Una disputa familiar por herencia deja a más de 1.000 fieles sin sus templos

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Romina Farías

Una pugna entre familias por la posesión de inmuebles, que se originó hace casi una década, derivó en los últimos días en el cierre de dos templos religiosos en nuestra ciudad y Punta Alta, hecho que afecta a más de mil fieles de una congregación.

En el marco del litigio, la justicia en lo Civil y Comercial bahiense ordenó la clausura momentánea de las iglesias ubicadas en Patricios al 300, de Bahía Blanca, y en 11 de Septiembre al 700, en la vecina localidad, vinculadas con la sociedad espírita Paz y elevación.

En medio de la contienda entre familiares de la difunta hermana fundadora, Teresa Bruno, los representantes de la obra espiritista mencionada fueron desalojados de ambos edificios por la fuerza pública.

La discusión entre la parte demandante y la demandada surge a raíz del destino de los Templos Hermana Teresa y los bienes afectados a este culto, de acuerdo con la “voluntad expresa” de Bruno, plasmada en escrituras públicas y actos jurídicos de naturaleza “extrapatrimonial”.

Según explicó Juan Carlos Rochón, nieto de Teresa y vicepresidente de Paz y elevación, los bienes en disputa “nunca integraron verdaderamente el acervo hereditario personal” de su abuela, porque -afirmó- se adquirieron gracias a “aportes, contribuciones y donaciones” de los fieles.

El destino de esos recursos económicos era la “continuidad de la obra espiritual, religiosa y asistencial desarrollada por Paz y elevación”.

Las escrituras públicas incorporadas al expediente avalarían que Bruno “no actuó en beneficio personal ni patrimonial, sino como continuadora y administradora de un legado espiritual colectivo”.

Los demandantes argumentan que en esos documentos se convino “a favor de terceros, identificándose como beneficiaria a nuestra institución”.

Sin revocatoria

El reclamo de la sociedad espírita radica en que, al tratarse de una “estipulación extrapatrimonial” ligada al “sostenimiento permanente del culto y de una obra colectiva, jamás podría ser válidamente revocada por los herederos de Teresa Bruno”.

“En su momento, una hija de mi abuela Teresa, fundadora de nuestra sociedad civil, hizo firmar a mi madre y a mi tío (documentos en los que se acordaba) que los templos estaban dentro de un patrimonio, pero no es así”, remarcó Rochón.

“Después ellos fallecieron y empezó este litigio en el que mis primas y mi tía (ya extinta también) reclaman la posesión de estas propiedades. Mi tía había creado una fundación en paralelo a nuestra asociación y transfirió los bienes a esa institución que presidía”, agregó.

“Ellas hicieron una sucesión toda mal y ahora nos desalojaron por la fuerza pública. Si leen bien las escrituras, se van a dar cuenta de que por lo que estamos luchando hace 9 años no es patrimonio. El tema no pasa por las propiedades, sino por los fieles”, continuó Rochón.

Según el hombre, su tía “engañó” a su mamá y a su tío y no cumplió la voluntad de su abuela Teresa.

“Gracias a Dios que mi madre, antes de fallecer, pudo firmar como arrepentida de haberle firmado a mi tía. Entonces, más que un lío familiar, es una estafa a una entidad de hace muchos años. Mis primas van por las propiedades, porque de la gente de nuestra sociedad no les importa nada”, manifestó.

Por otra parte, Rochón repudió el cierre y la suspensión total de actividades en ambos templos cristianos.

“Estamos cerrados y esta situación genera un perjuicio social. La Justicia se desentiende de los fieles a los que ayudamos, porque esto podría haber tenido otro trámite. La gente no tiene donde ir a rezar”, enfatizó.

Paz y elevación se fundó en 1959 y el Jardín de la fe, uno de sus espacios, reúne a niñas, niños y adolescentes.

“Mi abuela, con un grupo de hermanos, compró los terrenos y edificó las iglesias”, finalizó Rochón.

Marcha y contramarcha

En 2023, un juzgado en lo Civil y Comercial de primera instancia había dictado un fallo en consonancia con la postura de esta parte procesal, al reconocer que “el conflicto no podía ser analizado bajo una lógica meramente patrimonial o sucesoria”.

El juez entendió que las propiedades en cuestión no constituyen “bienes personales ordinarios” de Bruno, sino que están afectados a una “finalidad espiritual y comunitaria vinculada directamente a la continuidad del culto y de la obra espiritista Paz y elevación”.

“Esa misma línea argumental también fue receptada inicialmente al admitirse la medida cautelar de no innovar, destinada a preservar los templos y evitar alteraciones irreversibles mientras la cuestión de fondo continuaba sometida a revisión judicial”, señalaron los integrantes de la sociedad.

Sin embargo, tiempo después se revirtió la resolución en instancias superiores y se dispuso el desalojo de ambos templos.

Pese a que la cuestión judicial de fondo está pendiente de resolución, ya que existe una queja presentada ante la Corte provincial, Rochón y sus allegados temen por el avance material sobre los bienes y el cierre definitivo del espacio espiritual (reconocido oficialmente por el Estado), ya que se les negó toda posibilidad de participación y control.

Reconocida por el Estado

Legajo. El exministerio de Culto autorizó y reconoció la continuidad institucional de “Paz y elevación Sociedad Espiritista” manteniendo vigente el legajo 612, lo que “acredita el reconocimiento estatal de nuestra continuidad jurídica, espiritual e institucional”.

Reunión. Rochón tenía previsto reunirse con autoridades de la dirección de Culto municipal para abordar la problemática.

Avance. El abogado de Rochón, Ricardo Tapia (trabaja con su colega Federica González Estévez) aclaró que “mientras tanto, la fundación favorecida por la sentencia continúa avanzando materialmente sobre los templos, promoviendo desalojos, cierres y desplazamientos de las actividades espirituales históricas de Paz y elevación”.

Fondo. Advirtió el letrado que todo esto sucede al tiempo que “la cuestión de fondo aún no cuenta con resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia”.