NO HAY FECHA PARA EL JUICIO

Bobinas blancas: niegan la expulsión de dos de los extranjeros acusados

10/9/2019 | 06:30 |

La justicia local rechazó lo que se llama pedido de extrañamiento en favor de Max Rodríguez Córdova y Jesús Madrigal Vargas.

 

   Dos mejicanos acusado de formar parte de la organización criminal que cayó a mediados de 2017, en medio del operativo denominado Bobinas Blancas, seguirán en nuestro país y, de no haber cambios, serán juzgados en Bahía Blanca.

   Se trata de Max Rodríguez Córdova (46), alias "Patrón" y Jesús Madrigal Vargas (31), a quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad les rechazó un pedido de extrañamiento.

   Los defensores particulares -en ambos casos los doctores Nicolás Proz y Leopoldo Murúa- hicieron el planteo para que sus asistidos sean expulsados de nuestro país por principio de economía procesal, falta de arraigo y reunificación familiar en sus tierras de origen.

  Rodríguez Córdova nació en Apatzingan, Michoacán, Méjico y al momento de la detención tenía domicilio en la calle Olga Cossettini 1112 de la Ciudad de Buenos Aires.

Max Rodríguez Córdova

Madrigal Vargas, en tanto, es oriundo de ­Tecoman, estado de Colima, en Méjico y vivía en Colonia Miguel Higaldo del citado estado, aunque al momento de su detención arrendaba un departamento en Zeballos 222 de nuestro medio, junto con Javier Cabrera Madrigal y Gilberto Acevedo Villanueva.

   Los dos están detenidos y procesados con prisión preventiva, en la etapa previa al debate, que se hará en nuestro medio y aún no tiene fecha.

Sin previsión legal

   La fiscalía se opuso a la medida de extrañamiento y el tribunal le dio la razón.

   Explicaron los jueces Pablo Larriera, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu que la ley habilita esta posibilidad en tres supuestos (condenados con penas de efectivo cumplimiento al término de libertades anticipadas, sometidos a penas en suspenso o acusados por delitos que habilitan la suspensión de juicio) y que ninguno se da en este caso. 

Jesús Madrigal Vargas

 Por otro lado explicaron que en la Dirección Nacional de Migraciones está en trámite un proceso administrativo de expulsión y no reingreso, pero que esa medida no se resolvió.

   "Es una decisión en la que el Poder Judicial, en principio, no puede intervenir y solo, eventualmente, podrá influir en la ejecución del extrañamiento a través del control de constitucional correspondiente, o bien, en su caso impidiendo la expulsión en virtud de la existencia de un proceso abierto", sostuvo el tribunal.

   "La petición se advierte prematura, ya que al día de la fecha no se encuentra ninguna disposición administrativa de expulsión pronunciada por la Dirección Nacional de Migraciones", agregó.

"Preocupante penetración"

   También tuvieron en cuenta la gravedad del delito.

  Consideraron "preocupante el incremento de penetración del crimen organizado, las consecuencias altamente dañosas que genera y las diversas dificultades que se presentan para su persecución, máxime en comunidades como en las que convivimos, en donde eventos de semejante envergadura criminal generan una alerta no menor en el tejido social".

   Quiere decir que aún sea viable la expulsión de ambos, existe "un claro interés" para que permanezcan en el territorio argentino.

 

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