Una protesta por una medida de Milei para todos los puertos argentinos, incluido Bahía Blanca
Afecta el 80% de las exportaciones del país, aunque se mantienen guardias mínimas para buques petroleros y gaseros.
Los puertos de todo el país, incluido el de Bahía Blanca, continúan paralizados desde el último fin de semana por una medida de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 promovido por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje.
La protesta —un lock-out llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos— comenzó el sábado 1 de agosto y abarca desde los puertos del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La medida impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
En Bahía Blanca la actividad también se ha visto paralizada. De hecho, la flota que instalará la terminal off shore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur se encuentra fondeada a la altura de la boya 17, sin posibilidades de maniobrar por la suspensión de los servicios de practicaje.
El decreto que facilitó la acción sindical, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar las "barreras de entrada" al sector, reducir costos operativos y permitir la contratación directa de servicios, además de habilitar a capitanes con experiencia a navegar sin la obligación de disponer de contratos de prácticos.
Desde la vereda de enfrente, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó la reforma de "abusiva e inconstitucional". La entidad adelantó que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.
Ante el desabastecimiento operativo y las complicaciones logísticas, la Prefectura Naval Argentina reaccionó enviando cédulas de "intimación perentoria" a los profesionales para que reanuden la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.
A pesar de la advertencia oficial, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. No obstante, fijaron excepciones estratégicas: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales. (La Nueva., con información de NA y Argenports)