Plantean reformar el Código Penal sin hacer foco en agravar las penas

Redacción de La Nueva.

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Un grupo de especialistas presentó un anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación, con eje en una política criminal “racional” y en el rechazo al endurecimiento de penas para combatir la inseguridad en nuestro país, como plantea la propuesta enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional.

Uno de los objetivos de esta iniciativa es construir consensos que deriven en una ley penal “duradera, con una aspiración de vigencia de 50 o 100 años”, y que el desafío de sancionar un nuevo Código Penal no sea “meramente normativo”.

Hace algunos días, el diputado nacional Fernando Carbajal presentó en el Parlamento la nueva iniciativa, denominada Anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, con el apoyo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Según el INECIP, el proyecto promovido por el gobierno de Javier Milei corre el riesgo de caer en el “mero punitivismo demagogo”.

Este enfoque -agrega-, centrado en el endurecimiento de penas con incrementos en los montos mínimos y máximos, la imprescriptibilidad de ciertos delitos basados en su gravedad y la ampliación de la legítima defensa, demostró ser “ineficaz para reducir la criminalidad o generar mejoras reales en la seguridad ciudadana”.

“Endurecer penas, además, implica elevar la tasa de encarcelamiento en un sistema penitenciario que ya se encuentra colapsado y que, en estos últimos años, poco ha logrado avanzar en solucionar este problema”, argumentaron desde la institución jurídica.

“La historia de reformas fallidas exige que nos enfoquemos en construir estos consensos, dejando de lado los discursos de coyuntura. La diferencia fundamental con la iniciativa del Gobierno radica en su metodología y legitimidad”.

“Este anteproyecto se distingue por ser una obra jurídica que alcanzó gran calidad técnica y pluralidad. Fue fruto del trabajo ad honorem de una calificada comisión de expertos y, crucialmente, fue sometido a un amplio debate y consulta pública”, continuaron los expertos en Derecho.

El proceso involucró a más de 20 universidades nacionales, operadores judiciales y decenas de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos.

“La iniciativa del PEN, en contraste, careció de este tipo de discusión previa. Esto socava la legitimidad de una ley tan importante, pues una reforma tan profunda, que compromete diversos y legítimos intereses, no puede ser el producto exclusivo de un grupo reducido de personas”.

Con mayor consenso

Desde hace años el INECIP hace hincapié en la “importancia del debate plural para construir consensos duraderos”.

"Esto significa ir más allá de los despachos del Poder Ejecutivo: se deben incluir activamente a la academia, los operadores judiciales y, fundamentalmente, a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de víctimas y los organismos de derechos humanos, que son actores clave en la discusión", fundamenta la entidad.

"No podemos permitir que el debate se reduzca a frases hechas. La consigna (gubernamental) 'el que las hace, las paga' busca evitar la discusión de fondo: la falta de eficiencia, la desproporcionalidad y la crisis estructural de nuestro sistema penal.

"Solo si utilizamos una base seria y garantizamos la participación plural, podremos construir un Código Penal que exprese los consensos democráticos necesarios".

"Es responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo generar un debate con honestidad intelectual, evitando recurrir al miedo social para empujar 'soluciones penales' probadamente ya muchas veces como ineficaces", finalizó la institución que tiene como director ejecutivo al abogado Julián Alfie.

La presentación de este anteproyecto, que como consecuencia de su elaboración original en 2007 deberá ser sometido a una actualización, pretende aportar al Congreso una "base de discusión con solidez técnica y legitimidad social que impida que el debate se simplifique".

Esta iniciativa busca reorientar el debate planteado por el Poder Ejecutivo Nacional en las últimas semanas.

El diputado nacional por el bloque Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, fue el encargado de presentar el anteproyecto en el Congreso, que ahora debe ser analizado en el ámbito parlamentario.

Reforma del gobierno

Homicidio. Con la reforma del CP propuesta por el presidente Milei, el homicidio simple, por ejemplo, pasará a tener una pena de hasta 30 años de prisión (hoy es 25 de tope). Además, se agravan las sanciones para delitos cotidianos como robo de celulares, “entraderas”, estafas piramidales, “salideras bancarias” y delitos viales.

Corrupción. Las condenas a funcionarios por delitos contra la administración pública aumentarían sustancialmente. También se incorporaría el soborno entre privados, se eliminaría la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves, y se rediseñaría el enriquecimiento ilícito, entre otros cambios.

Narcotráfico. Se mantienen las penas base de 4 a 15 años de la ley 23.737, pero se eleva el máximo a 25 años de cárcel (actualmente es 20) para organizadores del tráfico de drogas internacional.

Cibercrimen. En el nuevo Código Penal se crearía un capítulo completo de delitos informáticos que incluye la creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante Inteligencia Artificial, el fraude digital y los ciberataques complejos.

Trata. Delitos como trata de personas, abuso sexual, homicidio y narcotráfico no prescribirían.