La Justicia Federal reanudará el lunes, pero con algunas limitaciones

Redacción de La Nueva.

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A partir del lunes la actividad judicial en el fuero federal bahiense se reanudará, pero con limitaciones y cambios en su método de trabajo como consecuencia del temporal trágico que arrasó esta ciudad hace poco más de una semana.

Las funciones de los órganos judiciales se retomarán después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó feriados judiciales el viernes 7, cuando se registraron las intensas precipitaciones, así como otros días de esta semana.

El servicio de administración de justicia sobre cuestiones “urgentes” vinculadas con la salud de los procesados, el otorgamiento de libertad y el traslado de detenidos, está "garantizado en un 100 por ciento”.

Si no se produce ningún imprevisto, desde el lunes estas diligencias se realizarán de manera remota y virtual, como también la instrucción de causas en trámite y la continuidad de juicios orales en causas de por ejemplo narcotráfico y lesa humanidad.

Así se planificó el trabajo al menos por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca (TOCF), a raíz de los graves daños registrados en su sede de Chiclana 402, con salas anegadas hasta 4 metros de altura y sin electricidad, gas, agua de red ni Internet.

Esta sede y la del Juzgado Federal Nº 1, en Alsina 317, son las más afectadas por la anegación.

El juez Ernesto Sebastián, presidente del TOCF local, confirmó que el fenómeno meteorológico provocó además la pérdida de expedientes en estado de archivo que estaban almacenados en uno de los dos subsuelos del edificio.

El agua de lluvia que ingresó en el organismo de enjuiciamiento -producto de aproximadamente 350 milímetros caídos en Bahía Blanca durante más de 6 horas- está mezclada con líquidos cloacales, fango y residuos, por lo tanto serán necesarias tareas de limpieza y desinfección especiales antes de retomar el trabajo presencial en el lugar.

“Los dos subsuelos del tribunal quedaron absolutamente tapados por la inundación. El agua destrozó un vidrio de la sala del archivo, con 30 años de antigüedad, y todos los expedientes archivados (documentación fuera de trámite). Lo que había ahí es papel, no es información, que está resguardada en el servidor del Poder Judicial, el Lex 100”, dijo Sebastián.

“Pero el documento en papel, por motivos legales, hay que preservarlo 30 años, que se cumplían este año. Después se hace el expurgo, un proceso legal que consiste en la incineración del expediente en papel, con la notificación previa a todas las autoridades para establecer si hay alguien que necesite ese expediente”, agregó.

“Ese trámite no se llegó a hacer por el temporal. Esta pérdida se puede lamentar desde el aspecto histórico y documental, pero no desde el legal porque en este sentido no tiene ninguna consecuencia”, continuó.

Esa oficina tiene puertas de hierro con vidrios blindados, que al momento del siniestro estaban cerradas con llave por motivos de seguridad propias del sistema legal, para evitar la sustracción de expedientes, droga secuestrada y efectos judiciales almacenados allí.

“La fuerza del agua fue tal que reventó las puertas y abrió los pestillos de las cerraduras, arrancándolos de los marcos. Ese agua pasó a la sala de máquinas del Tribunal, que por normativa municipal debe estar por debajo del nivel de la vereda”, explicó Sebastián.

La caldera, bajo agua

El equipo de calefacción que se había instalado en agosto pasado también quedó sumergido por la inundación del cuarto de máquinas, al igual que el aire acondicionado y las tres bombas de agua del edificio.

Todo quedó bajo 4 metros de agua, según afirmó Sebastián.

La pérdida de la caldera, que costó casi 100 millones de pesos, representa el mayor perjuicio para los empleados del tribunal que habían reclamado la entrega del equipamiento desde al menos 2022.

“Pasamos frío tres años y ahora se perdieron definitivamente los sistemas de calefacción y aire”, remarcó el informante.

También quedó fuera de servicio el tablero de luces del complejo ubicado en uno de los subsuelos.

El representante del Poder Judicial de la Nación se refirió asimismo a los daños en las bases del edificio donde funcionó una entidad bancaria.

“La carpintería metálica de los planchones de vidrio que tiene el tribunal están todos seriamente comprometidos, lo que pone en riesgo enorme la planta baja. Esto es gravísimo”, enfatizó.

“Quiero destacar que desde la Corte, las direcciones generales de Infraestructura y de Tecnología, el Consejo de la Magistratura y desde la Cámara Federal de Apelaciones bahiense se pusieron enteramente a nuestra disposición, con el firme compromiso de correr cualquier aspecto burocrático”, finalizó.

Contacto con Rosatti

Fondos. El juez Pablo Candisano Mera, titular de la Cámara, se contactó con Horacio Rosatti, presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, a fin de pedirle ayuda económica para afrontar la emergencia.

Refacciones. “El Consejo recopiló las necesidades de nuestra jurisdicción, sobre todo las del TOCF y el Juzgado Federal Nº 1, para tratar de encarar las refacciones y la adecuación de todo lo que se perdió ahí”, indicó otra fuente judicial.

Presupuesto. “Con los arquitectos estamos evaluando la dimensión de los daños para poder elaborar un presupuesto”, amplió.

Compromiso. “Rosatti habló con Candisano y envió un saludo a los bahienses. Está particularmente comprometido porque vivió la inundación en Santa Fe y sabe lo que es”, acotó.

Destrucción. En el Juzgado Federal N° 2 (Belgrano 274) también hay agua en subsuelos, huecos de ascensores y archivos, "con amplia destrucción".

Cámara. La inundación no causó daños en la Cámara Federal, situada en Mitre 60.

Acusatorio. Las consecuencias de las lluvias torrenciales retrasarían la puesta en marcha del sistema acusatorio en la justicia federal bahiense, prevista para el 5 de mayo.

Impacto. "Todavía no tenemos una evaluación final sobre los daños, pero es inevitable que esto tenga un impacto en la fecha de implementación del sistema", analizaron desde la Cámara Federal.

Damnificados. Una gran cantidad de empleados y funcionarios judiciales resultó damnificada de forma particular por el fenómeno.

Competencia. La justicia federal investiga y juzga a acusados de cometer delitos de mayor complejidad y crimen organizado, como narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.