Cambia en Bahía la investigación de los delitos complejos: ¿cómo será?

Redacción de La Nueva.

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Una nueva forma de combatir delitos complejos entraría en vigencia el próximo año en Bahía Blanca, cuando la Justicia Federal implemente el sistema acusatorio, que básicamente asigna las investigaciones a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción -tal como aún sucede en algunas jurisdicciones- y agiliza los trámites procesales.

El nuevo mecanismo, impulsado por el Código Procesal Penal Federal (CPPF), según confiaron fuentes judiciales locales, se pondría en práctica en esta ciudad en marzo de 2025, de acuerdo con el cronograma diseñado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de la instauración del régimen en todo el país.

Este método para el tratamiento de causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y malversación de fondos públicos, entre otros delitos, es el mismo que se emplea en la justicia provincial desde 1998, con los acusadores como responsables de las investigaciones penales preparatorias.

Actualmente, los jueces federales dirigen las pesquisas y toman decisiones, pero el sistema acusatorio adversarial cambiará esa metodología investigativa. La denominación de esta herramienta se relaciona con el rol que ocupan las tres partes que intervienen en el proceso: el juez, la defensa y la fiscalía.

Es adversarial por la oposición entre un defensor, quien procura el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que sostiene la acusación; y además es acusatorio porque brinda al Ministerio Público Fiscal los recursos necesarios para avanzar en el caso y que el juez analice el proceso de manera imparcial.

Hoy en día el CPPF coexiste con el sistema anterior, que a entender del Poder Ejecutivo Nacional es “lento, burocrático e ineficiente”.

“Según el cronograma del Ministerio de Justicia, en marzo de 2025 el sistema acusatorio tendría que iniciar en Bahía. Se va implementando la aplicación total del nuevo CPPF por jurisdicciones, en este caso sería en Bahía, tanto en el Poder Judicial de la Nación como en el Ministerio Público Fiscal (nacional)”, confirmó un informante tribunalicio.

Otro vocero oficial dijo contar con la misma información sobre la probable fecha de estreno del mecanismo en Bahía Blanca, aunque aclaró que al menos hasta ahora carece de una confirmación formal.

“Informalmente me comentaron que lo piensan para marzo del año que viene, pero ese es un dato que se reserva el Ministerio de Justicia para no causar revuelo”, explicó el entrevistado.

Una de las dudas está puesta en la necesidad de sumar recursos (humanos, edilicios y tecnológicos) para hacer frente al cambio.

Adaptaciones necesarias

Desde la Unidad especial estratégica para la implementación del sistema procesal penal acusatorio (UNISA), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), se informó que para garantizar el correcto funcionamiento del sistema es necesario hacer numerosas “adaptaciones”, como por ejemplo edilicias.

Para lograr la eficiencia de las tareas investigativas, es fundamental que cada Ministerio Público Fiscal funcione de manera “integral” en una misma sede, según opinó una funcionaria de la UNISA.

“Ni siquiera (las fiscalías) en Salta y Jujuy arrancaron con edificios cuando se implementó el acusatorio, sino que aquellas unidades fiscales los fueron recibiendo a medida que ya habían implementado el sistema”, expresó.

“Los MPF de Rosario y Mendoza no tienen edificios propios, y así sucede a lo largo y ancho de todo el territorio; es uno de los principales requisitos. También se necesitan gabinetes criminalísticos para el MPF, porque pasamos a tener un rol preponderante por llevar adelante todas las investigaciones”, agregó.

“En general esos son los pedidos más frecuentes. De hecho, hay diagnósticos del MPF en relación con las necesidades para la implementación del sistema acusatorio”, completó.

Las vacantes

La funcionaria de UNISA, que prefirió no identificarse, se refirió además a la forma de organizar el creciente trabajo en los MPF, con vacantes como ocurre en esta ciudad, donde hay subrogancias en una de las dos fiscalías federales de instrucción, en la fiscalía ante la Cámara Federal de Apelaciones y en la unidad fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

“Este año la Procuración General de la Nación dictó la resolución 18/2024 sobre la implementación del sistema en Rosario. Explica de qué manera se tramitan las causas, quién se queda con algunas investigaciones, si cambian de área y cómo se organiza el MPF”, precisó.

“Lo mismo sucede con la resolución 42/2024 que creó la fiscalía de distrito de Mendoza, y la cual brinda un panorama muy claro de cómo se organizó el MPF con los recursos que tenía al momento de entrar en vigencia el CPPF.

“Ellos adoptaron soluciones en los casos concretos de vacantes. Había pocos fiscales, como ocurre por ejemplo en San Luis, donde hay una sola fiscal federal nombrada por el proceso constitucional y los demás son fiscales subrogantes”, continuó.

En algunos de estos casos se designaron cargos de fiscal y en otros de auxiliar fiscal.

“El problema de los cargos vacantes se fue resolviendo en función de las necesidades de cada distrito; se organizó así”, sostuvo.

Los jueces federales de primera instancia actúan como jueces de Garantías, es decir tutelan el debido proceso, en tanto que los jueces de las Cámaras Federales y los tribunales orales federales mantienen sus funciones de revisión y de juicio, respectivamente.

Ley y cronograma

Según la ley 27.150, sancionada en 2015, el cronograma de aplicación del sistema acusatorio federal inicialmente lo decidía la comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Código, que funciona en el Congreso de la Nación.

En ese contexto la única jurisdicción federal en la que el CPPF se puso en marcha, el 10 de junio de 2019, fue la correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

El 26 de febrero pasado, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, se asignó la función de establecer el cronograma de implementación del CPPF al Ministerio de Justicia de la Nación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispuso la entrada en vigencia del Código, a partir del 6 de mayo, en la Cámara Federal de Rosario (que comprende parte de la provincia de Santa Fe y San Nicolás, provincia de Buenos Aires).

Después difirió la puesta en marcha en el ámbito territorial de Reconquista (Santa Fe) por el plazo de 120 días, que está prevista se complete el martes 3 de septiembre.

Posteriormente el Ministerio de Justicia ordenó, desde el 5 de agosto pasado, la instauración del CPPF en Mendoza (incluye San Juan y San Luis) y en los distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia, a partir del 4 de noviembre y 2 de diciembre próximos, respectivamente.

Todavía resta el estreno del sistema en 11 distritos federales del país y en la Justicia Nacional, con competencia en la Capital Federal.

Nuevas herramientas

La finalidad no es quitarle al juez su rol de investigador sino que haya nuevas herramientas que ayuden en la investigación, pero que no le den un poder excesivo al fiscal.

“Lo que se busca es ayudar a los fiscales para cumplir con su función y que puedan investigar sin quitarle espacio a la defensa. Que los defensores puedan acceder a toda la causa y que todos tengan pleno conocimiento de lo que pasa en el proceso”, se informa en la web de Presidencia de la Nación.

“El impulso de los fiscales a las investigaciones puede redundar en mejoras en causas con hechos complejos, es decir que incluyen más de un tipo penal como sucede en el fuero federal. Cuando se investiga una organización delictiva hay más de un delito en juego”.

“Esa complejización de las causas torna más dificultoso el camino a recorrer por los jueces que, por ejemplo, deben decidir sobre la excarcelación de un imputado a la vez que investigan su responsabilidad”, continúa la información oficial.

La implantación de este sistema incide en los juzgados de instrucción con competencia en todo el país, porque cada provincia tiene sus propios códigos procesales, algunos de los cuales ya incluyen al mecanismo acusatorio adversarial.

El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, fija un modelo de justicia “oral, ágil y eficaz que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”.

Cambios en el MPF

Organización. Con el sistema acusatorio, según la fuente de la UNISA, el MPF pasa a organizarse de forma totalmente diferente porque “no tiene que actuar de manera refleja con el Poder Judicial”.

Inicio. El nuevo régimen comienza a regir para los hechos delictivos cometidos a partir de su entrada en vigencia.

Vigencia. “En Rosario, por ejemplo, la entrada en vigencia fue el 5 de mayo pasado, es decir que los delitos que se consumen a partir del primer minuto de ese día están abarcados por el nuevo sistema”, precisó la entrevistada.

Pronóstico. “El año que viene no va a alcanzar para terminar de instaurar el nuevo mecanismo en todo el país”, adelantó.

Celeridad. En Mendoza, el primer caso con sistema acusatorio tratado fue exprés. Una mujer fue detenida el jueves 8 de agosto y dos días después recibió la condena por narcotráfico.