Suspendieron a un escribano por el cúmulo de causas en su contra

Redacción de La Nueva.

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Una nueva suspensión por parte del juzgado notarial recibió el escribano Daniel Néstor Pie, denunciado en reiteradas ocasiones por delitos como estafa y falsificación de documento público, y a quien hace poco se lo sobreseyó por prescripción de la acción penal respecto de una de las causas en su contra.

La medida preventiva y por tiempo indeterminado se ordenó a raíz del “cúmulo” de procesos penales en los que se acusa a Pie, según confirmó el presidente de la delegación local del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Scattolini.

Es al menos la tercera vez que esta disposición cautelar recae sobre Pie, como consecuencia de las presuntas maniobras ilícitas cometidas en sus funciones. En uno de los casos, el imputado estuvo suspendido más de un año.

La resolución lleva la firma del juez notarial Rafael María Chaves e implica que el causante no puede ejercer la profesión desde hace más de dos meses.

“El juez notarial tomó conocimiento del cúmulo de causas contra Pie, más sus antecedentes, y además hay dos causas en las que la justicia decretó una probation (suspensión de juicio a prueba)”, precisó Scattolini.

“Hay muchos actos vinculados con la cesión de derechos posesorios, que se pueden ceder libremente como cualquier otro derecho personal, pero hay que tomar los resguardos necesarios para constatar que esos derechos realmente existen”, agregó.

“No hay un trabajo serio, concienzudo y aplicado a la tarea de verificar la identidad y voluntad de las partes y la capacidad jurídica de obrar que tiene la persona. Esto es lo que se nota en la labor que realizaba Pie y son los fundamentos del juez para ordenar su suspensión”, continuó el entrevistado.

Las numerosas cesiones de derechos posesorios y la falta de legitimación de los individuos que otorgan los actos, dan cuenta -dijo- de una actuación notarial “liviana” de parte del funcionario público implicado.

Un dato llamativo

Después de inventariar la documentación que se retiró de la escribanía del notario y abogado, en Sócrates 1461, llamó la atención la cantidad de impresiones dígitopulgares de otorgantes de escrituras para disposición de bienes.

Entre la documentación retirada de la escribanía de Pie se detectaron seis impresiones dígitopulgares en un trimestre.

La firma -explicó- es un requisito esencial de los otorgantes al momento de realizar un acto jurídico plasmado en una escritura.

Cuando la persona no sabe o no puede firmar, otros firman a ruego y aquella tiene que colocar la impresión dígitopulgar. Sin embargo este recurso para poder otorgar un acto no es usual, de acuerdo con el análisis de Scattolini.

Hay casos de escribanos que durante los últimos 10 años tomaron sólo dos impresiones dígitopulgares.

"Es una herramienta que casi no se utiliza porque la mayoría de las personas sabe firmar, y aquellos que no pueden firmar ya no tienen conciencia del acto”, aseveró.

En línea con estos fundamentos, el juez Chaves entendió necesario “discontinuar el servicio notarial” a cargo del investigado.

Scattolini se refirió a la posible destitución de Pie, sanción que el profesional recibió hace aproximadamente 10 años, pero apeló la sentencia y en la instancia superior la justicia falló a su favor.

Derechos posesorios

El especialista recomendó tener especial cuidado al momento de ceder derechos posesorios.

“Porque en la escribanía se puede certificar la firma de un instrumento privado, pero la certificación de firma no avala que la persona sea titular de esos derechos posesorios, ni que tenga la legitimidad ni los elementos necesarios para acreditar que tiene el derecho personal y la posesión de ese bien”, aclaró el letrado.

“Hubo muchas estafas mediante la venta de lotes de posesión y por eso hay que alertar, aconsejar y enseñarle a la población cómo tomar medidas precautorias a la hora de adquirir un bien y que el día de mañana pueda adquirir el dominio”.

“No todas las posesiones son malas, pero hay escribanos que no toman las precauciones debidas y además hay mucha gente tratando de hacer negocios ilícitos”, finalizó Scattolini.

“Gravedad inusitada”

Carlos Arrascaete demandó a Pie en vinculación con la supuesta falsificación del testamento de su hermano Eduardo, quien murió en enero de este año.

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, bajo la presidencia del juez Leopoldo Peralta Mariscal, confirmó el fallo del juzgado Civil Nº 2 que había determinado la validez del documento.

“El caso Pie es de una gravedad inusitada porque no empezó la semana pasada, pero no me preocupa su actividad porque eso es subsanable con un buen proceso; lo que me preocupa es la Justicia”, opinó Nicolás Iaconis, abogado del demandante.

“La sentencia de la Cámara es gravísima, porque tergiversaron lo que establece el Código y desconocieron la ley”, agregó Iaconis, quien solicitó que se le practique un peritaje caligráfico a la escritura original pero el juzgado rechazó su petición.

Ya en abril de 2013 la Policía había allanado la escribanía de Pie en conexión con la falsificación de documentos de un automotor.

Para los investigadores el escribano actuaba en connivencia con el gestor Claudio Alberto Nasif. Y en 2012 había certificado la firma de una mujer que había muerto 6 años antes.

Acción extinta

Sobreseimiento. Hace poco la Cámara Penal bahiense sobreseyó a Pie en una causa por estafa y falsificación de instrumento público. La fiscalía había imputado además a Mirta Sánchez, hermana del denunciante, Ricardo Sánchez.

Denuncia. A fines de 2020 Sánchez denunció haber sido desapoderado de los derechos hereditarios, mediante escritura pública, presuntamente firmada en julio de 2008 por su madre y su tía y a favor de su hermana Mirta, ante Pie.

Difunta. Una de las partes que al parecer había firmado el acta ya estaba fallecida en esa fecha, por eso al notario y a la mujer se les atribuyeron dichos delitos. Pero quedó impune por extinción de la acción penal.

Otro caso. La justicia federal confirmó el procesamiento, sin prisión preventiva y con embargo de un millón de pesos, de Pie por otra causa de abuso de autoridad, falsedad ideológica y estafa (estelionato), en carácter de partícipe necesario.

Pilar. El fraude fue por la venta de lotes en Pilar, a partir de una denuncia formulada en 2014 por Eduardo Eder Tarraubella.