¿Armas para todos?: se investiga el otorgamiento de permisos irregulares

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Mariano Muñoz

Al tiempo que se profundizan las políticas del gobierno central para desregular el uso de armas de fuego, se conoció que en Bahía Blanca la Justicia viene investigando, con pronunciada discreción, una posible asociación ilícita para el otorgamiento irregular de permisos de tenencia y/o portación.

La Nueva. pudo averiguar que la causa se habría originado a partir de una denuncia anónima realizada por correo electrónico, el 16 de diciembre de 2021, ante la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, que luego formalizó el titular de la UFIARM, el fiscal Gabriel González Da Silva. 

"Es de hace tiempo, en su momento hicimos la denuncia e intervino el juzgado. Así fue el inicio", ratificó González Da Silva.

El caso, que por ahora tramita ante el Juzgado Federal N° 1, recién cobró impulso en los últimos meses y ya tiene 4 procesados.

Se trata de una presunta "organización criminal" de la que formarían parte los dueños de una armería de la ciudad de Tres Arroyos, un policía bonaerense y un reconocido psiquiatra de nuestra ciudad.

Esto es lo que pudo establecer hasta el momento el juez Walter López Da Silva, ya que el trámite procesal tuvo contratiempos porque se demoró una información que debía suministrar la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), hoy convertida en el Registro Nacional de Armas (RENAR).

¿Cómo era la maniobra? María Fátima y Daniel Gustavo Prado, dueños de la armería El Jabalí, en Tres Arroyos, ofrecían la gestión del trámite para obtener credenciales de legítimo usuario de armas de fuego a cambio de dinero.

Los armeros, según las pruebas, estarían en connivencia con el psiquiatra bahiense Mario Omar Halberg y el policía Edgard Salomón Díaz Rondanelli.

El primero firmaría los aptos psicofísicos y el segundo, las prácticas de tiro -ambos requisitos obligatorios para la tenencia o portación de un arma-, pero sin siquiera tener contacto con los interesados. 

Concluidas las maniobras ilegales, sería Daniel Prado el encargado de presentar la información ante el organismo respectivo y lograr así las credenciales.

Se cree que así se cometieron no menos de 15 hechos de falsedad ideológica, en el marco de lo que sería una asociación ilícita.

En agosto pasado los Prado, Halberg y Díaz Rondanelli fueron procesados, sin prisión preventiva, por el juez federal López Da Silva quien, sin embargo, no seguirá a cargo de la causa (expediente FBB 6.225), ya que pasará al Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, por razones de competencia.

Cambio de manos

Hubo un conflicto entre ambos juzgados y la Cámara Federal de Bahía Blanca (voto de la doctora Silvia Mónica Fariña) acaba de resolver girar las actuaciones a la ciudad balnearia.

López Da Silva declaró su incompetencia porque, del avance de la investigación, se estableció que los delitos se habrían cometido con eje en Tres Arroyos, ámbito de la delegación Mar del Plata de la exANMaC.

Su colega de Necochea, en tanto, rechazaba su actuación porque consideraba que el juez bahiense era quien, desde el inicio, además de ordenar las medidas probatorias, continuó con la investigación y recién 4 años después se declaró incompetente.

Explicó que López Da Silva estaba en "una posición más beneficiosa" en cuanto a economía procesal y administración de justicia.

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Sin embargo, la Cámara dispuso mandar las actuaciones a Necochea porque la armería operaría en Tres Arroyos (ámbito de la justicia federal necochense) y en ese lugar se hicieron numerosos medidas -como allanamientos, secuestros y testimonios- que "permitieron descifrar el entramado delictivo, la dinámica criminal y el área territorial de los actos".

Explicó la doctora Fariña que toda declaración de incompetencia debe estar precedida de una mínima investigación y que, en este caso, la demora en la respuesta de la exANMaC generó esta dilación.

De hecho, recién en 2024, y tras una orden de presentación en la sede central del organismo, los investigadores obtuvieron los certificados que permitieron colocar el foco en la armería tresarroyense.

De quedar firme la medida dispuesta hace días por la Cámara Federal bahiense, la causa pasará a la Justicia de Necochea y tanto los armeros como el policía y el psiquiatra tendrán que rendir cuentas allá.

Por lo pronto, la situación de los cuatro es comprometida, ya que fueron procesados.

Perito reconocido

Juicios. Mario Halberg, como perito oficial psiquiatra, tomó parte de una innumerable cantidad de juicios en nuestra ciudad. Declaró como testigo para defender distintos informes relacionados con el perfil de víctimas e imputados.

Delitos. Por su especialidad, gran parte de las causas que tuvieron a Halberg como protagonista desde el marco probatorio tiene relación con delitos de índole sexual.

Resonantes. Entre otros varios debates que tuvieron repercusión, el psiquiatra tomó parte de pericias en el caso de Luis Valenzuela Concha (violó y mató a su hijo de 4 años en 2002) y de Ricardo "Palermo" García (en 2000 abusó y asesinó a una joven en una editorial en Belgrano al 500).

Más. El psiquiatra también tuvo importante intervención en la causa por los abusos a tres alumnas del centro para discapacitados Cindi, en Punta Alta, y el homicidio de Adolfo Iglesia, cometido en un campo de Hilario Ascasubi por su mujer, Graciela Ficcadenti, en 2001.