Crimen organizado: en mayo cambia la forma de investigar en Bahía Blanca

Redacción de La Nueva.

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El gobierno nacional oficializó esta semana la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en Bahía Blanca, medida que significará un cambio de paradigma en la manera de investigar los delitos complejos.

Los cambios, que permitirán agilizar los trámites procesales consistirán principalmente en la asignación de las investigaciones a los fiscales, en vez de a los jueces de instrucción, tal como todavía ocurre en algunas jurisdicciones.

El nuevo sistema acusatorio que establece el CPPF se pondrá en práctica a partir del 5 de mayo del año entrante, en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.

El fiscal adoptará un rol central en la causa porque los posibles detenidos en el marco del proceso estarán a su cargo y también será el responsable de las medidas  investigativas que se lleven a cabo, excepto los allanamientos y las intervenciones telefónicas.

El juez pasará a ser de "garantías", a fin de controlar el debido proceso.

De esta manera además se modificará la conformación de las fiscalías, los juzgados y la cámara federales de esta ciudad para los procesos penales.

Así se confirma el adelanto de La Nueva. en una nota publicada en agosto.

De acuerdo con información no confirmada, se podrían producir traspasos de personal de los juzgados a las fiscalías como consecuencia del fuerte incremento de trabajo que originarán estos cambios en las dos unidades locales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dirigidas por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

En tanto, en la Cámara Federal se crearía una oficina judicial encargada de gestionar las audiencias orales que casi en su totalidad se harán por esa vía (videograbaciones).

Este método para el tratamiento de causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y malversación de fondos públicos, entre otros delitos, es el mismo que se emplea en la justicia provincial desde 1998, con los acusadores como responsables de las investigaciones penales preparatorias.

En la actualidad los jueces federales dirigen las pesquisas y toman decisiones, pero el sistema acusatorio adversarial cambia esa metodología investigativa. 

Es adversarial por la oposición entre un defensor, quien procura el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que sostiene la acusación. Y además es acusatorio porque brinda al Ministerio Público Fiscal los recursos necesarios para avanzar en el caso y que el juez evalúe el proceso como imparcial.

Hoy en día el CPPF coexiste con el sistema anterior que, a entender del Poder Ejecutivo Nacional, es “lento, burocrático e ineficiente”.

“Lo que se busca es ayudar a los fiscales para cumplir con su función y que puedan investigar sin quitarle espacio a la defensa. Que los defensores puedan acceder a toda la causa y que todos tengan pleno conocimiento de lo que pasa en el proceso”, se informa en la web de Presidencia de la Nación.

“El impulso de los fiscales a las investigaciones puede redundar en mejoras en causas con hechos complejos, es decir que incluyen más de un tipo penal como sucede en el fuero federal. Cuando se investiga una organización delictiva hay más de un delito en juego”.

“Esa complejización de las causas torna más dificultoso el camino a recorrer por los jueces que, por ejemplo, deben decidir sobre la excarcelación de un imputado a la vez que investigan su responsabilidad”, continúa la información oficial.

Modernización

El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, fija un modelo de justicia “oral, ágil y eficaz que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”.

En Mendoza, el primer caso con sistema acusatorio tratado fue exprés. Una mujer fue detenida el 8 de agosto pasado y dos días después recibió la condena por narcotráfico.

Está previsto que la instauración del nuevo CPPF en todo el país se extienda hasta 2026. El próximo 7 de abril se aplicará en Mar del Plata.

Su implementación comenzó a partir del 6 de mayo pasado en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que comprende parte de la provincia de Santa Fe y la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

La resolución sobre los cambios en la justicia federal bahiense cuenta con la firma del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.