Bahía: confirman que se pospuso para septiembre el sistema acusatorio federal

Redacción de La Nueva.

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A raíz de los daños que la inundación del 7 de marzo provocó en organismos de la justicia federal bahiense, la puesta en marcha del sistema procesal penal acusatorio, prevista para este lunes, se prorrogó casi cinco meses.

Para procurar la adecuada implementación de esta herramienta investigativa en el fuero federal de Bahía Blanca, el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo del abogado Mariano Cúneo Libarona, resolvió diferirla hasta el lunes 29 de septiembre.

Tal como lo había adelantado La Nueva. a fines de marzo, los destrozos provocados por el agua, sobre todo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) y en los juzgados federales 1 y 2, obligaron a reprogramar el estreno del método para investigar causas por narcotráfico, trata de personas y lavado de activos, entre otros delitos.

Producto del temporal también se demoraron los cambios necesarios para la aplicación del mecanismo contemplado por el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), como traspasos de personal de los juzgados a las fiscalías y la creación de una oficina judicial destinada a gestionar las audiencias orales.

El sistema acusatorio adversarial, que funcionará en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones local, básicamente asigna las investigaciones a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción, quienes pasarán a ser de “garantías” a los efectos de controlar el debido proceso, tal como sucede en la justicia ordinaria bonaerense desde 1998.

El fiscal adoptará un rol central en la causa porque los posibles detenidos en el marco del proceso estarán a su cargo, y también será el responsable de las medidas investigativas que se lleven a cabo, excepto los allanamientos y las intervenciones telefónicas.

El nuevo CPPF, sancionado en diciembre de 2018, coexiste con el sistema anterior que, a entender del Poder Ejecutivo Nacional, es “lento, burocrático e ineficiente”.

Actualmente los jueces federales dirigen las investigaciones penales preparatorias, pero el sistema acusatorio adversarial cambiará esa metodología.

La denominación de esta herramienta se relaciona con el rol que ocupan las tres partes que intervienen en el proceso: el juez, la defensa y la fiscalía.

Es adversarial por la oposición entre un defensor, quien procura el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que sostiene la acusación; y además es acusatorio porque brinda al Ministerio Público Fiscal los recursos para avanzar en el caso y que el juez analice el proceso de manera imparcial.

El objetivo del sistema acusatorio es acelerar el proceso judicial en casos vinculados con el crimen organizado y reforzar la oralidad de los juicios, como también incorporar los debates por jurados al ámbito federal.

“En virtud del crítico escenario actual, este ministerio (de Justicia) solicitó a los organismos intervinientes en la implementación del CPPF un informe acerca del estado de las dependencias ubicadas en la ciudad de Bahía Blanca y localidades cercanas, a fin de coordinar acciones y tomar las medidas necesarias para enfrentar la coyuntura de la manera más eficaz posible”, se indica en la resolución firmada el 16 de abril pasado por el ministro Cúneo Libarona.

“En dicho marco, el Consejo de la Magistratura de la Nación envió a este ministerio un informe realizado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en el cual se daba cuenta que los edificios de los juzgados federales Nº 1 y 2, y del TOCF, sufrieron daños de envergadura”.

“El ingreso de lodo, barro y agua servida en los subsuelos ocasionó la avería de tableros eléctricos y bombas, así como pérdida de documentación y expedientes alojados en la oficina de Archivo que comparten ambos juzgados”, continúa el documento.

La anegación en las plantas bajas de las dependencias judiciales generó asimismo “daños infraestructurales y deterioro o pérdida total de mobiliario y equipamiento, con diferentes grados de severidad, según cada edificio”.

Organismos dañados

La Procuración General de la Nación informó que una de las sedes del Ministerio Público Fiscal en Bahía está “inhabitable” como consecuencia de los daños estructurales, la falta de suministro eléctrico y del servicio de Internet, y el ingreso de barro y residuos cloacales causados por la inundación.

Estos inconvenientes derivaron en la suspensión de las actividades de capacitación sobre el sistema acusatorio, que estaban programadas en este distrito durante los días posteriores a la lluvia torrencial.

La Defensoría General de la Nación reportó que dos de sus tres dependencias locales tuvieron pérdidas “casi totales” en su equipamiento y mobiliario.

“También resultó afectado el personal del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, y sus respectivas familias, que sufrieron pérdidas considerables en sus viviendas particulares”, detalla el texto.

Las instalaciones de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación también terminaron con un grave deterioro.

“En consideración a este contexto resulta necesario posponer, de manera excepcional y extraordinaria, la fecha establecida para la entrada en vigencia del CPPF en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a fin de coordinar acciones y reorganizar las actividades institucionales afectadas por la inundación”, concluye el escrito.

El sistema ya rige en siete jurisdicciones federales conformadas por 12 provincias y se prevé que el próximo año esté instaurado en todo el país.