Productores del área de riego ahora denuncian al nuevo titular de Corfo

   A casi un año de la aparición anónima de aquella factura que pagaba a una fotógrafa lurense la realización de trabajos de ingeniería, albañilería, electricidad y demás en un puente sobre el canal Unificador III, de una denuncia penal presentada contra las antiguas autoridades de la Corporación de Fomento del Río Colorado y del descabezamiento de la cúpula del ente por parte de la Provincia, los productores que integran el Consorcio Hidráulico del río Colorado entienden que sus reclamos no han sido escuchados y van por más: ahora denunciaron al actual administrador de Corfo, Ramiro Vergara.

   El escrito ya fue presentado en la Justicia bahiense, con el pedido de que se radique en la UFIJ Nº 10 a cargo de Gustavo Zorzano, quien está investigando la primera denuncia. “Tienen conectividad fáctica y probatoria” con ella, señalaron los productores, que también pidieron ser incluidos como particulares damnificados. La presentación, a la que tuvo acceso "La Nueva." está firmada por la actual presidenta del CH, Gabriela Ciccone.

   ¿Por qué, entonces, esta segunda denuncia y contra Vergara? Los regantes señalan que incurrió en delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, y retención indebida de documentos y/o encubrimiento. Incluso, durante el sumario administrativo realizado por el anterior número uno de Corfo, el “jubilado” León Somenson, para determinar cómo se había filtrado la factura en cuestión, su hoy sucesor había reconocido que sabía de ella pero que nunca había tenido una copia en su poder.

Ramiro Vergara

    Además, desde el Consorcio Hidráulico se entiende que, lejos de acercar posiciones entre el ente y los productores y de mostrar los papeles para echar luz sobre los supuestos hechos de corrupción ocurridos en la gestión pasada, el nuevo mandamás de la entidad se ha dedicado a poner palos en la rueda. Los documentos requeridos desde que se conociera la existencia de la famosa factura fueron enviados a la Justicia para su análisis, mientras que los pedidos de acceso a la información por parte de los chacareros son respondidos a medias o con evasivas: desde Corfo entienden que al estar judicializado el tema, no pueden hacerse públicos; los productores señalan que el consorcio, por estatuto, tiene derecho a acceder a esos documentos.

   “Nunca nos responde nada, o lo hace de manera totalmente evasiva”, cuestionan desde el ente productivo.

   Incluso, se ha señalado –públicamente, no ante la Justicia- que la actual gestión ha incurrido en aprietes a algunos productores para que restasen su apoyo al Consorcio Hidráulico. También se reclaman unos 20 millones de pesos que no fueron ejecutados durante el presupuesto 2020 de la institución de riego, fondos que en su mayor parte aportan los regantes, que no están presentes en el cálculo de gastos y recursos de este año.

   Además, indican que Vergara y otros que hoy integran la cúpula de Corfo, sabían de los supuestos hechos de corrupción y no hicieron nada al respecto, como radicar la denuncia correspondiente. En el medio, la pertenencia pública del administrador de Corfo al Frente de Todos y a La Cámpora, hace que muchos entiendan que la rama juvenil del kirchnerismo conducida por Máximo Kirchner hizo pie en la zona y quiera utilizar los fondos del ente y de los mismos regantes.

Qué pasó

   En septiembre del año pasado, la aparición de una boleta a nombre de la fotógrafa Lorena Constantini por trabajos de ingeniería por poco más de 230 mil pesos, causó un revuelo en Pedro Luro y toda la zona de riego de Villarino y Patagones. La factura estaba firmada por Cristian Eval, quien hasta ese momento era el gerente contable de Corfo y también encargado de la cooperativa de trabajo Ave Fénix, cuya mayor parte de su facturación proviene de la comuna de Villarino.

   Los productores hicieron una denuncia a través de los medios y las redes sociales, reclamando explicaciones. A los pocos días, Eval renunció a su cargo y Somenson llevó a cabo un sumario interno para determinar cómo se había filtrado la factura; es decir, nunca se preguntó si realmente se estaba ante hechos de corrupción dentro del ente de riego.

   Paralelamente, presentaron una denuncia penal en la Justicia bahiense, que recayó en la UFIJ Nº 10. En ella se hablaba de delitos de acción pública que involucran facturas apócrifas, falsificación, estafa, encubrimiento, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Los apuntados eran Somenson, Eval y el por entonces gerente técnico de Corfo, Marcos Aragón.

   La Provincia miró para otro lado durante un tiempo, pero terminó cortando por lo sano: Eval ya había renunciado, por lo que “retiró” a Somenson –a quien le quedaba solo un par de semanas para jubilarse- y a Aragón lo devolvió a su puesto de planta. Fue, virtual y llanamente, un descabezamiento de la cúpula directiva. “Nos encontramos con algo más grande que lo que esperábamos”, reconocieron desde La Plata. Pocos meses después, desde el ministerio de Desarrollo Agrario se “aggiornó” la versión, señalando que a Somenson solo le habían adelantado la jubilación. Hoy, los principales apuntados por los chacareros tienen abogados preparando sus defensas.

   Ramiro Vergara fue designado en forma interina para hacerse cargo de Corfo. Venía de ser el responsable del área de Hidráulica del ente y conocía la zona, lo que jugaba muy a su favor; en contra, los productores señalaban su pertenencia política y el posible hecho de que supiera y estuviera al tanto de los denunciados hechos de corrupción, y que hubiese guardado silencio al conocerlos.

   A mediados de diciembre, mientras el CH seguía haciendo reclamos para acceder a los libros contables de Corfo y el ente lo negaba, la Justicia decidió allanar la entidad, además de los domicilios de la fotógrafa, la cooperativa y Eval en Pedro Luro, secuestrando documentación de distinta índole.

   Hoy, la causa continúa activa, aunque el fiscal Zorzano está plenamente dedicado a la megacausa UOCRA en Bahía Blanca. Al ser particulares damnificados, los productores han podido acceder a la documentación secuestrada y facilitada por Corfo a la fiscalía, aunque continúan reclamando el acceso a determinadas facturas para hacer cruce de información.