Convocan a la comunidad a reclamar la reapertura de los templos Hermana Teresa
Fieles se reunirán mañana a las 19 en Patricios 336, frente a una de las dos iglesias que desde hace más de un mes permanecen clausuradas en el marco de un litigio por herencia.
Fieles de los templos de la hermana Teresa se reunirán mañana para reclamar la reapertura de las dos iglesias ubicadas en esta ciudad y Punta Alta, que desde el mes pasado están cerradas por orden judicial a raíz de una disputa familiar hereditaria.
La convocatoria a la comunidad es a las 19, en el exterior del templo ubicado en Patricios 336.
Así lo informó a La Nueva. Juan Carlos Rochón, vicepresidente de la sociedad espírita Paz y elevación, cuyos miembros fueron desalojados de ambos inmuebles por la fuerza pública.
Los manifestantes exigen que se les restituyan los bienes que pertenecieron a la hermana Teresa Bruno (abuela de Rochón), entre ellos ambos templos cristianos para poder reanudar las misas y otras actividades espirituales.
Una semana después se reunirán, a la misma hora, afuera de la iglesia situada en 11 de Septiembre al 700, de la vecina ciudad, y el sábado 27 marcharán hasta Tribunales, en Estomba 34 de Bahía.
Los organizadores difundieron estas manifestaciones a través de las redes sociales y mediante la entrega de volantes.
Destino de las iglesias
La discusión entre la parte demandante y la demandada surge a raíz del destino de los Templos Hermana Teresa y los bienes afectados a este culto, de acuerdo con la “voluntad expresa” de Bruno, plasmada en escrituras públicas y actos jurídicos de naturaleza “extrapatrimonial”.
Según explicó Rochón, los bienes en disputa “nunca integraron verdaderamente el acervo hereditario personal” de su abuela, porque -afirmó- se adquirieron gracias a “aportes, contribuciones y donaciones” de los fieles.
El destino de esos recursos económicos era la “continuidad de la obra espiritual, religiosa y asistencial desarrollada por Paz y elevación”.
Las escrituras públicas incorporadas al expediente avalarían que Bruno “no actuó en beneficio personal ni patrimonial, sino como continuadora y administradora de un legado espiritual colectivo”.
Los demandantes argumentan que en esos documentos se convino “a favor de terceros, identificándose como beneficiaria a nuestra institución”.