El INTA que no miramos (y que necesitamos)

Guillermo D. Rueda

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Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Uno de los debates de mayor repercusión del interior profundo de la Argentina en el marco del anunciado proceso de modernización por parte del Gobierno nacional gira en torno al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA.

Tras varios —y variados rediseños— respecto de su futuro desde principios de 2024, la oficialización de la reforma concretada con el decreto 462/2025 según Boletín Oficial de este 7 de julio (léase pasar de ser un organismo descentralizado con autarquía a depender de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y la confirmación del nuevo presidente, Ing. Agr. Nicolás Bronzovich, permiten inferir —aún sin confirmaciones oficiales— un destino presumible (pero menos pensado) para el considerado más nacional y representativo ente relacionado con el sector agropecuario.

La mayoría de los actores que trabajan vinculados con los especialistas del INTA salieron a manifestarse respecto de la decisión y, en general, han coincidido en la necesidad de una reestructuración, por decirlo de alguna manera, y no van más allá respecto de eventuales reformas —eliminar de cargos políticos y usos partidarios y rendición de cuentas, entre otros— sin agregar tiempos adecuados para concretar el plan de la obra.

Justamente, desde el Gobierno ha trascendido —según adelantó codigocampo.com.ar— que cerrarán unas 40 agencias de extensión rural (o eventuales agropecuarias), al tiempo que se apunta a la fusión de centros regionales en base a la cercanía geográfica.

En tal sentido, en Altos del Palihue, en Bahía Blanca, está la sede del INTA que depende de la Estación Experimental Agropecuaria de Bordenave. Y en la región se trabaja en las EEA de Hilario Ascasubi; en Cesáreo Naredo, de Casbas, distrito de Guaminí y en la Chacra Barrow, en el partido de Tres Arroyos. En derredor de estas cuatro sedes existen oficinas de atención técnica que, hoy, aparecen en duda respecto de su continuidad (y afecta a alrededor de 150 familias).

Precisamente, desde la SAGyP se prevé insistir con el plan de retiros voluntarios (acaso con mayores bondades económicas respecto de los anteriores que, a la luz de los resultados pretendidos, no fueron convincentes) por el insistente concepto de planta sobrecargada, aunque seguirán los becarios actuales, siempre y cuando tengan articulación financiera con el Conicet o que hayan arribado por convenios con determinadas fundaciones (un ítem que se fomenta pero que, hasta el momento, no ha sido fructífero).

En la reforma anunciada se concretó la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, que se encargaba de las políticas y estrategias de investigación y desarrollo; de la coordinación del trabajo de los centros regionales y de las EEA; del fomento a la innovación y a la competitividad; de la promoción de la transferencia de tecnología y del impulso del desarrollo rural sostenible. Esto, ahora, lo decidirá el Ing. Bronzovich, quien es de Ushuaia, se graduó en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y ha participado en diferentes instituciones desde la Sociedad Rural, Aapresid y AAcrea hasta tener una activa gestión en la empresa familiar de producción y servicios agropecuarios en el sudeste bonaerense.

En este sentido, el desplazado DN del INTA, Dr. Ariel Julián Pereda, quien había asumido —por concurso— el 6 de septiembre de 2023, dio su parece sobre la medida: “Lo que se propone no es una reforma, sino una transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta. Porque lo que se está desmantelando no es sólo un organismo técnico; es una institución pública federal, con prestigio internacional, profundamente meritocrática, con una rica historia de logros y una legitimidad construida desde la participación territorial. Lo que está en riesgo no es una estructura administrativa, sino una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país”.

Fue más allá cuando dijo: “La nueva versión del INTA se vuelve dependiente, discrecional, verticalista y con un alto riesgo a transformarse en autocrática. ¿Qué podemos esperar? Que se promuevan y financien sólo las líneas que generen rentabilidad inmediata o que cuenten con lobby privado. Las economías regionales, los productores familiares y los saberes locales quedarán fuera del radar y no por falta de mérito, sino por falta de rédito”.

Las semanas venideras, donde se reforzará la intención del Gobierno de avanzar también respecto de la venta de edificios, terrenos y hectáreas en campos productivos del INTA, serán cruciales en cuanto a conocer el verdadero perfil del nuevo organismo. Tal vez, un indicio en este sentido lo aporta la frase del ex ministro de AGyP de la Nación (por dos períodos: 2009-2011 y 2021-2022), Dr. Julián Andrés Domínguez, cuando sobre el tema dijo: “Pocas veces escuché algo tan sin sustento en un país federal como la Argentina, donde lo que se necesita, precisamente, es investigación y desarrollo”.

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