Bahía Blanca | Martes, 07 de abril

Bahía Blanca | Martes, 07 de abril

Bahía Blanca | Martes, 07 de abril

Violencia en el Shopping: el jefe de los fiscales asegura que los delitos son graves

El fiscal general, Dr. Juan Pablo Fernández, indicó que se constataron tres tipos de delito: "Coacción, privación de la libertad y daños", por parte de los manifestantes.

El fiscal general, Juan Pablo Fernández (Foto Fiscalía)

El jefe de fiscales de la ciudad, Dr Juan Pablo Fernández, se refirió a los hechos ocurridos el pasado viernes en el acceso del Bahía Blanca Plaza Shopping e indicó que hay pruebas para incriminar al menos a tres personas por daños, privación de la libertad y coacción.

"Los delitos están documentados fundamentalmente por declaraciones testimoniales y por video filmaciones que han aportado la mayoría de los periodistas que estuvieron en el momento de los hechos. Son actuaciones violentas, como todos han podido apreciar, de gravedad. Esto ha implicado, no sólo la imposición de una voluntad y ha afectado la libertad de las personas si no también coacción, daños e intimidaciones muy grandes. Incluso se ha podido determinar la existencia de la amenaza de un incendio, en función del cual llevaron incluso gomas e inflamables como combustible, de modo tal, que la señora agente fiscal, la doctora Marina Lara, está trabajando intensamente en esto", indicó.

En este sentido, fiscal general detalló que "desde el mismo momento de los hechos hay imputados, todavía no se ha formalizado la imputación, pero estas son personas conocidas, dirigentes de la Asociación Empleado de Comercio y seguramente en los próximos días, podremos dar alguna otra novedad respecto del avance de esto".

"En principio los dirigentes eran tres que dirigieron toda esta actividad y realizaron una labor activa dentro de cada uno de estos delitos. Así que, por el momento son ellos y no se descarta que pudiera haber alguno más", puntualizó. 

Los delitos que se encuadran en la situación vivida el pasado viernes, el fiscal refirió a tres, pero éstas pueden ampliarse con el transcurso de la investigación:

"Hay existencia de coacción, esto es el uso de amenazas para que alguien haga, no haga o tolere algo en contra de su voluntad, en este caso, que se cierre el Shopping y los locales comerciales que pudieran llegar a abrir en ese momento, esto un delito relativamente grave. También privación ilegal de la libertad, porque se le impedía a las personas que se encontraban allí desplazarse de un lugar al otro, entrar o salir del shopping. Asimismo se aprecian daños, se han registrado en las puertas de acceso al Shopping y en una puerta secundaria por donde habrían ingresado violentándole a patadas. Por el momento, son estos tres, sin  perjuicio que pudiera haber otros que pudieran surgir con el devenir de la investigación ya que la doctora Lara tiene previsto citar más testimonios en el día de hoy y en los próximos días", afirmó.

En cuanto a lo esgrimido por los sindicalistas en el lugar, quienes refirieron recibir insultos y discriminación por parte de los que se encontraban dentro del Shopping, el fiscal indicó: "Se puede ver desde donde parte esa provocación, de modo tal que en principio, no se puede alegar provocación contra provocación, pero hay que analizarlo en el conjunto, en una serie de circunstancias que seguramente la fiscal va a tener en cuenta".

"Por el momento, pareciera ser que se trata, más de una excusa para justificar una situación violenta, que un hecho de provocación de la otra parte, en donde se intenta colocar a las personas que fueron víctimas de estos hechos de violencia, como si fueran las provocadoras de la excepción, cuando ésta vino precisamente de la otra parte, que es lo que se ve en todas las imágenes", explicó.

El fiscal además indicó que la investigación puede ser ampliada con la presentación de pruebas de ambas partes y que en los próximos días se podrá determinar quienes son los implicados de manera concreta.

La Fiscalía actuó de oficio luego de que la policía informó al Ministerio Público Fiscal de la situación que estaban reflejando los medios de comunicación en ese momento. De modo tal, que la causa se inició sin perjuicio de que se puedan presentar, en el curso de la investigación, aquellas personas que entiendan ser víctimas.

Por último, Fernández se refirió a las posibles penas que cabrían en caso de que se condene a los implicados: "Son delitos entre la coacción y la privación legal de la libertad que oscilan entre uno y seis años de prisión", finalizó.