Crimen organizado: llega un sistema judicial para dar respuesta más rápida

Gerardo Monforte

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Periodista especializado en la cobertura de temas judiciales y policiales desde 2010, con 20 años de actividad en La Nueva. Producción de información sobre causas y juicios, muchos de ellos con gran repercusión local, nacional e internacional. Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social, de esta ciudad. 

Este lunes, cuando se implemente el sistema acusatorio en la justicia federal bahiense, las investigaciones vinculadas con el crimen organizado pasarán a estar a cargo de los fiscales y los jueces de instrucción comenzarán a proteger las garantías procesales.

Una de las novedades de este método para perseguir y sancionar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos, es la incorporación de límites temporales para resolver las causas.

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), sancionado en 2018, pretende agilizar el trámite de estos casos mediante resoluciones alternativas previas al juicio oral.

Más allá de los cambios en la manera de investigar este tipo de ilícitos y las intenciones, aún es un interrogante si la reforma, efectivamente, mejorará los tiempos de respuesta del servicio de Justicia.

Sobre los plazos de resolución -sin incluir la posible intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, Gabriel González da Silva, fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, precisó que se extenderán hasta 6 años para los casos más graves y hasta 3 años para las investigaciones menos complejas.

"La gran virtud (del sistema) está al principio de la investigación, cuando se puede llegar a acuerdos sin tener que ir a juicio. Esto es muy importante porque hay casos en los que no es necesario hacer debate oral", resaltó.

El sistema acusatorio se caracteriza por la oralidad y mayor celeridad de las audiencias durante la primera etapa del proceso.

"Se llega más rápido a los juicios orales, pero van a ser casi iguales, salvo por alguna diferencia técnica sobre lo que tenemos que hacer los fiscales", aclaró González da Silva.

Por año en Bahía llegan a juicio entre 70 y 80 causas federales, de las cuales algunas se definen vía acuerdo de trámite abreviado y otras mediante juicio oral.

Según el acusador, esta metodología de trabajo no acelerará el desarrollo de los juicios convencionales.

"Los fiscales vamos a tener más herramientas para llevar a juicio los casos en los que podamos pedir condena o que tengamos que solicitar una pena más grave que no se puede acordar (en un abreviado)", explicó.

Para la puesta en marcha de este mecanismo se adecuaron las sedes del fuero federal local, con la instalación de modernos dispositivos para registro audiovisual, y se creó la oficina judicial en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones, que abarca el sur bonaerense y la provincia de La Pampa.

También se concretaron traspasos de funcionarios y empleados entre las diferentes dependencias.

"El CPPF representa un avance significativo en la administración de justicia, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de los acusados y las víctimas, así como una mejora en la eficiencia y transparencia del sistema judicial", sostuvo el doctor Sebastián Foglia, juez del tribunal oral bahiense.

"Implica dejar atrás el papel y realizar todos los actos principales mediante audiencia", agregó.

En tanto, los camaristas seguirán revisando los fallos de primera instancia y ahora también realizarán una audiencia especial de control de la imputación en la etapa intermedia entre la investigación preliminar y los juicios orales.

Estos debates continuarán siendo dirigidos por el TOCF, que pasará a denominarse Tribunal Federal de Juicio y sus jueces además se encargarán de la ejecución de la pena.

Los magistrados se organizarán en 3 agrupamientos: aquellos en función de garantías, los de revisión y los jueces para juicio y ejecución penal.

La oficina judicial abarcará los 3 colegios de jueces, que incluyen a los magistrados de Bahía Blanca y La Pampa.

"Este tipo de proceso acusatorio tiene muchas ventajas con relación al actual, principalmente porque permite que se respeten las garantías del imputado durante la instrucción en un marco de igualdad con respecto a la acusación ya desde el primer día del proceso", opinó Foglia.

"En este nuevo Código los plazos son mucho más cortos y las decisiones se revisan en un tiempo mucho menor".

"Están tabulados los límites de tiempo que las causas pueden pasar en cada una de las etapas, como también la obligación de darles una salida para que no queden eternamente abiertas sin resolución", expresó el integrante del Poder Judicial de la Nación.

Otro cambio importante en el proceso es que el mismo fiscal que investiga será quien lleve la causa a debate.

"Por experiencia propia puedo decir que esto es un salto de calidad que permite el conocimiento y la posibilidad de manejar más efectivamente la prueba".

"Incluso reduciendo el tiempo en la etapa de prueba en el debate oral a las cuestiones dirimentes, que sólo conoce bien quien llevó adelante la investigación", concluyó Foglia, exfiscal provincial.

Complejidad

Pablo Larriera, uno de los jueces de la Cámara Federal con Pablo Candisano Mera, Silvia Fariña, Leandro Picado y Roberto Amabile, remarcó la complejidad que conlleva la implementación de un sistema procesal "nuevo", que desde 2019 ya rige en otras jurisdicciones del país.

En este contexto aludió a la "escasez de recursos" para "necesidades múltiples" en la administración de Justicia.

El camarista señaló que la oficina judicial en la sede de Mitre 62 será el "eje administrativo" del sistema acusatorio, mediante la coordinación de audiencias y pedidos de medidas a los jueces por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Nicolás Yulita, secretario letrado de la Cámara, será el director de la nueva oficina.

"Por la falta de fiscales titulares se van a designar auxiliares fiscales para ayudar en las investigaciones, pero todavía queda el déficit de los magistrados titulares", afirmó Larriera.

El mecanismo en el fuero ordinario (para el resto de los delitos) ya se aplica en la provincia de Buenos Aires desde 1998 y "más del 90%" de las causas se resuelve en primera instancia, antes de llegar a juicio oral, al que consideró "engorroso, extenso y costoso".

"Cada vez va a haber menos causas que se eleven a juicio. En jurisdicciones como Salta, por año, llegan aproximadamente 10 causas a juicio oral", comentó.

"En Bahía la tendencia es esa: resolver el conflicto sin llegar a juicio, por eso los jueces de juicio ahora van a tener que terminar con el trabajo residual que les queda del Código 'viejo' y, cuando se implemente definitivamente el nuevo, supongo que se les asignarán nuevas tareas o roles porque van a tener menos trabajo", agregó Larriera.

La instrumentación del modelo tiene cuatro pilares: el ministerio de Justicia y la Corte de Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura, que administra los bienes y recursos del Poder Judicial.

Cambios en el MPF

Este lunes se disolverán las fiscalías federales 1 y 2, la de Cámara y la de juicio ante el TOCF bahienses, y se crearán las fiscalías de distrito y de revisión y las unidades fiscales Bahía Blanca y Santa Rosa.

Horacio Azzolin, fiscal general interino ante la Cámara Federal, coordinará la fiscalía de distrito que se encargará de cuestiones institucionales, convenios con organismos y de superintendencia, entre otras.

González da Silva dirigirá la fiscalía de revisión para controles internos a las decisiones de los fiscales Santiago Ulpiano Martínez (además actuará como fiscal revisor suplente) e Iara Silvestre, quienes asumirán como jefes de las dos unidades fiscales de instrucción en Bahía y Santa Rosa.

La dependencia local contará con las áreas de atención inicial y víctimas, a cargo de Dino Berdini, que también ocupará interinamente el cargo de fiscal general ante el TOCF local en reemplazo de González da Silva; y las de investigaciones sencillas y ejecución penal, que encabezará Elisa Trinchín.

La unidad fiscal también incluirá las áreas de casos complejos (bajo las órdenes de Martínez) y de transición respecto de causas vinculadas con delitos cometidos hasta mañana domingo, inclusive, que será liderada por Martínez en primera instancia, Azzolin ante la Cámara y González da Silva durante la etapa de juicio.

La resolución de la Procuración General de la Nación establece asimismo que se designará a Agustín Carestía, actual secretario de la fiscalía general ante el TOCF bahiense, como "fiscal interinamente a cargo de la fiscalía federal de General Pico".

Aquella repartición se habilitará e integrará la fiscalía de distrito bahiense para "reforzar de modo estratégico la representación" del MPF en la región.

Debut oficial

Estreno. Está previsto que pasado mañana, desde las 16, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, junto con funcionarios de su cartera y autoridades de esta jurisdicción, participen de la inauguración del sistema acusatorio en Bahía.

Rectorado. El acto se realizará en el salón del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, en la avenida Colón 80, donde también estará presente el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

Coexistencia. Actualmente coexisten el CPPF anterior y el reformado hasta que se complete la implementación del sistema en todo el país, previsto para 2026.

Funciones. El método es acusatorio porque brinda al Ministerio Público Fiscal los recursos necesarios para avanzar en el caso y el juez evalúa el proceso como imparcial. Además es adversarial por la oposición entre un defensor, que procura el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que sostiene la acusación.

Capacitación. Jueces, fiscales, defensores y auxiliares del fuero federal local recibieron capacitaciones sobre el funcionamiento de esta herramienta procesal en Bahía, Córdoba, Salta (primer distrito en aplicar el nuevo CPPF) y Mendoza, entre otras ciudades.

Éxito. Ernesto Sebastián, el otro juez titular del TOCF bahiense, remarcó el éxito del acusatorio en Mendoza. "El sistema está aceitado; es dinámico y ágil. Lograron una funcionalidad que, cuando viajamos allá para capacitarnos, nos pareció muy interesante", dijo.

Traspaso. Ivo Krasnopol, ahora exsecretario penal del juez federal Nº 1, Walter López da Silva, comenzó a trabajar con Martínez, el único fiscal titular que hasta el lunes estará a cargo de las fiscalías federales 1 (subrogante) y 2 bahienses.

Otro movimiento. La misma situación se dio con Paula Riganti, quien se desempeñaba como secretaria penal de la jueza federal Nº 2, Gabriela Marrón, y también pasó a cumplir funciones en el MPF.

Defensoría. En la Defensoría Oficial se produjo el traslado de dos empleados de esa repartición a otras sedes de la justicia federal.

Estructura. "En Bahía quedan 3 unidades: una va a ejercer la defensa en las causas nuevas que ingresen a partir de la aplicación del sistema acusatorio, otra está dedicada al área Civil y al remanente, es decir que va a absorber las causas anteriores; y una tercera que va a trabajar en la etapa de ejecución de la pena cuando las condenas queden firmes ", explicó José Pazos Crocitto, defensor oficial ante el TOCF.