El debut del sistema acusatorio se demoraría por la inundación

Redacción de La Nueva.

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Los graves daños materiales ocasionados en esta ciudad por la trágica inundación del 7 de marzo obligarían a reprogramar la fecha de implementación del sistema procesal penal acusatorio en el ámbito de la Justicia Federal bahiense, prevista para el próximo lunes 5 de mayo.

Es que las anegaciones originadas por las intensas lluvias de principios de este mes causaron severos perjuicios en distintas sedes judiciales locales, sobre todo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) ubicado en Chiclana 402 y los juzgados federales Nº 1 y 2, en Alsina 317 y Belgrano 274, respectivamente.

Las consecuencias del temporal harían retrasar los posibles traspasos de personal de los juzgados a las fiscalías, como también la eventual creación de una oficina judicial encargada de gestionar las audiencias orales.

Estas son algunas de las modificaciones necesarias para la puesta en marcha del nuevo método de investigación en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones.

Representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, consultados por La Nueva., coincidieron en la escasa factibilidad de que el sistema acusatorio adversarial se estrene en Bahía Blanca tal como lo programó el ministerio de Justicia encabezado por Mariano Cúneo Libarona.

Hasta ahora los operadores judiciales locales no tienen información oficial sobre la probable reprogramación del debut del mecanismo contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que básicamente asigna las investigaciones a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción, quienes cumplirán la función de garantizar el debido proceso.

Sin embargo algunos de los informantes estimaron, en base a trascendidos, que la iniciativa se dilataría hasta julio, agosto o septiembre.

"Todo es extraoficial y rumores; no hay nada concreto. Pero está claro que muy difícilmente esto pueda arrancar en la fecha prevista. La fiscalía (ante el TOCF, por ejemplo) sigue clausurada y todo su personal está trabajando vía remota hasta que vuelvan la luz, el gas e Internet. De otro modo, es imposible trabajar", resaltó uno de los entrevistados.

En este sentido, otra fuente tribunalicia bahiense confirmó que habrá una "reprogramación" -por el momento no se fijó una nueva fecha-, aunque aclaró que el dato "no es oficial".

"En definitiva el sistema acusatorio en Bahía no va a arrancar el 5 de mayo, que era la fecha propuesta", adelantó el entrevistado.

Por su parte un vocero de la cartera de Justicia nacional, encargada de diseñar el cronograma de aplicación del régimen procesal penal en todo el país, indicó que "aún no se sabe" si se retrasará el inicio del sistema en nuestro medio.

Coexistencia

El nuevo CPPF, sancionado en 2018, coexiste con el sistema anterior que, a entender del Poder Ejecutivo Nacional, es “lento, burocrático e ineficiente”.

Actualmente los jueces dirigen las pesquisas, pero el sistema acusatorio adversarial cambiará esa metodología. La denominación de esta herramienta se relaciona con el rol que ocupan las tres partes que intervienen en el proceso: el juez, la defensa y la fiscalía.

Es adversarial por la oposición entre un defensor, quien procura el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que sostiene la acusación; y además es acusatorio porque brinda al Ministerio Público Fiscal los recursos para avanzar en el caso y que el juez analice el proceso de manera imparcial.

El objetivo del sistema acusatorio es acelerar el proceso judicial en casos vinculados con el crimen organizado.

Este método para el trámite de causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y malversación de fondos públicos, entre otros delitos, es el mismo que se emplea en la Justicia provincial desde 1998.

“Se busca ayudar a los fiscales para cumplir con su función y que puedan investigar sin quitarle espacio a la defensa. Que los defensores puedan acceder a toda la causa y que todos tengan pleno conocimiento de lo que pasa en el proceso”, se informa en la web de Presidencia de la Nación.

“El impulso de los fiscales a las investigaciones puede redundar en mejoras en causas con hechos complejos, es decir que incluyen más de un tipo penal como sucede en el fuero federal. Cuando se investiga una organización delictiva hay más de un delito en juego”.

“Esa complejización de las causas torna más dificultoso el camino a recorrer por los jueces que, por ejemplo, deben decidir sobre la excarcelación de un imputado a la vez que investigan su responsabilidad”, finaliza.

Reuniones y capacitaciones

La Unidad especial estratégica para la implementación del sistema procesal penal acusatorio (UNISA), dependiente de la Procuración General de la Nación, mantuvo reuniones de trabajo en Bahía con fiscales federales.

En los encuentros del mes pasado se trataron cuestiones prácticas sobre el modelo de gestión de las oficinas fiscales, los aspectos operativos de la consulta inicial de las fuerzas de seguridad y la utilización de formularios y actas, así como el trámite de casos mediante el legajo digital del sistema Coirón.

Carla Di Gangi y Martina Allende, coordinadora y funcionaria de la UNISA respectivamente, se reunieron además con el fiscal general ante la Cámara Federal, Horacio Azzolín, y el fiscal federal N° 1, Santiago Ulpiano Martínez, en la Universidad Nacional del Sur.

La UNISA capacitó a 500 agentes de las fuerzas de seguridad federales y provinciales respecto del rol que deberán cumplir en el proceso acusatorio, las nuevas formas de comunicación e interacción con el Ministerio Público Fiscal y el uso de formularios y actas.

En la biblioteca Rivadavia se realizó una actividad similar, de la cual participaron 350 efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Establecimientos Navales.

También estuvieron presentes Azzolín, Martínez y el fiscal general (subrogante) ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, Gabriel González da Silva.