El nuevo Código de Planeamiento Urbano de la ciudad continúa sin avanzar
Tras un encuentro destinado a su elaboración con los actores principales del tema, la redacción de la nueva normativa se fue dilatando y actualmente no hay novedades.
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Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.
Sin novedad en el frente. Y silencio stampa. Podrían ser dos frases ilustrativas para iniciar esta nota referida al avance que ha tenido la redacción del nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la ciudad.
En agosto del año pasado se realizó el primer (y único) encuentro destinado a su elaboración, del cual participaron profesionales, técnicos, funcionarios y entidades empresariales, académicas y de la sociedad civil.
"Todos juntos para construir los acuerdos que se necesitan para crecer", señaló en esa oportunidad el intendente municipal, Federico Susbielles.
El encuentro, que se extendió a lo largo del día y fue coordinado por profesionales del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
"Las ciudades están tratando de definir para hacia donde van, cuál es su rumbo y cómo se organizan. Y son los actores sociales son los que tienen que definir y discutir estos temas", comentó el arquitecto Roberto Monteverde, miembro de esa entidad.
“Esto es un primer paso para definir la visión de Bahía Blanca de los próximos 30 años", dijo Susbielles.
Sin embargo la redacción de la nueva normativa se fue dilatando, hubo algunos encuentros esporádicos con los colegios profesionales y la situación se tornó un poco más compleja con la inundación del pasado 7 de marzo, que obligó a establecer una mirada sobre varias cuestiones urbanas.
No hay hoy comentarios desde la municipalidad referidos a si se está avanzando en la elaboración o si ha quedado postergado por el momento.
Juan Boiardi: “Hay cuestiones que deben cambiar ya”
El arquitecto Juan Boiardi es presidente de la delegación local del Colegio de Arquitectos y ha tenido activa participación en las discusiones sobre el nuevo CPU. Hoy no tiene conocimiento alguno de cuál es la actual situación.
“No tenemos novedades, desconocemos si se está trabajando o no. Creo que después de la inundación hubo un cambio de timón, con situaciones nuevas a considerar, como el escurrimiento del agua y definir políticas urbanas para áreas inundables”, indicó.
Mencionó el profesional que si bien la ciudad “puede funcionar con el actual CPU”, una normativa actualizada permitiría definir los ejes de crecimiento de manera adecuada y trabajar en base a ese objetivo.
“Lo importante hoy es resolver cuestiones que impactan en la ciudad. Una es el tema del agua, con una infraestructura que impide que sean aprobados muchos emprendimientos edilicios. El otro es la total falta de controles por parte del municipio: no se controla absolutamente nada, cualquiera construye lo que quiere y como quiere. En ese sentido hay que gestionar la ciudad de manera urgente”.
Ricardo Kloster: “Habíamos logrado ciertos consensos”
Ricardo Kloster, presidente de la delegación local del Colegio de Ingenieros, reconoció también “no tener precisiones” en relación a si se está trabajando con el nuevo CPU.
“Participamos sí en la comisión asesora de planeamiento urbano. En ese ámbito hemos planteado que cuando surgen pedidos obras por excepción se las considere de acuerdo a los lineamientos que se piensan plantear en el nuevo CPU”, indicó.
El profesional mencionó la importancia de definir como debe crecer la ciudad, como ocupar los vacíos urbanos y establecer un concepto de densidad.
“Esperemos que el año próximo se vuelva a trabajar en el tema porque hoy ha quedado todo en una zona gris”.
Las sugerencias
Si bien nunca trascendieron cuáles serán los lineamientos del nuevo CPU, el municipio contrató al Consejo Federal de Inversiones (CFI) un estudio de la ciudad, el cual derivó en un conjunto de sugerencias.
Entre ellas las de establecer menos altura en los edificios del centro, alentar la radicación de proyectos importantes en la avenida Parchappe, otorgar beneficios a quienes construyan en sectores hoy deprimidos y establecer plusvalías para las propuestas innovadoras.
El esquema sugerido por el CFI busca resolver un conjunto de “conflictos territoriales” generados por cuestiones como la actividad portuaria-industrial sin una conectividad sólido, la expansión urbana que dificulta la dotación de infraestructura, un trazado vial inadecuado, el crecimiento de barrios populares en localizaciones inconvenientes y un patrimonio significativo en deterioro.
Para los pedidos de excepción se sugiere crear la figura de Tipologías especiales, teniendo mayor flexibilidad para proyectos que mejoren el entorno y, como contraprestación, el desarrollador-deberá realizar una compensación económica al municipio.
La Plata y Rosario: conflictos y buenas ideas
La necesidad de reorganizar una ciudad de cara a las próximas décadas no es exclusiva de Bahía Blanca. Por estos meses, La Plata y Rosario han presentado sus nuevos CPU, apuntando a lograr un ordenamiento territorial.
En la capital bonaerense se presentó en el Concejo Deliberante el Plan de Ordenamiento Territorial, con “la idea de crear parques lineales en los terrenos bajos que sirvan como reservorios cuando llueve” y desarrollar una “integración territorial de la matriz productiva” con un modelo de ciudad mixta en cuanto a usos, estableciendo incentivos fiscales “para lograr un modelo urbano compacto”.
La propuesta desarrollada no fue bien recibida por los desarrolladores, que la definen como “restrictiva” y la consideran “una amenaza para el desarrollo económico, la seguridad jurídica y la propiedad privada”.
Se manifiestan contrarios a cualquier límite de construcción en altura, densidad y uso “que torne inviable la construcción de viviendas o edificios en las zonas centrales”.
Otro aspecto que consideran preocupante es la creación de un “índice de riesgo hídrico”, sin dar a conocer un criterio técnico verificable de cómo se establecerán dichos niveles de riesgo, “lo que abre la puerta a la arbitrariedad y a la posibilidad de privilegios urbanísticos”.
En Rosario el tema viene más tranquilo y la nueva normativa sumó dos propuestas singulares: la posibilidad de construir torres de hasta 120 metros en determinados sectores y un Programa de Protección del Patrimonio Urbano.
La normativa introduce la figura de “torres de perímetro libre”, tipología que obliga a dejar un espacio entre los edificios y los límites del terreno, priorizando la ventilación, la luz y el verde.
Otro pilar es el enfoque ambiental, buscando mitigar el efecto de isla de calor: quienes opten por generar “suelo absorbente real” podrán construir un 20% menos de las cocheras requeridas.
También es innovador el Plan de Sostenibilidad Patrimonial, buscando dar viabilidad económica a los 5300 inmuebles catalogados, de manera que su protección “no implique decadencia o abandono”.
La herramienta elegida es la de los Derechos de Edificación Transferibles. Si un terreno permite ocho pisos pero en el mismo se ubica un inmueble patrimonial que ocupa dos, los seis restantes pueden venderse y aplicarlos en otras zonas. El dinero obtenido deberá destinarse a la restauración del inmueble protegido.
Otro concepto que se impulsa es el de la “ciudad detrás de la ciudad”, que autoriza a construir en forma horizontal o vertical, detrás o sobre un inmueble patrimonial.