Cuotas, natalidad en caída y clandestinidad: los desafíos de la educación privada para 2026

Pablo Álvarez

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Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales. 

Más allá de considerarla una decisión lógica, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA) se relativizó el impacto que tendrá en la población bahiense la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles de los colegios privados.

Mediante un decreto, el gobierno nacional dejó sin efecto una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.

“Hay que aclarar que esta desregulación no es para todas las escuelas, sino que es para aquellas que no reciben aporte estatal, que es la minoría”, explicó señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, a “La Nueva”.

Precisamente, en nuestra ciudad existen 110 establecimientos educativos privados, de los cuales apenas 25 no reciben ningún tipo de aporte estatal, ya sea nacional o provincial.

“Esos 25 no son individuales, porque se cuenta por número de Diegep. Por ejemplo, el Victoria Ocampo serían 2 de esos 25, porque tiene Primaria y Secundaria”, se aclaró desde Región Educativa 22. 

Según manifestó el referente de la entidad que nuclea a propietarios de establecimientos educativos privados, en Argentina existen 14.000 escuelas de este estilo y la mitad están ubicadas en nuestra provincia.

“El 70% de ellas reciben algún tipo de ayuda estatal, ya sea provincial o nacional, por lo que este anuncio impacta en alrededor de 4.000. Esto quiere decir que en la gran mayoría todo seguirá igual”.

Cabe recordar que esta normativa, ahora sin efecto, nació en 1993 y generaba muchos inconvenientes por quedar desfasada en el tiempo.

“Este decreto les decía a las escuelas privadas sin subvención lo siguiente: ustedes pueden establecer libremente la cuota, pero van a tener que informarlo a los padres antes del 30 de septiembre. Y una vez que se hacía eso sólo se podía modificar cuando se otorguen aumentos a los docentes; recién allí se podía aumentar la mitad del porcentaje convenido para los profesores. El problema es que vivimos en un país donde en el 93 empezaba la convertibilidad y nadie parecía sospechar que la inflación sería moneda constante”, explicó Zurita. 

Y añadió: “Entonces en septiembre había que ser mago para saber qué pasaría en el país al siguiente año. Así, algunas fijaban por demás para cubrirse, lo que hacía que muchos padres decidieran sacar a sus hijos por no poder pagarla o porque se molestaban por un aumento tan grande y otras fijaban menos y llegaba un momento en que no podían cubrir los gastos fijos del establecimiento”. 

Ya sin este decreto, Zurita confía en que el valor será más realista.

“Ahora se va a poder anunciar en diciembre e ir regulando los aumentos con los incrementos de los sueldos de los docentes. Creemos que de este modo se van a terminar las especulaciones, ya que se va a aumentar en relación a la estructura de costos que tenga cada establecimiento”. 

En Bahía Blanca hay algunos colegios sin ningún tipo de subvención que podrán fijar libremente su matrícula y cuota anual.

“Son las mínimas, porque la mayoría de las escuelas de Bahía reciben ayuda estatal”.

Problemas que crecen

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPBA) advirtieron una problemática que está obligando a un cambio estructural profundo: la disminución de nacimientos.

“Los datos son elocuentes. La tasa de natalidad pasó de 19 nacimientos por cada mil habitantes en el año 2000 a aproximadamente 11 en 2022”, señaló Zurita.

El primer nivel afectado fue el inicial, pero este año comenzó a reflejarse también en las escuelas primarias.

“Algunos jardines tuvieron que fusionar turnos e incluso cerrar salas. Actualmente, el promedio de alumnos por sección es de 18,8, frente a los 23 que había en 2011. Esa caída, en tan pocos años, es significativa”, advirtió.

La misma tendencia se observa en primer grado. Según el último relevamiento anual, en 2023 ingresaron a la primaria 102.000 alumnos menos que en 2011, lo que representa una caída del 12,6 % en la matrícula general.

El impacto es más profundo en el sector estatal, donde la disminución alcanza el 15 %, mientras que en el ámbito privado es del 6 %.

Para AIEPBA, el fenómeno obliga a revisar de forma urgente el sistema de financiamiento educativo, actualmente basado en la cantidad de alumnos por aula como criterio para acceder a aportes estatales.

Con menos estudiantes pero la misma estructura de costos, muchas instituciones enfrentan una situación económica insostenible.

“Necesitamos revisar la normativa que requiere un número determinado de estudiantes para conservar el aporte estatal. Hoy en día tenemos menos alumnos, pero igual cantidad de cursos y cargos”, remarcó Zurita.

Si bien una menor cantidad de alumnos por sección podría representar una oportunidad para mejorar la calidad educativa —al permitir una enseñanza más personalizada y adaptada a las necesidades individuales—, lo cierto es que sin cambios en la normativa y en los recursos asignados, esa potencial mejora se vuelve difícil de concretar.

“Este problema no es sólo de las escuelas privadas, sino también que impacta en las estatales. Pero en el Estado no se percibe tanto la problemática porque es un único empleador y si se cierra un curso, se une con otro, se reubica al docente y listo. En el Privado es distinto, porque ya hay una estructura de costos más rígida y si cerrás una sala, que no es tan sencillo, a la pérdida de esa cantidad de matrícula, se suma que hay que indemnizar a los docentes”.

Jardines clandestinos

Finalmente, Zurita agregó a esta problemática la proliferación de jardines de infantes clandestinos, que se instaló en pandemia y actualmente se mantiene.

“Lo venimos denunciando hace bastante porque atenta con todas las normas de educación de la provincia, porque hay una Ley de Educación donde prohíbe los jardines clandestinos y que obliga a que todos estén certificados por la Dirección de Educación Privada, con todo lo que eso implica”.

“Y es una competencia desleal, porque los habilitados, y está muy bien que así sea, deben cumplir muchos requisitos, por ejemplo de seguridad, donde se exige un edificio que tenga determinadas características, o bien que sus docentes sean titulados y con un salario establecido. Son cosas que los clandestinos no cumplen para poder ofrecer un mejor precio”.

Esta problemática se instaló en pandemia, cuando las escuelas oficiales no podían abrir y la gente tenía la necesidad de dejar a sus hijos en algún lugar para poder trabajar.

“Yo no sé si hay falta de controles, pero, como mínimo, son ineficientes, porque no sólo siguen existiendo sino que el número se va incrementando. Nadie está pidiendo que cierren, pero sí que regularicen y de esa forme le den a la familia las garantías necesarias”. 

Según Zurita, en Bahía Blanca se han detectado algunos en situación irregular a partir de denuncias recibidas por las propias familias.

“Generalmente, los denuncian cuando pasa algo. Mientras tanto, se mira para otro lado. Pero Bahía no escapa a la realidad de la provincia, porque ésto sucede en casi todas las ciudades, porque en total detectamos más de 100 espacios sin habilitación en distintas regiones bonaerenses”.

Por ello, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) manifestó su profunda preocupación y advierte a las familias que buscan vacantes para el ciclo lectivo 2026, sobre el “crecimiento sostenido” de espacios que funcionan bajo la apariencia de jardines de infantes, pero que no cuentan con reconocimiento oficial ni supervisión estatal, poniendo en riesgo la seguridad, la educación y los derechos de miles de niños y niñas.

AIEPA advirtió que muchos de estos lugares atienden a niños y niñas desde el año de edad hasta los cinco años, incluyendo las salas de 4 y 5 que ya forman parte de la educación obligatoria.

“Estos establecimientos no cuentan con personal docente titulado, supervisión pedagógica ni control estatal, lo que significa que nadie garantiza qué se enseña, cómo se enseña ni quién lo hace”, explicó Zurita, Secretario ejecutivo de AIEPA.

Además, la falta de habilitación por parte de DIEGEP implica riesgos concretos en materia de seguridad edilicia y sanitaria.

Los jardines reconocidos por DIEGEP deben acreditar condiciones edilicias seguras —salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, de gas, potabilidad de agua y limpieza de tanques, sanitarios adecuados, ventilación, patios seguros— y protocolos ante accidentes o emergencias médicas.

En los espacios ilegales o no habilitados, esas condiciones no son verificadas ni controladas, y muchas veces se desconoce la formación o idoneidad del personal a cargo de los niños.

La advertencia de la entidad coincide con la época del año en que los padres, madres y responsables de los niños buscan cupos o vacantes para el ingreso al sistema de educación inicial, que en Provincia es obligatorio a partir de los 3 años de edad. 

En los jardines no reconocidos, las trayectorias educativas no son registradas ni válidas en el sistema oficial, vulnerando derechos fundamentales.

Tampoco existen protocolos de salud, alimentación o cuidado, ni canales institucionales de intervención ante incidentes.

“En caso de accidentes o irregularidades, las familias quedan indefensas, sin posibilidad de reclamar ante la Dirección General de Escuelas ni cobertura asegurada”, advirtió Zurita.
Asimismo, muchos de estos espacios utilizan nombres, logos o cartelería que simulan ser instituciones oficiales, engañando a las familias y afectando la confianza en la educación inicial.

“Elegir un jardín reconocido no es una formalidad, es una forma de cuidar a sus hijos. Porque educar también es cuidar, y el cuidado comienza eligiendo con responsabilidad”, remarcaron desde AIEPA.