La increíble historia de la cooperativa Eéctrica que jamás pudo generar energía
Aunque tuvo una rápida aceptación entre los vecinos y una fuerte inversión de empresarios locales, la intención no logró ver la luz.
Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.
En 1934, un grupo de vecinos imbuidos con el cooperativismo, buscando abaratar precios y prestar el mejor servicio posible fundó la Cooperativa Eléctrica de Bahía Blanca, con el objetivo de producir, introducir, transportar, distribuir y vender energía eléctrica en la ciudad.
Liderado el emprendimiento por Víctor Maronna, uno de los fundadores de la Cooperativa Obrera, ese mismo año comenzó la conscripción de socios-accionistas, logrando una respuesta inmediata, al punto que en pocos meses sumó 4 mil asociados, entre los que se contaban Francisco Cervini, Agustín de Arrieta, Florentino Ayestarán, Francisco Ferrández, Ramón Olaciregui, Juan Campaña y Julio Simón, entre otros.
Un año después se adquirió un amplio terreno en avenida Colón y Teniente Farías y se contrató con el ingeniero Luis Heres el proyecto de la usina, que desde lo estético fue resuelto con líneas art decó, un estilo muy relacionado con la modernidad y la energía.
Mientras se avanzaba con la obra, los directivos realizaban los trámites para obtener la habilitación correspondiente. Nunca imaginaron que su objetivo jamás vería la luz.
Dos vetos
En febrero de 1937 el Concejo Deliberante (CD) elevó a consideración del Departamento Ejecutivo la ordenanza autorizando a la cooperativa eléctrica a generar y distribuir electricidad.
Todo parecía andar sobre rieles, hasta que el jefe comunal, Martín Dithurbide, vetó la normativa. De acuerdo al contrato de 1926, en el cual el municipio concesionó esa prestación a la Italo Argentina (CIAE), no se podía dar lugar a ninguna otra compañía que elaborara electricidad. Fue el principio de un conflicto sin fin.
Si bien el CD adecuó la ordenanza buscando quebrar esa limitación, Dithurbide se encargó de vetarla por segunda vez.
Los directivos cooperativistas recurrieron a la justicia para que revisara aquella concesión y pidió se identificara a quienes entregaron, “atada de pies y manos a la comuna”, el predominio y monopolio de la electricidad.
En 1937 quedó terminado el edificio, organizado con una gran sala para motores, otras para repuestos y depósitos y un sector administrativo. Un tanque elevado de 80 mil litros marcaba la presencia del edificio y garantizaba el funcionamiento de las máquinas todo el año, una instalación de 800 HP con capacidad de generar energía para todo el partido.
Sin embargo el tiempo fue transcurriendo sin obtener un resultado favorable y para colmo de males en 1940 el gobernador Manuel Fresco aprobó una nueva ley, por la cual estableció que las cooperativas sólo podían prestar servicios en zonas rurales o a poblaciones de hasta 2 mil habitantes.
Cuando todo parecía perdido de manera definitiva apareció un nuevo escenario. En 1948 el gobierno de Juan Domingo Perón estatizó el servicio, promoviendo que fueran las cooperativas locales las que se hicieran cargo de la distribución, compensando las falencias y los altos precios de las empresas extranjeras.
En ese contexto se creó la Empresa de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (CEP), que en realidad no terminó de generar ventaja alguna para las cooperativas, salvo, según dijeron sus directivos, “la dudosa manera de sentir el patriotismo únicamente diciendo que la prestación ahora era argentina”.
Cambio de rumbo
La Cooperativa eléctrica entendió que debía encontrar alternativas que le permitiesen mantener su existencia. Así, en 1951 amplió el alcance de sus funciones, sumando dos actividades: servir como frigorífico –incorporando cámaras de frío— y montar una fábrica de hielo, elemento de altísima demanda.
Se implementaron las modificaciones necesarias en el edificio, se montaron seis cámaras de frío y con el producido de las nuevas actividades se pudo mantener en operatividad y sostener a sus 5 mil socios.
Hubo en el medio rumores sobre una posible expropiación, la posibilidad de instalar en el lugar la escuela de la policía provincial y hasta se habló de ceder el edificio al Instituto Tecnológico del Sur.
En el verano de 1957 la cooperativa produjo 90 mil barras de hielo mientras que las cámaras estaban completas con frutas, quesos, jamones, lechones y aves.
Más allá de ese nuevo rumbo, la entidad nunca renunció a la posibilidad de generar electricidad.
De hecho, en 1958 obtuvo un permiso provincial para prestar ese servicio a los barrios suburbanos, con la condición de realizar un tendido de cables subterráneo, una obra que excedía sus recursos económicos.
En los 60 la entidad tuvo un cambio significativo al ser adquirida por la Cooperativa Obrera, sumando la venta de fruta al menudeo e incorporando un sector a la venta de electrodomésticos. También montó un espacio de juegos infantiles y una biblioteca especializada en temas cooperativos.
Fue la última actividad de la entidad. En 1969 puso punto final a su existencia, el edificio fue subastado y demolido en 1973 para dar lugar a una fábrica de galletitas y tiempo después salió a remate el terreno residual.
Se cerró así una historia de casi 40 años, un esfuerzo sostenido por brindar electricidad a precios ventajosos que no pudo doblegar a un intrincado entramado social, político y burocrático.