“El medicamento es un bien social y no una simple mercadería de consumo masivo”
El titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, Juan E. Perlotti, salió al cruce ante la insistencia del Gobierno de habilitar la venta libre por fuera de las farmacias.
Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.
Frente a la renovada intención del Gobierno nacional de habilitar la venta de medicamentos de venta libre en canales no farmacéuticos, como quioscos y supermercados, se alzó la voz desde el Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca.
“La medida termina llevando a la concentración de farmacias en puntos estratégicos de alta densidad poblacional, perjudicando a los barrios o localidades con un menor número de habitantes”, dijo Juan Eduardo Perlotti, presidente de la entidad desde 2022.
“Hoy, el farmacéutico es el único autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación para dispensar medicamentos. Y por eso es llamativo que el Gobierno nacional intervenga en algo que es potestad de las provincias”, añadió.
Se trata de una normativa que ya se intentó sumar con el DNU 70/23, donde se buscaba que lugares no habilitados y plataformas online pudieran dispensar medicamentos. Ante las presentaciones de los afectados, la medida fue frenada por la Justicia en el año 2025.
Ahora, la propuesta forma parte del paquete legislativo que prepara el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que, próximamente, será enviada nuevamente al Congreso de la Nación para su tratamiento.
—¿Qué posibilidades existen para que esta medida se concrete en la provincia de Buenos Aires?
—Todo depende de cada jurisdicción. En nuestro caso, la gobernación bonaerense regula la materia de salud y hoy tenemos una normativa vigente que no estaría alineada con estas ideas nacionales.
“Aunque hubo intentos de venta por plataformas como Mercado Libre, que terminaron en denuncias por no cumplir con la ley, creemos que, por el momento, la regulación provincial impedirá que esto se concrete de forma masiva”.
—¿Por qué consideran que la venta en canales de consumo masivo es peligrosa para la comunidad?
—Porque cuando la lógica comercial desplaza a la lógica sanitaria, el medicamento deja de ser un bien social para ser un producto de consumo como cualquiera. En esos canales, la prioridad es vender más, más rápido y lo que sea más rentable, incentivando la automedicación y eliminando el consejo del profesional farmacéutico. Una sociedad anónima, o una plataforma online, no responden ante una eventualidad ni garantizan la legitimidad del producto como lo hace una farmacia habilitada.
—Se argumenta que una mayor competencia bajará los precios. ¿Es así?
—No, es un error. El precio del medicamento no lo fija la farmacia, sino cada laboratorio productor. Aumentar desmedidamente las bocas de expendio no mejora el precio; de hecho, la experiencia internacional en países como Chile demuestra lo contrario. Allí, la liberación del mercado concentró el 90 % del sector en tres grandes cadenas y los precios terminaron siendo mucho más altos.
“Aumentar las bocas de expendio habilitando kioscos o ventas online no garantiza una baja en los costos”, dijo Perlotti.
“En el modelo actual, las farmacias tienen acceso a casi todas las marcas y laboratorios, lo que permite ofrecer al paciente opciones que se ajusten a su bolsillo. En cambio, en un modelo de consumo masivo o plataformas online se priorizan los productos más rentables y lo que conviene a la empresa, en lugar de lo que el paciente realmente necesita”.
—¿Cuáles son los antecedentes de una medida de similares características en la Argentina?
—Esto ya fracasó en la década del 90 con las medidas de Domingo Cavallo (NdR: ministro de Economía de la Nación entre los años 1991 y 1996, durante la presidencia de Carlos S. Menem). En ese momento, los medicamentos fueron a góndolas y quioscos, lo que trajo complicaciones sanitarias y un mercado donde se vendía lo que le convenía a la empresa y no lo que el paciente necesitaba. Luego se tuvo que dar marcha atrás debido a la aparición de medicamentos falsificados y a la falta de controles.
—¿Cuál es el rol fundamental de la farmacia que se perdería con la desregulación?
—Puntualmente, no habría barrera de seguridad sanitaria.
“El farmacéutico garantiza la trazabilidad, el almacenamiento adecuado y la farmacovigilancia (NdR: actividad de salud pública encargada de detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos o cualquier problema relacionado con medicamentos y vacunas). Si hay un pedido de destrucción o retiro de un lote del mercado, es posible coordinarlo con las 14.000 farmacias del país; controlar cientos de miles de kioscos es imposible. La desregulación debilita los controles y termina vulnerando a la población”.
De qué se trata
En otro movimiento que busca transformar el acceso a la salud y fomentar la competencia, el Gobierno avanza con el proyecto para desregular la comercialización de medicamentos de venta libre.
La iniciativa propone que fármacos cotidianos, como el ibuprofeno, el paracetamol, analgésicos y antiácidos, dejen de estar confinados detrás del mostrador de las farmacias.
Hasta el momento, la normativa vigente exige que la mayoría de los remedios sin receta sean entregados bajo supervisión farmacéutica. Sin embargo, el nuevo esquema permitiría que estos productos se exhiban directamente en góndolas, permitiendo que los consumidores los tomen de forma directa, sin necesidad de intermediarios.
Actualmente, el farmacéutico es el único autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación para dispensar medicamentos.
El alcance de esta medida no se limita a la reorganización interna de las farmacias. El proyecto oficial contempla habilitar la comercialización en una red mucho más amplia de comercios, incluyendo supermercados, quioscos, otros comercios minoristas y plataformas de venta online.
Desde el sector oficial se fundamenta la decisión en la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor desregulación. El objetivo principal de la medida es incentivar la competencia en el sector para lograr una reducción de costos y, al mismo tiempo, ampliar las facilidades de acceso para los ciudadanos.