Usucapión: crecen las tensiones y el fuego cruzado

Redacción de La Nueva.

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 La senadora provincial Nidia Moirano sostuvo ayer que Dámaso Larraburu inició una campaña en su contra a través de difamaciones en las redes sociales, por lo que al mediodía decidió presentar una denuncia en la Fiscalía General para que tanto el presidente de la Liga del Sur como su "testaferro político", en alusión a Gustavo Bevilacqua, "presenten las pruebas que dicen tener" en su contra.

 Fue durante una escueta declaración pública ofrecida ayer a la tarde en el local partidario de la avenida Colón 72, en la que no aceptó preguntas de los periodistas.

 Por la mañana, el titular de la Agencia Urbana comunal, arquitecto Marcelo Lenzi se reunió con concejales y anunció que darán a conocer los nombres de las personas involucradas en esta maniobra, tras el pedido formal del dirigente que responde al massismo y que acusó directamente contra Moirano.

 "Hace ocho meses hablaron de usurpaciones; luego de usucapiones; más tarde de precio vil y hoy (por ayer) se refirieron a asociación ilícita. Por eso dije basta, fui a la Justicia y presenté una denuncia para que ambos sean citados", enfatizó la senadora, en relación a Larraburu y Bevilacqua.

 En la presentación, a la que tuvo acceso este diario, la legisladora sostuvo que ante las reiteradas acusaciones en su contra, respecto de la posible comisión de delitos por presunta apropiación indebida de tierras, solicitaba que se cite a los nombrados para que aporten las pruebas de rigor a fin de esclarecer los hechos "denunciados mediáticamente".

 "No hay dudas de que (Larraburu) tiene un accionar mafioso hacia mí. Fue a la Fiscalía y está recabando información. Quiero saber de la mano de quién hizo eso, si del fiscal general, Juan Pablo Fernández, o de (el camarista en lo Civil Gustavo) Salvatori Reviriego", cuestionó.

 Acompañada por el diputado provincial electo Héctor Gay y el edil Martín Salaberry -quienes no se situaron a su lado, sino en el sector de la prensa-- Moirano sostuvo: "Estamos corroborando lo que dijimos hace 10 años en el Colegio de Abogados, es decir, que Larraburu manipula parte de la Justicia local".

 Interrogantes. "¿Qué tiene conmigo, un tema personal? ¿Qué le molesta, que haya estado en el Colegio de Abogados, que haya sido defensora de la familia Glasman o que quiera llevar a cabo una política distinta a la que él propone, que es trabajar para sus amigos?", se preguntó.

 Y continuó: "¿De qué vive?, ¿Con qué dinero está edificando una casa en Palihue, el lugar más caro de Bahía Blanca y donde un terreno no se consigue por menos de dos millones de pesos?".

 Según dijo, el crédito que sacó en el Banco Provincia es de 50 mil pesos. "Con eso -graficó-- no paga ni las puertas", amplió.

 "Que empiece a trabajar por la gente del plan ProCreAr, para que pueda comprar los terrenos", sentenció.

 Sobre su situación patrimonial, la senadora denarvaísta expresó: "No he comprado nada que tenga usucapión. Lo que tengo son dos chacras que adquirí en 1999 con problemas de mensura y por cuya diferencia inicié juicio de prescripción diez años después", justificó.

 "Así lo han hecho todos los vecinos y además el Estado tiene iniciado enfrente de esa propiedad un juicio de las mismas características", amplió.

 Tras señalar que no le asusta el accionar de Larraburu, dijo que toda su vida ha trabajado y que tiene sensibilidad social.

 "Hace 22 años que estoy en el Hogar de Ancianos, no solo como presidenta, sino todos los días, sábados, domingos, lunes y martes", concluyó.


Confecciona una denuncia penal

 "Ya están dadas las condiciones para presentar denuncia penal, por asociación ilícita y fraude procesal. Nombres impensados", tuiteó sobre las 15 de ayer Dámaso Larraburu, amenazando con un final a todas luces para la polémica iniciada con las usucapiones en la ciudad.

 "Me faltaba encontrar una prueba fundamental en el tema Usucapion, ahora si, asunto terminado. Empezamos a armar la denuncia penal"

 A la mañana ya le había ratificado al servicio informativo de LU2 su denuncia contra Moirano -- a quien acusa de haberse quedado con tierras--, continuando con los ataques a la senadora iniciados el sábado pasado, tal como lo reflejada este diario en su edición del pasado domingo.

 "Esto es gravísimo, es uno de los escándalos más grandes de los últimos 50 años en la ciudad. Hubo una maniobra en la que está involucrada la senadora. Ella me dice que me va a mandar una carta documento... Yo no voy a ser tan irresponsable de salir a tontas y a locas sin tener pruebas. Las que tengo son suficientes".

 "Esto es como el truco, ella lo que quiere es ver mis cartas. Tengo mucho. Voy a demostrar que se quedaron con tierras a precio vil y le quitaron la posibilidad a los bahienses de tener tierras . Le quitaron derechos a poseedores de tierras honestos. Alguien tiene que denunciarlo. Me estoy sentando a charlar con gente a las que le sacaron tierras", sostuvo Larraburu. Las dos partes fueron a la Justicia.


Silencio de radio

 "Está en Buenos Aires y hasta que regrese, el miércoles o el jueves, no se va a referir al tema". De esta manera respondió ayer Martín Laplace, secretario privado del intendente, ante las gestiones realizadas por este diario para obtener una definición del intendente Gustavo Bevilacqua sobre la cuestión de las usucapiones. La intención era consultar al jefe comunal no solo sobre un tema que él mismo puso sobre el tapete en abril pasado, ante el Concejo Deliberante, sino que motivó incluso una dura acusación de parte de Moirano, quien dijo que hace ocho meses espera que se presente en la Justicia en vez de especular con la necesidad de la gente.


La Municipalidad dará a conocer la nómina

 El titular de la Agencia Urbana municipal, arquitecto Marcelo Lenzi, admitió ayer ante los concejales que dará respuesta al pedido elevado la semana última por el dirigente Dámaso Larraburu, brindádole información sobre la titularidad de tierras obtenidas por usucapión.

 La afirmación fue realizada por el funcionario --"Larraburu nos hizo esa solicitud como podría haberla hecho cualquier vecino y nosotros estamos dispuestos a contestarla", sostuvo-- en un plenario que tuvo lugar ayer a la mañana en la sala de sesiones del Concejo Deliberante (CD), donde concurrió para exponer ante los ediles detalles del tema de la usucapión y de la posible disponibilidad de terrenos para los adjudicatarios del plan Procrear (Programa de Crédito Argentino) impulsado por el Anses (Administración nacional de la Seguridad Social).

 De esta manera sigue adelante la "denuncia pública" realizada la semana pasada por Larraburu, mediante la red social Twitter, quien aseguró que la senadora provincial Nidia Moirano "se quedó con valiosas tierras a precio vil, cuando miles de bahienses no pueden tener su casa". La legisladora, por su parte, contestó que enviará una carta documento a Larraburu y aseguró que tanto el dirigente como el intendente municipal, Gustavo Bevilaqua, "no conciben que se pueda progresar con honestidad y dentro del marco de la ley".

 Lenzi participó durante más de dos horas de una mesa en la cual estuvieron presentes concejales de todos los bloques, donde planteó y contestó preguntas sobre distintas situaciones relacionadas con esta forma de posesión de tierras por ocupación por un determinado espacio de tiempo.

 La práctica, realizada según mencionó el funcionario por unos pocos, es en parte consecuencia de la existencia de suelos de más de cien años, sin uso, que por distintas situaciones han quedado vacante y sin un titular definido. Ese accionar, junto con otras prácticas similares, estableció lo que definió como "un mercado informal inmobiliario", el cual resulta "reducido e inaccesible para la mayoría de los bahienses".

 Luego de asumir la "enorme complejidad" que tiene el municipio para resolver los distintos casos de usucapión, considerando que se trata de una figura legal, los concejales plantearon a Lenzi la necesidad de conocer las identidades de quienes han recurrido a ese sistema para quedarse con grandes superficies de tierras.

 Si bien Lenzi señaló que el trabajo que desarrolla su Agencia es de carácter "técnico" y que, en muchos de los casos en estudio se está "en etapa de investigación", también refirió que el objetivo del trabajo encarado es tener "un diagnóstico del suelo obtenido por ese mecanismo y que por ser legal jamás se cuestionó, ni siquiera cuando se podía considerar un abuso del uso de esa herramienta".

 El pedido puntual realizado a Lenzi para acceder a las identidades de quienes se han quedado con grandes áreas fue realizado, en primer término, por Rafael Morini (Frente para la Victoria) y, luego, por Raúl Woscoff (Integración Ciudadana). El primero justificó el planteo con el objetivo de "citar a quienes recurrieron a ese mecanismo" al CD "para sacarnos dudas sobre el proceso que realizaron".

 Woscoff, por su parte, aseguró que disponer de esos registros de titularidad "resulta clave para resolver el pasado, presente y futuro de esas tierras". El edil refirió incluso la voluntad del CD de aprobar una partida especial, dentro del presupuesto, para que la Agencia Urbana agilice los trámites necesarios para obtener los datos necesarios para "poner punto final" al manejo de la usucapión.

 El ProCreAr. En otro orden de cosas, Lenzi pidió ayer a los concejales que traten "con suma urgencia y celeridad" las dos ordenanzas elevadas desde el Ejecutivo -una de declaración de reserva urbana de unas 300 hectáreas de tierra y otra sobre un aumento en las tasas municipales a las mismas-- como herramientas clave para poder incorporarlas al mercado inmobiliario y generar mejores condiciones destinadas a los adjudicatarios del plan ProCreAr.

 "Este programa de la Anses creó visibilidad en el tema de la disponibilidad de tierras que desde el municipio venimos planteando hace meses. Por eso es que pedimos esta batería administrativa buscando capturar suelos hoy ociosos", señaló el funcionario.

 Las ordenanzas apuntan a mejorar la posibilidad de disponer de al menos 300 hectáreas de tierras hoy subdivididas aunque sin servicios, cuyos propietarios especulan con conseguir que el Estado complete las obras de infraestructura faltantes para así revalorizarlas.

 "Si la ciudad no puede acceder a esos suelos está condenada a seguir en las actuales condiciones", refirió Lenzi, en referencia al incremento que registró la tierra a partir de los préstamos de 100 mil pesos entregados a casi 3 mil adjudicatarios del ProCreAr.

 Lenzi mencionó a los concejales que apenas el 5 por ciento del suelo desocupado está en manos de las inmobiliarias y que por su costo es accesible a un porcentaje que oscila entre el 8 y el 10 por ciento de la población.

 También refirió como "un gran mal" que sufre la ciudad el de las operaciones realizadas mediante boletos de compra-venta, donde "supuestos propietarios" de las tierras puestas en venta no son los titulares.

 "Esto se convirtió en un deporte de todos los barrios, donde decenas de personas, sin demostrar su titularidad, venden tierras cometiendo una verdadera estafa", señaló el funcionario.

 Este mecanismo, sumado a los casos de usucapión, usurpación y otras formas ilegales, generó "un mercado informal" que provoca "valores irreales" del suelo.

 Tierras que no llegaron. Lenzi explicó que el plan ProCreAr tenía establecido la entrega de lotes propiedad de Vialidad Nacional, exferrocarriles del Estado y del Ejército Argentino, los cuales integrarían un fideicomiso para el emplazamiento de las viviendas.

 Sin embargo, a la hora de obtener esas tierras, el Estado nacional se encontró con una realidad contundente: ninguno de esos organismos estaba en condiciones de desprenderse de esas tierras.

 En el caso de Vialidad, que lo hizo en parte, se trata de remanentes de expropiación, con situaciones de dominio "muy complejas".

 El organismo que administra los bienes ferroviarios informó que antes de aprobar cualquier desafectación debe definir su nueva política en materia de transporte ferroviario. Por último, las tierras del Ejército deben ser primero desafectadas de su calidad de Seguridad Nacional, un trámite engorroso que incluso exige la intervención del Congreso.

 Por último, Lenzi señaló que aquellos titulares que especulan con sus tierras o realizan un uso indebido de las mismas hacen pagar "un enorme costo social" a los bahienses, ante lo cual insistió en la necesidad imperiosa de disponer de los decretos mencionados con anterioridad para generar una respuesta favorable en favor de la población.