A más de 10 años, sigue abierto el litigio entre un abogado y Dámaso Larraburu
La Cámara Civil confirmó una demanda por daños y perjuicios promovida por Enrique De Lasa contra el histórico dirigente político, a partir de una denuncia relacionada con una supuesta estafa con terrenos.
La Cámara en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad confirmó hace algunos días una demanda iniciada por el abogado Enrique de Lasa contra el exdiputado nacional justicialista Dámaso Larraburu, a quien demandó por daños y perjuicios.
Esto se dio a más de una década de un fuerte conflicto entre De Lasa y el dirigente político, que se generó por supuestas estafas con terrenos en nuestra ciudad, en el marco de maniobras de usucapión.
El fallo de la Sala I fue favorable a De Lasa, aunque no del todo, ya que por mayoría de opiniones se mantuvo en 5 millones de pesos e intereses el monto a pagar (tal como había resuelto el juez en lo Civil de primera instancia) y no se lo llevó a 20 millones de pesos, tal como pretendía el afectado.
El caso tuvo origen en 2014, cuando Larraburu acusó al letrado y a la entonces senadora provincial Nidia Moirano de fraude procesal y de integrar una asociación ilícita para quedarse, mediante maniobras de usucapión, con distintos lotes a valores irrisorios.
De Lasa explicó en la presentación que Larraburu, a partir de distintas notas periodísticas -que no solo tuvieron repercusión local sino también llegaron al ámbito nacional-, realizó apreciaciones "descalificativas y calumniosas" hacia su persona y su actuación profesional.
Y aclaró que la denuncia penal formulada por el dirigente político en aquel entonces concluyó, en enero de 2016, con el archivo de las actuaciones por parte del fiscal Cristian Aguilar, ya que no se pudo acreditar ningún delito.
La Camara Civil consideró probados los daños y perjuicios contra De Lasa y ratificó la condena a Larraburu, aunque hubo disidencia en cuanto al monto.
El juez Marcelo Restivo entendió que la suma propuesta por el juez de primera instancia, de 5 millones de pesos, resultaba "exigua".
Para llegar a esa conclusión, el juez tuvo en cuenta la generalidad del reclamo, la difusión de los dichos, el reconocimiento público del abogado y que, por otro lado, no contaba con la posibilidad de "tener un fácil acceso a la réplica".
Ese monto indemnizatorio, a criterio de Restivo, "contribuiría a mitigar el padecimiento espiritual, las preocupaciones y toda alteración disvaliosa, permitiendo la adquisición de bienes o la realización de un viaje de placer de 10 días de duración.
Por ese motivo, dispuso llevarlo a 20 millones de pesos, monto que le permitiría realizar un viaje junto a otra persona a un destino internacional y adquirir bienes tecnológicos de última generación, según las evaluaciones en plataformas y firmas comerciales como Despegar, Almundo, Turismocity, Frávega, Naldo y Mercado Libre.
Por mayoría
Sin embargo, los otros dos camaristas -por mayoría de opiniones- mantuvieron la sanción original.
Los doctores Jorge Federico Mercado y Patricio Lombardi entendieron que de parte de la defensa de De Lasa no existía en la apelación "una crítica razonada" del fallo inicial, con lo cual declararon "desierto" el recurso.
De esa manera entendieron que no superaba lo que plantea el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a que la crítica a un fallo debe ser "concreta y razonada".
"La elevación del monto indemnizatorio no puede justificarse en la gravedad de la conducta asumida por el demandado, sino en la insuficiencia de aquel para mitigar los padecimientos sufridos, de lo que se desentiende por completo el apelante", explicaron.
También conocida como prescripción adquisitva, la usucapión es un mecanismo legal que permite a una persona convertirse en propietaria de un bien (como una casa o un terreno), tras haberlo poseído durante un tiempo determinado (10 o 20 años), de manera pacífica, pública y continuada.
Fuerte "pirotecnia" política
En ese entonces referente del massismo local, el 8 de abril de 2014 Dámaso Larraburu denunció una supuesta maniobra de usucapión, que luego la justicia penal no pudo probar.
En declaraciones públicas, el hoy intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi relacionó al abogado De Lasa con los presuntos delitos y aseguró que quería "ver presa" a Moirano, entonces vinculada al denarvaísmo.
"Vamos a dejar que la Justicia actúe, que desde La Plata el Registro de la Propiedad nos haga el ADN y veremos si la usucapión la comenzó De Lasa y terminó en manos de Moirano. Quiero que termine presa por el daño a la sociedad", había dicho Larraburu.
Y relató que conocía el caso de un hombre mayor al que habrían golpeado para despojarlo de un lote.
Luego de esa acusaciones, la exsenadora Moirano publicó una solicitada en "La Nueva." para rechazar los cargos en su contra, que a su vez, desató una serie de tuits entre referentes del arco político local.
"Las cosas hay que tomarlas como de quien vienen. Esta persona no tiene ningún nombre ni honor y pretende que yo le eche mi honra a los perros", había declarado Moirano.