La Justicia desestimó una de las denuncias contra Corfo

Redacción de La Nueva.

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   La Justicia desestimó una denuncia presentada meses atrás contra el actual administrador general de Corfo Río Colorado, Ramiro Vergara, por supuestos delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, y retención indebida de documentos y/o encubrimiento.

   La decisión fue tomada desde la UFIJ Nº 10, a cargo del doctor Gustavo Zorzano, quien también está investigando la primera denuncia realizada por los productores -por supuestas irregularidades- contra el ente que maneja el riego en el sur de Villarino y norte de Patagones. 

   Según la información a la que pudo acceder “La Nueva.”, el fiscal desestimó los planteos hechos contra Vergara por considerar que la denuncia está compuesta por “conjeturas” y “sospechas” que “resultan carentes de todo sustento fáctico y jurídico”. Había sido presentada por productores integrantes del Consorcio Hidráulico de Corfo, que hace más de un año también habían denunciado a la institución y su anterior cúpula directiva, ante la aparición de una factura de más de 200 mil pesos por obras en un puente, librada a nombre de una fotógrafa lurense.

   Por ello, se indicó que no se advierte “ningún hecho penalmente relevante que habilite continuar con la presente investigación penal preparatoria”.

   Asimismo, consideró contradictorias las acusaciones de encubrimiento y omisión de los deberes de funcionario público por parte de Vergara, señalando que tienen “falta de credibilidad y seriedad”, ya que se “tergiversa la realidad, afirmando erróneamente cuestiones que no son ciertas, quizás por desconocimiento o por alguna otra razón que desconocemos”.

   Respecto de la acusación de malversación de caudales públicos, originada de un supuesto excedente del ejercicio del año pasado, el titular de la UFIJ Nº 10 bahiense determinó que el superávit no existió por la disposición legal presupuestaria del ente y recordó que el presupuesto de Corfo para 2021 había sido aprobado por el Ejecutivo y el Legislativo bonaerense. Además, señaló que el organismo responsable de controlar el balance es el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

"Este conflicto no le sirve a nadie"

   Además, remarcó que el Consejo Consultivo –integrado por algunos miembros del Consorcio Hidráulico, entidad que realizó esta denuncia- había aprobado el presupuesto en enero de este año. 

   En cuanto a la supuesta emisión de facturas apócrifas que, entiende, surge de la imposibilidad de acceder a las facturas de gastos del organismo de los últimos tres años, remarcó que la inexistencia de los pedidos “permite deducir que el Órgano -refiriéndose al Consejo Consultivo- no ha ejercido adecuadamente su función de controlar durante mucho tiempo”.

   Además, en cuanto a la acusación de retención indebida de los libros de actas del Consejo Consultivo, el fiscal expuso que no es de su competencia determinar de quién es la custodia de los libros, y que ante la falta de designación de un secretario administrativo estas pueden permanecer en Corfo, sede del CC. 

   En relación a la acusación de incumplimiento de los deberes públicos y encubrimiento en la nómina de empleados, en el fallo se advirtió que no se señalan cuáles serían las “discordancias” y/o “incongruencias” en el listado y el presupuesto para personal: que solo se limitan a denunciar por “sospechas”, sin tener en cuenta la lista de “servicios contratados” y que, además, la información se encuentra disponible en la página web de Corfo.
 

Qué pasó

   En septiembre del año pasado, la aparición de una boleta a nombre de la fotógrafa Lorena Constantini por trabajos de ingeniería por poco más de 230 mil pesos, causó un revuelo en Pedro Luro y toda la zona de riego de Villarino y Patagones. La factura estaba firmada por Cristian Eval, quien hasta ese momento era el gerente contable de Corfo y también encargado de la cooperativa de trabajo Ave Fénix, cuya mayor parte de su facturación proviene de la comuna de Villarino.

   Los productores hicieron una denuncia a través de los medios y las redes sociales, reclamando explicaciones. A los pocos días, Eval renunció a su cargo y Somenson llevó a cabo un sumario interno para determinar cómo se había filtrado la factura; es decir, nunca se preguntó si realmente se estaba ante hechos de corrupción dentro del ente de riego.

   Paralelamente, presentaron una denuncia penal en la Justicia bahiense, que recayó en la UFIJ Nº 10. En ella se hablaba de delitos de acción pública que involucran facturas apócrifas, falsificación, estafa, encubrimiento, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Los apuntados eran Somenson, Eval y el por entonces gerente técnico de Corfo, Marcos Aragón.

   La Provincia miró para otro lado durante un tiempo, pero terminó cortando por lo sano: Eval ya había renunciado, por lo que “retiró” a Somenson –a quien le quedaba solo un par de semanas para jubilarse- y a Aragón lo devolvió a su puesto de planta. Fue, virtual y llanamente, un descabezamiento de la cúpula directiva. “Nos encontramos con algo más grande que lo que esperábamos”, reconocieron desde La Plata. Pocos meses después, desde el ministerio de Desarrollo Agrario se “aggiornó” la versión, señalando que a Somenson solo le habían adelantado la jubilación. Hoy, los principales apuntados por los chacareros tienen abogados preparando sus defensas.

   Ramiro Vergara fue designado en forma interina para hacerse cargo de Corfo. Venía de ser el responsable del área de Hidráulica del ente y conocía la zona, lo que jugaba muy a su favor; en contra, los productores señalaban su pertenencia política y el posible hecho de que supiera y estuviera al tanto de los denunciados hechos de corrupción, y que hubiese guardado silencio al conocerlos.

   A mediados de diciembre, mientras el CH seguía haciendo reclamos para acceder a los libros contables de Corfo y el ente lo negaba, la Justicia decidió allanar la entidad, además de los domicilios de la fotógrafa, la cooperativa y Eval en Pedro Luro, secuestrando documentación de distinta índole.

   En junio último, además, los productores denunciaron a Vergara por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otras cosas. También se llevaron a cabo varias movilizaciones por las calles de Pedro Luro y cortes del tránsito en la ruta nacional 3, en el marco del conflicto.