Reclaman por décadas de demora en una demanda por mala praxis

Redacción de La Nueva.

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El 24 de mayo de 2001, a la odontóloga Edith Andrea Cassotana (32) se le practicó en nuestra ciudad una cirugía videolaparoscópica ginecológica de quistectomia, por un tumor en la región uterina. 

Un día después recibió el alta en el Hospital Raúl Matera, pero a las pocas horas de llegar a su domicilio comenzó a sufrir intensos dolores abdominales.

Trasladada a la guardia por su marido, le dieron analgésicos, pero no hubo ningún estudio, teniendo en cuenta su situación de posoperatorio.

En esa condición estuvo hasta el 26 de mayo, cuando sufrió una nueva indisposición y su médico de cabecera, en interconsulta con el terapista de guardia, ordenó una seria de controles clínicos.

De esa manera se determinó que la paciente tenía líquido en la cavidad abdominal, con lo cual fue sometida a una nueva intervención por diagnóstico de "abdomen agudo".

En ese marco, y luego de que el anestesista diera el visto bueno para iniciar la operación, Cassotana sufrió un paro cardiorrespiratorio, debido a una "broncoaspiración" por "haberse efectuado incorrectamente la intubación".

La mujer sufrió hipoxia (falta de oxígeno) y, pese a las maniobras de reanimación, resultó con lesión del tallo encefálico y entró en un coma que se tradujo en un "estado vegetativo persistente".

Más de 4 años después, el 15 de diciembre de 2005, falleció sin haber recuperado nunca la conciencia.

Toda esta desgraciada crónica de una intervención que debía ser de rutina y terminó en tragedia quedó confirmada en una causa penal que concluyó con un fallo condenatorio. 

En julio de 2008, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía sentenció al médico José Luis Castaldi y al anestesista Oscar Rubén Saucedo a cumplir un año y medio de prisión en suspenso, más 5 años de inhabilitación para desempeñar su profesión.

Sin embargo, al año siguiente, el Tribunal de Casación Penal confirmó la sentencia a Saucedo, pero absolvió a Castaldi.

¿Falta una pericia?

A más de 20 años del terrible caso, la familia de la odontóloga sigue esperando una respuesta de la Justicia en lo Civil y Comercial, por la demanda por daños y perjuicios que motivó la mala praxis.

La insólita demora, según reconoció a La Nueva. un sobrino de la víctima, se debe a que todavía se espera que algún médico acepte el cargo para realizar un peritaje necesario para definir responsabilidades.

El sobrino de Edith vive en Gualeguay, Entre Ríos, de donde también era oriunda su tía.

Contó que ella, luego de estudiar en La Plata, llegó a Bahía por razones sentimentales y se casó con un ingeniero.

"Hubo reclamos civiles de los padres y del marido de Edith. Se unificaron los expedientes en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 8, a cargo del juez Darío Graziábile", aclaró el hombre, que prefirió mantener en reserva su nombre.

"Desde el 21 de julio de 2022 se pide un peritaje ginecológico, pero ningún médico acepta el cargo. En las notificaciones argumentan que no los encuentran, que cambiaron de domicilio o directamente que lo rechazan. El tema es que el expediente ya tiene un peritaje, donde un médico da su opinión, además de la causa penal, que ya tuvo condena", sostuvo.

"Nos está matando"

Contó que sus abuelos (padres de Edith) y su madre y otra tía (ambas hermanas de la odontóloga) ya fallecieron y que él, junto a un primo, busca asumir el reclamo porque su padre (de 73 años) "ya está cansado de renegar".

"Nos dan bronca por todas las injusticias que vemos con la Justicia en la Argentina. No es porque uno quiera agarrar un mango, es porque queremos terminar con esto y cerrar la etapa", dijo.

"¿Cuánto debe esperar una familia para obtener justicia completa? El caso de Edith no solo expone errores médicos, también deja en evidencia otra herida profunda: la demora judicial que prolonga el dolor. Este juicio nos está matando a todos", aseguró.

El sobrino, por último, recordó gratamente a su tía porque, de chico, pasó muchas vacaciones con ella, tanto en Bahía como en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana.

"Yo era el hijo que ella no pudo tener", expresó el hombre.

Negligencia

Acreditado. Para el tribunal penal se probó que "desde el momento de la primera operación" se sucedieron "actos u omisiones que reflejan palmariamente la negligencia e impericia" de quienes atendieron a la paciente. 

Conocedora. Los jueces marcaron que Cassotana, por ser profesional de la materia, "tenía plena conciencia de los dolores que sufría y de ahí su decisión de reinternarse a poco del alta", casi como "un ruego implorante". El control no se hizo en tiempo y forma, entendieron los jueces.

Intubación. En el caso del anestesista, para la Justicia se acreditó que "por mala o incorrecta intubación" se provocó que, ante una broncoaspiración de la mujer, se sucediera un paro cardiorrespiratorio y las lesiones cerebrales.