Tareas comunitarias y multa a una médica de PAMI por cobros indebidos
La Justicia Federal de Bahía Blanca aceptó la probation a favor de Marina Castelluccio, quien ejerce en Coronel Suárez.
Una médica que ejerce en la ciudad de Coronel Suárez tendrá que pagar un resarcimiento económico y, a su vez, realizar tareas comunitarias a fin de evitar un juicio oral por cobros indebidos como doctora de cabecera del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Se trata de la doctora Marina Castelluccio, de 40 años de edad, a quien se le impuso una sanción de 2 millones de pesos a modo de reparación y la obligación de colaborar, durante un año -y a razón de dos horas semanales- en el área Materno Infantil del Hospital Municipal de Coronel Suárez.
La medida, conocida como probation, fue dispuesta por el juez federal Nº 1 de nuestra ciudad, Walter López Da Silva, tras el acuerdo al que llegaron la defensa de la mujer y la fiscalía, desde donde pretendían avanzar hacia el procesamiento de la facultativa, aunque aceptaron una salida previa al debate oral y público.
Para esta resolución se tuvo en cuenta lo que establece el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal.
Esa normativa está referida a las soluciones alternativas "que mejor se adecuaran al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social".
La denuncia
La causa judicial se había iniciado con la comunicación de una denuncia efectuada por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos en el ámbito del PAMI.
Daba cuenta de que Castelluccio, como médica de cabecera de la institución asistencial, "exigía indebidas sumas de dinero a los afiliados del INSSJP de la ciudad de Coronel Suárez, como contraprestación de consultas, emisión de recetas de prescripción de medicamentos, estudios y diversas prácticas, siendo que todas ellas tenían cobertura íntegra de la obra social".
El 29 de abril pasado se realizó una audiencia para formalizar la suspensión de juicio a prueba y la defensa de la médica propuso el citado resarcimiento y el destino de las tareas comunitarias, medida que fue aceptada por la acusación, teniendo en cuenta que la acusada ya trabaja en el Hospital Municipal de Coronel Suárez, dedicada a la atención de consultas por diabetes.
"Atento a las características del hecho imputado, el consentimiento expreso brindado por el titular de la acción pública (fiscal) y en consideración a la ausencia de antecedentes penales (de la imputada)y la razonabilidad de la reparación ofrecida, corresponde conceder la suspensión del juicio a prueba", expresó el juez López Da Silva en el fallo.
A un merendero
En cuanto al dinero que tendrá que entregar la acusada, se definió que será donado -en dos cuotas iguales de un millón de pesos- al merendero Agrupación Movimiento por los Niños.
La primera de las dos cuotas, en carácter de reparación del daño causado, se tendrá que pagar dentro de los 10 días posteriores a que el fallo adquiera firmeza y la siguiente, a los 30 días siguientes.
Por otra parte, a Castelluccio se le fijaron distintas reglas de conducta que tendrá que cumplir durante un año. Entre ellas figuran la fijación de residencia, de la que no podrá ausentarse por un plazo mayor a las 48 horas, salvo que se comunique con la secretaría del juzgado.
La medida judicial, dispuesta por el Juzgado Federal Nº 1, rige por el plazo de un año.
De cumplir la profesional con todas las reglas que se le impusieron y, una vez superado el término fijado, será sobreseída definitivamente.