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Zona Fría: reunión con senadores, "frazadazo" y miradas de reojo a la Justicia

Intendentes bonaerenses -varios de ellos de la región- se reunieron con legisladores nacionales para coordinar las acciones que eviten la caída del subsidio en perjuicio de más de 1.240.000 hogares. Visibilización del reclamo y análisis de la posible estrategia a seguir en ámbitos judiciales.
 

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, fue uno de los que expuso ante diputados y senadores nacionales. Fotos: Facebook

   Intendentes de la región tomaron parte del encuentro con legisladores nacionales de Fuerza Patria sentar posición contra el proyecto de reducción de la Zona Fría y comenzar a coordinar acciones para frenar por la vía legislativa o judicial la iniciativa que impulsa el gobierno nacional.

   El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, y se espera que sea tratado en breve por la Cámara Alta.

   Por ello los intendentes se reunieron con los senadores nacionales Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio, a quienes acompañaron los diputados nacionales Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, Jimena López, Facundo Moyano, Marina Salzmann y Sabrina Selva, así como el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara.

   Este último dejó en claro, durante el encuentro, que “la Zona Fría no es un privilegio”.

   “Se trata de una política que reconoce las distintas realidades de nuestro país. Defenderla es defender al interior, a nuestras comunidades y a quienes no pueden seguir siendo la variable de ajuste”, afirmó el montehermoseño.

   Los legisladores nacionales deslizaron, durante el encuentro con los intendentes, que el gobierno nacional aún no tendría los votos necesarios para derogar la ley vigente.

   La senadora Juliana Di Tullio indicó que hay una ajustada relación de fuerzas, por lo que –dijo- se debe trabajar en la búsqueda de consensos para conseguir los votos que permitan bloquear la iniciativa. Por su parte, el senador Eduardo "Wado" de Pedro aseguró que harán todo lo posible "para que esta nueva ley no salga".

   La diputada nacional Cecilia Moreau lamentó, por su parte, que "a las puertas del invierno y en el marco de una pérdida de ingresos brutal, el Gobierno busca aplicar un tarifazo de gas eliminando la tarifa diferencial por Zona Fría".

    Según estimaron los jefes comunales, la modificación del régimen, combinada con los aumentos que se vienen para el servicio de gas, podría provocar incrementos del 100% al 150% en las facturas que reciben algunas familias.

   Esto afectaría a unos 1.240.000 hogares bonaerenses, ya que el esquema tarifario volvería a ser como en 2002, cuando la ley de Zona Fría beneficiaba con descuentos del 30% al 50% a la Patagonia (incluyendo a Patagones), la Puna y Malargüe (Mendoza).

   “Y esto se daría en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo”, se quejaron.

   Para sustentar su postura, los intendentes entregaron a los legisladores nacionales petitorios con miles de firmas recolectadas en los últimos días en cada uno de los 94 municipios que se verían afectados si el Congreso recorta los beneficios de la Zona Fría tal como se definieron en 2021.

   “La ley 27.637 no es un privilegio, es una necesidad para las familias, los comercios y las pymes de Monte Hermoso y del interior. Somos Zona Fría y su derogación nos afecta a todos”, lamentó durante la reunión con legisladores nacionales el jefe comunal de Monte Hermoso, Hernán Arranz.

   “Gracias a las y los senadores y diputados de Unión por la Patria por escuchar de primera mano las necesidades y situaciones de nuestras comunidades, y a Alejandro Dichiara por ser siempre el puente de comunicación”, añadió.

   El jefe comunal de Tres Arroyos, Pablo Garate, enfatizó que no se trata de una discusión política o económica, sino “de un problema real”.

   “Somos Zona Fría porque acá el invierno se siente, porque las heladas forman parte de nuestra vida cotidiana hasta noviembre de cada año y porque calefaccionarse durante meses no es una elección, sino una necesidad”, dijo.

   “El régimen de Zona Fría no es un subsidio; es el reconocimiento de una realidad y de un derecho que luchamos para conseguir durante años, para que nuestra comunidad sea contemplada como corresponde”, recalcó.

   “Aquí cada vecino tiene que usar más cantidad de metros cúbicos de gas para tener el mínimo estándar de calefacción en su casa. No es algo extravagante. Zona Fría tiene una explicación técnica concreta, real y justificada”, completó.

   El intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, dijo que es posible frenar el proyecto del gobierno nacional “si se juntan muchas firmas de los vecinos”.

   “Depende de todos nosotros defender este derecho, en conjunto con todos los municipios del país”, señaló.

   Días atrás el dirigente había recordado que cuando era concejal ya impulsaba que Salliqueló y Quenumá fueran incluidos dentro del esquema diferencial de tarifas de gas.

   “Fue un arduo trabajo durante muchísimo tiempo. Me resulta vergonzoso ver el acompañamiento de legisladores de provincias del sur y de Buenos Aires al proyecto impulsado por el oficialismo nacional. No piensan en los jubilados ni en las familias trabajadoras. Hoy un jubilado tiene que decidir si compra medicamentos, si come o si paga el gas”, sostuvo.

   “Por suerte quedan senadores que pueden defender a nuestras comunidades. Tenemos que seguir denunciando esta situación porque es una animalada lo que están haciendo con la gente”, concluyó.

   Sobre el final del encuentro entre legisladores y jefes comunales se planteó la idea de hacer un “frazadazo” frente al Congreso cuando se trate la iniciativa en Senadores, a fin de hacer visible la protesta en la mayor cantidad posible de medios de comunicación.

   La otra estrategia que prepara el peronismo es recurrir a la Justicia en caso que el nuevo régimen de Zona Fría sea ley.

   Varios intendentes han planteado esta posibilidad, e incluso mencionaron que han instruido a sus equipos legales para que analicen “la mejor estrategia a seguir”.

   Uno de ellos es el de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien envió un proyecto al Concejo Deliberante para que los ediles lo autoricen a litigar contra el Estado nacional. Carlos Bevilacqua y Pablo Garate, de Villarino y Tres Arroyos, respectivamente, hablaron en los mismos términos.

   “Si hay ley, habrá cataratas de amparos y cautelares en la Justicia”, advirtieron los alcaldes desde Capital Federal.