UTN - FRBB: ¿se puede sobrevivir con un presupuesto 40 % menor sin resignar ciencia y tecnología?
“Los jóvenes científicos ya no ven a la universidad como un lugar atractivo; un salario inicial de $ 800.000 ni siquiera cubre la canasta básica”, dijo el decano Alejandro Staffa.
Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.
La crisis que atraviesa la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca (UTN - FRBB) es inédita. Y las consecuencias para garantizar que las aulas permanezcan abiertas (con la reasignación de partidas destinadas a investigación y servicios internacionales para cubrir gastos básicos) son, por lo menos, impredecibles a largo plazo.
“La situación de la UTN es similar al resto de las instituciones del sector. Actualmente estamos reclamando la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que nos permitiría pagar salarios dignos, otorgar becas, mantener los edificios y sostener la ciencia y la tecnología”, dijo el Ing. Mec. Alejandro Staffa, decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca (FRBB – UTN).
“Al no ocurrir esto, la universidad debe priorizar ciertas áreas, enfocándose principalmente en la enseñanza de grado para dictar clases con la mayor normalidad posible, aunque bajo un esquema de emergencia debido a las interrupciones por medidas de fuerza de los gremios docentes y no docentes”, agregó el directivo, en diálogo con La Nueva.
—¿Qué implica concretamente funcionar con un esquema de emergencia?
—Significa que el Consejo Superior ha tenido que reasignar partidas originalmente destinadas a ciencia y tecnología o servicios internacionales para cubrir gastos básicos y docencia. Todo gasto se analiza minuciosamente y muchos se postergan; las obras están totalmente paralizadas y las reparaciones se ejecutan con demora. Funcionamos con un presupuesto de un 40 % menor al que correspondería, lo que restringe toda la actividad.
—Uno de los puntos críticos del reclamo es el salarial. ¿Cuál es el impacto para los trabajadores de la universidad?
—La pérdida del poder adquisitivo ronda el 50 % respecto del año 2023. Para dar una idea: en Bahía Blanca la canasta básica está en 1.800.000 pesos, mientras que los salarios iniciales en la Universidad Tecnológica Nacional rondan los 800.000 pesos.
“Quiero decir: quienes recién comienzan están por debajo de la línea de pobreza y quienes tienen alguna antigüedad apenas llegan a cubrir la canasta básica; y sin capacidad de ahorro, claro”.
—Ante este panorama, ¿se está perdiendo capital humano en la UTN?
—Sí; y eso es muy preocupante. Existe una asimetría salarial enorme con otros sectores, como el petrolero en regiones como en la provincia de Neuquén, lo que hace que la universidad deje de ser atractiva. Está claro de que los jóvenes con perfil científico ya no la ven como un lugar de trabajo atractivo, lo que generará daños muy grandes a largo plazo si esto continúa. Además, hay que considerar también que el costo del transporte consume gran parte de los salarios de dedicación simple.
—¿De qué manera se ve afectada la calidad educativa y el dictado de clases?
—Lo que más afecta es la discontinuidad por la alta conflictividad. Sin embargo, existe un compromiso muy significativo de docentes, no docentes y estudiantes para cumplir con el calendario académico y recuperar los días efectivos de clase.
—¿Qué salida visualiza ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional?
—El sistema apuesta a que el Gobierno entienda que debe cumplir con la ley sancionada, pero hasta ahora no se ve voluntad de cumplir, sino más bien de recortar, como hemos visto con instituciones u organismos como el INTI, el INTA o Vialidad Nacional. Incluso, la universidad sufrió un recorte de partidas un día antes de la reciente marcha del 12 de mayo.
“Se trata de una situación anormal donde una persona, que cumple con su trabajo, no recibe un salario digno”, dijo Staffa.
“A pesar de esto, debemos tener una visión positiva y defender nuestro modelo de educación pública como motor de transformación social, pensando en metas a largo plazo y no solo en períodos de gobierno”.
Las claves de la ley de financiamiento y la batalla judicial con el Gobierno
El sistema público de educación superior atraviesa un momento crítico marcado por la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
La ley de financiamiento universitario (Nº 27.795) se ha convertido en el centro de una disputa que busca garantizar el sostenimiento de las casas de altos estudios y la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores.
Estos son los puntos fundamentales para entender el conflicto:
—El objetivo de la ley 27.795: la normativa fue promulgada con el fin primordial de garantizar el funcionamiento del sistema universitario público. Su estructura de distribución de fondos está orientada mayoritariamente a cubrir los salarios de los trabajadores y los gastos generales necesarios para que las universidades puedan operar día a día.
—El mandato judicial y los artículos clave: debido al incumplimiento de la norma, la Justicia ha intervenido mediante una medida cautelar que exige al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley. Estos puntos son cruciales porque establecen:
—Actualización salarial: se exige recomponer los ingresos de docentes y no docentes por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley en el mes de septiembre de 2025.
—Becas estudiantiles: la Justicia también peticiona la recomposición integral de los programas de becas para los estudiantes.
—El trasfondo económico (inflación versus salarios): la situación financiera de las instituciones es delicada.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades han sufrido una caída real acumulada del 45,6 % entre los años 2023 y 2026.
El desfasaje salarial es uno de los puntos de mayor fricción, ya que mientras la inflación acumulada desde el inicio de la actual gestión de Gobierno alcanza el 280 %, los salarios universitarios han aumentado un 158 % (profundizando la pérdida del poder adquisitivo).
—La definición en la Corte Suprema de Justicia y el Presupuesto 2026: ante las apelaciones del Ejecutivo, que mantiene una política de fuerte recorte del gasto público, el conflicto ha escalado hasta la Corte, que deberá emitir una definición final sobre la ejecución de la ley presupuestaria.
En paralelo, el Congreso de la Nación debate el Presupuesto 2026, donde se discuten proyectos para resolver el déficit estructural, el financiamiento de obras públicas y la normalización de las partidas para el personal universitario.