Sistema acusatorio: los nuevos desafíos de la Justicia Federal en Bahía Blanca

Redacción de La Nueva.

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El sistema acusatorio en la Justicia Federal, que se acaba de instaurar en Bahía Blanca, era "una cuenta pendiente que tenía la Argentina desde el regreso a la democracia".

Así lo definió un experto en la materia, el abogado Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entidad que desde hace más de 35 años tiene por objetivo consolidar el Estado de Derecho en nuestro país y Latinoamérica.

Alfie visitó la ciudad el pasado lunes, para el acto de apertura del sistema, que contó con la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La jurisdicción Bahía Blanca (incluye La Pampa) de la Justicia Federal se sumó de esta manera a otras áreas que ya tienen en marcha esta modalidad de persecución penal para los delitos más complejos, como narcotráfico, contrabando, trata de personas o lavado de activos.

Crimen organizado: llega un sistema judicial para dar respuesta más rápida

A partir de una reorganización y optimización del personal, asume un rol protagónico la figura del fiscal, que será el encargado de llevar adelante las investigaciones federales, tal como sucede desde 1998 en la Provincia para los delitos que no son de incumbencia federal.

- ¿Qué le puede aportar a aportar a la Justicia Federal el nuevo sistema?

Es una cuenta pendiente que tenía la Argentina desde el regreso de la democracia. El gobierno de (Raúl) Alfonsín había intentado dar este paso esencial, pero luego se fue demorando, suspendiendo. En 2014 se aprobó el Código (Procesal Penal de la Nación) y, desde allí, con muchas demoras, se retomó su implementación y llegó finalmente a Bahía Blanca. En Bahía Blanca ya lo conocen porque funciona en el sistema provincial.

- ¿Qué diferencias tiene con el sistema acusatorio bonaerense? 

Tiene características que el sistema provincial no tiene, como la oralización completa de todo el proceso, desde que comienza, todas las decisiones que toma un juez serán en audiencia pública y la investigación se desformaliza, desaparece esa idea de investigar en la que un fiscal envía oficios y espera a que se respondan, con las demoras que ello tiene. Le da a la fiscalía la facultad de poder decidir rápidamente, en horas, qué orientación le va a dar al caso, si tiene que ser investigado y llevado a juicio. Hay casos complejos que van a ir a juicio y otros que se van a poder resolver en pocas horas o días, con las distintas herramientas que el Código brinda. Los recursos siempre son limitados, pero se destinará la hora/hombre a los casos más complejos. Se aceleran los tiempos, aunque esto no es automático, pero le da a la fiscalía la oportunidad de desarrollar una política de persecución penal orientada a perseguir el delito organizado con mayor daño social. El juez ya no va a concentrar tanto poder sino que va a controlar que la fiscalía cumpla con los límites de la Constitución y del propio Código. Otra diferencia respecto del provincial es que es plenamente adversarial, se desburocratiza por completo la etapa de la investigación.

"Plazos estrictos"

- Y cuenta con plazos (de hasta 6 años) para definir las causas...

Ese es otro de los cambios fundamentales, que históricamente la Justicia malinterpretó como plazos ordenatorios, cuyo incumplimiento no tenía consecuencias. En este caso son plazos estrictos que se les ponen a los fiscales para que tengan incentivo a fin de acelerar las investigaciones. Con el INECIP relevamos hace poco tiempo que existen casos emblemáticos, de gran envergadura social, que tienen 10 y hasta incluso más de 20 años abiertos, sobre todo en Comodoro Py. 

- ¿Cómo marcha el sistema acusatorio en otras jurisdicciones federales?

Salta/Jujuy fue el que inició en 2019 y, después de algunos años, en 2024 se retomó esta implementación que, vale decir, no es otra cosa que implementar un sistema que tenían todos los países de Latinoamérica, con un asterisco en Brasil, que también tuvo algunas demoras. Los tiempos son, claramente, el principal cambio que se da en forma inmediata. La enorme mayoría de los casos se puede resolver en días o meses. El próximo paso va a ser que, efectivamente, la política criminal logre enfocarse en fenómenos más complejos. Requiere de otras iniciativas del Ministerio Público Fiscal, que no son del todo sencillas en un país donde tenemos a un procurador interino (por Eduardo Casal) desde hace más de 8 años. El procurador, en este sistema, tiene muchas responsabilidades y funciones que no están siendo aprovechadas del todo por la gestión actual, dado el carácter de interino. Es otra deuda de la dirigencia política.

La clave de la articulación

- El principal desafío es perseguir definitivamente al crimen organizado y no solo a eslabones más bajos.

El sistema genera condiciones para que suceda y rompe con el modelo actual en que las fiscalías estén colapsadas por casos basura o de menor entidad, que generan tramiterío. Este sistema determina qué merece atención y qué no y permite especializar a un grupo de fiscales en  análisis criminal y financiero, que sirva para identificar a aquellos nodos de redes criminales que la clave. La persecución del narcomenudeo es importante, pero es el eslabón más fungible. Vos podés sacar de circulación al que vende en la esquina, pero mientras no ataques la estructura criminal siempre conseguirán a otro para ese lugar. Este sistema genera las condiciones para eso, no va a ser automático, pero en buena medida dependerá de cómo logre aprovechar las herramientas el Ministerio Público Fiscal y ahí se debe poner el foco.

- Quiere decir que la coordinación con las fiscalías provinciales de la materia será clave.

La clave es cómo se trabaja entre las fiscalías federales y las provinciales, es un desafío muy concreto la coordinación y articulación entre fiscalías provinciales y federales. El problema en la provincia de Buenos Aires es que esa coordinación es casi nula y eso genera muchos problemas. En otras provincias esa coordinación es buena y facilita las investigaciones. Es una nueva oportunidad, si el narcomenudeo va a seguir desfederalizado, va a aparecer una oportunidad, porque el Código lo establece, que se generen equipos conjuntos de investigación, acuerdos entre fiscalías provinciales y federales, para generar una sinergia positiva. En el ámbito federal aparece una figura central: los auxiliares fiscales. Hasta el día de hoy tenías secretarios y prosecretarios muy formados, que estaban sentados en un escritorio con tareas jurídicas y administrativas, con en este sistema, muchos de ellos, en los hechos, van a funcionar como fiscales, van a poder litigar en las audiencias previas y eso amplía mucho la capacidad de respuesta de la fiscalía. Y a medida que los casos viejos se terminen va a quedar personal ocioso en los juzgados que pueden ir pasando a la fiscalía, porque los juzgados van a perder muchas funciones que hoy tienen.

Desfederalización de drogas: ¿sí o no?

En 2005, el entonces gobernador bonaerense Felipe Solá adhirió a la ley para desfederalizar la persecución penal contra el narcomenudeo.

Hasta esa fecha, tanto las organizaciones criminales más aceitadas como los "transas" eran investigados por la Justicia Federal.

Solá consideraba que en ese ámbito se dejaba sin castigo a los eslabones más bajos, que no hacían más que "inundar de drogas a los pibes". 

A 20 años de aquella adhesión, la persecución avanzó de manera masiva contra dealers de poca monta que abarrotaron las cárceles, pero casi nunca hacia "peces" gordos.

El actual ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, la calificó de "calamitosa".

Sin embargo, hoy la política criminal del gobierno central va en ese sentido y se sumaron provincias.

Alfie dijo que el INCEIP "no tiene visión por sí o por no", porque el funcionamiento varía.

"No creemos que sea problema de la desfederalización sino de una falta de articulación y una planificación conjunta. Los fenómenos criminales no conocen de límites o de competencias, hace falta cambiar el chip en las fiscalías y trabajar en conjunto", sentenció.