Lavado: contadores de Suris repararán el daño con millonarias “donaciones”
Rogelio Chanquía y Tomás Goenaga pagarán más de $40 millones al hospital Penna e INCUDI. Otro acusado, Nicolás Ibarra Gutiérrez, recibió 3 años de prisión en suspenso.
Audionota: Romina Farías
La causa en la que se investiga el presunto lavado de activos por parte de Juan Ignacio Suris tuvo algunas definiciones.
La Justicia admitió la condena a prisión en suspenso de uno de los imputados y el acuerdo para que otros dos procesados aporten importantes sumas de dinero en favor de un hospital y una institución que asiste a personas discapacitadas.
Se cree que Suris, condenado por narcotráfico y asociación ilícita fiscal (facturas truchas), ingresó al circuito comercial legal, mediante la adquisición de diversos bienes y constitución de sociedades, el dinero proveniente de la comisión de esos dos delitos.
Para concretar esas maniobras se habrían valido de la estructuras de las firmas Scarsur Bahía SA, E&J Argentina SRL, MMagna SRL, CPV Industria SA, Crear Visión SA, Attimo Bahía Blanca SA y Brocker Group SA y de la adquisición de más de 10 vehículos (varios de alta gama) respecto de los cuales Suris se encontraba autorizado para su conducción o había contratado las pólizas de seguro sin ser su titular.
También se descubrieron importantes acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de las mencionadas firmas, por más de 14 millones de pesos.
Esta investigación se inició en 2012, a raíz de la extracción de testimonios en la causa seguida a Suris por la venta de drogas
Se estima que Suris, con el lavado, alcanzó réditos millonarios, así como un incremento patrimonial que no pudo justificar.
En ese supuesto entramado habrían intervenido, como partícipes necesarios, los contadores Rogelio Alberto Chanquía y Domingo Tomás Goenaga, junto a Nicolás Ibarra Gutiérrez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Fabio Héctor Crucianelli.
Acuerdo
Respecto de los dos profesionales, el Tribunal Federal de Juicio de la ciudad admitió el acuerdo entre la fiscalía y los defensores sobre la reparación del daño producido, según los hechos atribuidos en la elevación a juicio de la causa.
Chanquía aceptó realizar una “donación” de 23.726.757,80 de pesos (lo abonará en 24 cuotas) en favor del área de Neonatología del hospital Penna, que resultó especialmente afectada en la inundación del 7 de marzo del año pasado.
Goenaga, en tanto, acordó la entrega de 20.459.000,74 pesos (en 15 cuotas) al Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (INCUDI).
El juez José Fabián Asis señaló que “los imputados no revestían la calidad de funcionario público, los hechos no se vinculan con contextos de violencia o discriminación, ni se advierte contradicción con normativa nacional o internacional aplicable”.
Agregó que “el Ministerio Público Fiscal ha ponderado que el acuerdo celebrado por las partes constituye una vía idónea para reparar el daño ocasionado y dar respuesta adecuada a los fines del derecho penal, en consonancia con los principios de proporcionalidad y razonabilidad”.
Firmas y maniobras
En otro tramo del fallo, el magistrado aceptó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público y el abogado defensor de Ibarra Gutiérrez.
Según la imputación, al menos entre 2008 y 2013, el sujeto intervino en el lavado de activos “mediante la conversión, transferencia, administración, venta, gravamen o disimulación de bienes provenientes de ilícitos cometidos por Juan Ignacio Suris, entre otros”.
Los investigadores determinaron que junto a este último constituyó cuatro firmas, las que no desarrollaban actividades por las cuales se encontraban registradas.
En esas circunstancias habrían emitido y comercializado facturas, librado cheques, recibido acreditaciones bancarias y adquirido dólares.
El juez sostuvo que de la prueba reunida se estableció que Ibarra Gutiérrez “integraba el círculo de personas que colaboraban con el beneficiario de las maniobras de lavado de activos, Juan Suris, prestando su intervención en distintas operaciones vinculadas con la canalización y circulación de los fondos de origen ilícito, de forma tal que se disimulara y ocultara el origen y titularidad de tales fondos”.
Agregó que “no registraba actividades comerciales lícitas que justifiquen la adquisición de bienes, ni declaraba ganancias, habiéndose debidamente comprobado (por sentencia firme) el desarrollo de dos ilícitos precedentes de los cuales surgieron los bienes objeto de las operaciones de lavado”.
Por ello le impuso una pena única de 3 años de prisión en suspenso (había sido condenado por el delito de asociación ilícita fiscal) y una multa de unos 7 millones de pesos.
Por decisión judicial, y dentro de las reglas de conducta impuestas, el acusado acordó donar 400 mil pesos en favor de una entidad de bien público y reparará el daño causado con el pago de unos 12 millones de pesos.
Preso y esperando el juicio
En la cárcel. Juan Ignacio Suris se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza. donde aguarda el juicio oral en la causa por lavado de activos. Fuentes judiciales indicaron que aún no hay fecha establecida para la realización del debate.
Arresto. A fines de noviembre de 2023, y tras la condena a 5 años de cárcel en la investigación de asociación ilícita fiscal, Suris fue detenido en la localidad santafesina de Esperanza.
Otras penas. En esa causa también fue condenado Ibarra Gutiérrez, a tres años de prisión en suspenso y el cumplimiento durante el mismo tiempo de reglas de conducta. En tanto, la Justicia fijó suspensión de juicio a prueba en favor de Goenaga.