntas del negocio: la del productor ganadero y la del consumidor.

   En la reunión de este 24 se coincidió en que los mayores costos por la baja de capacidad productiva y la faena de los establecimientos, mayor mano de obra, mermas del cuarteo, déficit de cubicaje en cámaras de frío y transporte y amortización de inversiones no tendrán recupero económico en la etapa industrial.

   En la vereda de enfrente, desde el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, por ejemplo, no son pocas las razones para una caída en el precio al consumidor en el caso de implementarse la medida.

   Dicen que, para proteger la salud de las personas, muchas partes se descartaban y que ese costo siempre se trasladaba al valor final de la carne. Y que por eso, hoy, el proceso se podrá hacer más eficiente y aprovechar mejor cada corte. Sostienen que un 20 % más de eficiencia impactará en el precio.

   Otro punto de debate es que, con la media res, el carnicero recibe los cortes populares, que se venden a menor precio, como los de mayor valor, tal el caso del lomo (sólo demandado en sectores de ingresos superiores).

¿Una imagen para el archivo?

   El Consorcio ABC admite que, al no poder pedir cortes específicos, los sectores de menor poder adquisitivo absorben el costo de las partes que no se comercializan (léase lomo, otra vez) y, a la inversa, los de mayor capacidad de compra son subsidiados —en forma indirecta— por otros sectores cuando adquieren cortes de alto valor. Y que, ahora, esta cuestión quedará dirimida: cada carnicería podrá pedir el cuarto adecuado para el consumo que demande su barrio.

   Fueron más allá y aportaron un ejemplo puntual (a valores de la última semana): por el sistema de media res, los sectores populares pagan alrededor de 160 pesos más de kilo de carnaza común, mientras que, en los de mayores ingresos, el actual sistema subsidia en 236 pesos el corte de peceto más consumido en ese segmento.

   ¿Qué sucederá? Nadie lo sabe. Incluso, no se descarta alguna presentación judicial que atienda los intereses de un amplio sector de la industria. Es decir, mientras se cuentan las horas para el martes 1, este capítulo aún está abierto.

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