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El Gobierno está cerca de llegar a un acuerdo con las universidades, pero seguirá la batalla judicial

Las casas de estudio mantendrán la demanda judicial que reclama la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario. El entendimiento contempla una recomposición del 24,3% en dos tramos para los sueldos docentes.

El Gobierno y las universidades públicas quedaron a un paso de cerrar un acuerdo para descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. Según confirmaron fuentes universitarias a TN, la Casa Rosada cedió en uno de los principales puntos de disputa: ya no exige que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario para avanzar con el entendimiento.

Aunque todavía restan resolver algunos aspectos técnicos, las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De no surgir nuevos obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado entre este martes y el miércoles.

De esta manera, las universidades mantendrán vigente la presentación judicial que actualmente debe resolver la Corte Suprema, mientras que el Ejecutivo avanzará con una recomposición salarial para docentes y no docentes en los términos que ambas partes vienen discutiendo desde la semana pasada.

La propuesta contempla un incremento del 24,33%, distribuido en dos etapas: un aumento del 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para más adelante, en octubre. Según explicaron desde el sector universitario, la recomposición busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

El entendimiento también incluiría otros compromisos presupuestarios. Entre ellos figura un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas, y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.

Además, las conversaciones abarcan una discusión específica sobre la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años.

Las negociaciones son encabezadas por el Gobierno y las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto marcado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una disputa judicial que permanece abierta.

Hasta ahora, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo era la exigencia oficial de que las universidades desistieran de la demanda presentada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

La comunidad universitaria, en cambio, recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

Desde las universidades habían manifestado en los últimos días que no estaban dispuestas a resignar ese resguardo judicial como condición para alcanzar un acuerdo presupuestario. Según indicaron, retirar la demanda tampoco contaba con consenso dentro de la propia comunidad universitaria.

Con la decisión del Gobierno de flexibilizar esa exigencia, las partes lograron acercar posiciones y encaminar una salida negociada al conflicto. No obstante, la resolución definitiva del expediente judicial seguirá dependiendo de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para pronunciarse.

Mientras tanto, persisten las reservas entre los gremios docentes. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir la reapertura de las negociaciones paritarias.

La organización también convocó a clases públicas y otras actividades de protesta en distintos puntos del país. Las medidas se suman a las movilizaciones realizadas durante las últimas semanas por estudiantes, docentes y autoridades universitarias para reclamar mayores recursos para el sistema. (TN)