After de Vidal Ríos: qué dijeron las autoridades sobre las reiteradas clausuras
Se trata de un bar cuyos dueños tienen numerosos antecedentes penales y que cada fin de semana se burlan de las prohibiciones de funcionamiento.
Los reiterados procedimientos de clausura y desalojo sobre los after vinculados a los hermanos Vidal Ríos volvieron a poner en agenda un problema que, pese a decenas de intervenciones oficiales, continúa repitiéndose fin de semana tras fin de semana.
El pasado fin de semana el local Judas, ubicado en Vieytes y Güiraldes, volvió a ser clausurado por funcionar sin habilitación municipal, luego de un operativo del área de Fiscalización y la Policía Bonaerense.
El subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial, Federico Montero, sostuvo que la situación ya excede el trabajo operativo de los inspectores y las fuerzas de seguridad y reclamó una intervención definitiva de los organismos competentes.
"Lo primero que buscamos cuando iniciamos este trabajo fue mantener una presencia permanente en estos afters, el de calle Manuel Molina y el de Vieytes y Güiraldes", dijo Montero, en diálogo con Panorama, por LU2.
Según explicó, ambos lugares acumulan cerca de 20 intervenciones por parte del personal de Fiscalización, que en cada procedimiento debe desalojar a los asistentes con apoyo policial.
"Cada uno de esos lugares acumula entre 18 y 20 intervenciones del personal de Fiscalización, que va, desaloja a la gente y trabaja con el acompañamiento de la Policía, que además debe contener cualquier tipo de situación. Obviamente, a nosotros esta situación también nos genera lo mismo que le debe generar a mucha gente", manifestó.
El antecedente más reciente ocurrió el domingo, cuando nuevamente fue desalojado el after de calle Vieytes donde había unas 40 personas y el establecimiento volvió a ser clausurado por carecer de habilitación municipal. Era la tercera intervención sobre ese mismo lugar en apenas ocho días.
"Hay que ponerle un límite"
Montero reveló que, tras los últimos episodios, el intendente Federico Susbielles se comunicó con él para impulsar una mesa de trabajo entre todos los organismos con competencia en el tema.
"El domingo, después de lo ocurrido con los Vidal Ríos, el intendente me llamó para reunir a las partes involucradas y que cada una se haga cargo de lo que le corresponde", explicó.
El funcionario remarcó que el esquema actual resulta insuficiente: "Vamos, clausuramos y al fin de semana siguiente vuelven a abrir. Entonces tenemos que ir otra vez y ocurre lo mismo. A eso hay que ponerle un límite y un fin".
En ese sentido, señaló que el objetivo es identificar en qué instancia administrativa o judicial se demora la resolución de estos expedientes. "Ya sea la Justicia Contravencional, la Correccional, la Justicia de Faltas o el organismo que corresponda, hay que reunir a todos los actores involucrados, junto con la Policía y el área de Fiscalización, para hacer lo que hay que hacer", sostuvo.
El recorrido de las actuaciones
Montero explicó que cada procedimiento realizado por los inspectores municipales sigue un circuito administrativo específico: "Cuando un inspector de Fiscalización labra un acta de desalojo, de clausura o de otra infracción, esa actuación se remite al Tribunal de Faltas. A partir de ahí, ese organismo puede dictar una sentencia o, según el caso, elevar las actuaciones a la Justicia ordinaria".
En ese sentido, consideró que la clave para frenar la reapertura de estos espacios es que exista una resolución firme que habilite una intervención penal en caso de reincidencia.
"Lo que tiene que suceder es que haya una clausura definitiva y una sentencia firme. Si eso ocurre, cuando la Policía intervenga en el lugar podrá detener a estas personas por desobediencia, y ya estaremos hablando de otra cosa", concluyó.