Crecen las suspensiones: ¿qué pasa con los juicios por jurados en Bahía?

Redacción de La Nueva.

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Cómo nunca pasó desde que se instauró el sistema, hace casi 10 años, Bahía vive una situación de creciente preocupación por la suspensión recurrente de los juicios por jurados (jxj).

El sistema que la provincia habilitó en 2015 prevé que ciudadanos no letrados intervengan en la definición de causas por delitos graves, siempre y cuando el acusado no renuncie al mecanismo y decida ser juzgado por jueces profesionales.

Nuestro departamento judicial (va desde Tres Arroyos hasta Patagones) es el que más jxj organiza. No hay una explicación lógica de por qué acá los imputados optan por esta vía y no el juicio tradicional, como en otros lados.

Casi el 20% de los más de 650 jxj que se hicieron en toda la provincia en estos 9 años fueron en nuestro medio y Tres Arroyos, las únicas dos sedes habilitadas de la jurisdicción.

El problema es que se agravó una situación que se advertía a fines de 2023: en lo que va del año (tras la feria judicial de enero) se suspendieron todos los jxj programados. 

Se trata de la resolución de un asalto con armas a un comercio céntrico, el abuso a una mujer en Cerri por parte de su medio hermano, la venta de drogas de dos personas en Tornquist y un intento de homicidio consumado en Pringles.

Cuánta plata destina la provincia a los juicios por jurados

En todos esos casos -más allá de algunas razones particulares- no se llegó a reunir la cantidad de 48 preseleccionados necesarios para confirmar el jurado de 12 titulares y 6 suplentes, repartidos por género en cantidades iguales.

En 2024 pueden ser jurados los argentinos (de entre 21 y 75 años) con 6 terminaciones de DNI 190, 285, 448, 537, 798 y 987. 

"A mi se me suspendió un juicio. No sabemos por qué no van los jurados. Se presenta la mitad o menos y, además, cada parte interviniente puede recusar sin causa a 4 de los candidatos, porque entiende que puede perjudicar su 'teoría del caso'. Y como se tiene que integrar con 6 mujeres y 6 hombres, muchas veces no se llega", explicó el fiscal Marcelo Romero Jardín.

Para el defensor oficial Carlos Carnevale, quien impulsa el sistema, "no hay una respuesta clara ni una solución a este fenómeno que se da en la ciudad".

"La infraestructura organizativa de Bahía, como todos los departamentos judiciales, no está preparada para este número de juicios por jurados. El fenómeno se da solo en Bahía y por ese motivo no hay una preocupación especial de la Corte, porque no pasa en el resto de la provincia", sostuvo.

Cotejo con Mercedes

A modo comparativo -por cantidad de habitantes y conflictividad- el departamento judicial Bahía Blanca suele compararse con el de Mercedes, donde tienen un promedio de apenas 3 o 4 juicios por año, prácticamente los mismos que se hacen en nuestro medio por mes.

"Para mi la cantidad desproporcionada de juicios por jurados incide en esta cuestión. Seguimos siendo el departamento que más hace y tenemos mucha menos población que otros", remarcó Carnevale.

Cada jurado tiene que ser remunerado. Los trabajadores en relación de dependencia tienen justificada la ausencia los días del juicio, mientras que al resto se le paga por cada día.

"Tal vez incida la informalidad laboral, aquellos que creen o saben que si no trabajan, no cobran o pueden ser despedidos. Tampoco descarto que haya temor en quienes nunca fue a un juicio", especuló Romero Jardín.

Carnevale sostuvo que también puede existir un "efecto cadena" y que aquellos que fueron a un juicio que se suspende deciden no ir ante la próxima citación porque "sienten que perdieron el tiempo por culpa de otros".

El defensor sostuvo que no tienen información sobre una eventual desactualización en pagos, teniendo en cuenta la inflación imperante y que, al menos en el corto plazo, no es viable la creación de un registro voluntario de jurados porque la ley no lo habilita.

Revisar la normativa

El fiscal Romero Jardín fue más allá de las suspensiones y consideró necesaria una reforma legal.

En principio consideró que se debería limitar el jxj a casos muy graves (solo homicidios), tal como sucede en los Estados Unidos, y que la víctima tendría que tener "voz y voto".

"La víctima no es escuchada, decidir por un juicio u otro es un derecho del imputado. Por ejemplo, una víctima de abuso sexual tiene que ir a declarar lo que le ocurrió antes 12 desconocidos porque así lo eligió el imputado. La tendencia actual, en general, es que se escuche la opinión de la víctima en todas las etapas del proceso. Son cuestiones que entiendo deberían ser revisadas por nuestros legisladores", explicó el acusador.

También opinó que sería necesario subir penas para delitos graves, como asociación ilícita y casos de corrupción, que hoy no alcanzarían el piso para ser sometidos a jxj (de 15 años) e insistió con la idea de "ser más cuidadosos" con los delitos sexuales, porque se puede estigmatizar o revictimizar a una persona.

Problemas con las notificaciones

Dificultad. En la Justicia notan inconvenientes con la notificación de los postulantes (no los encuentran en los domicilios registrados) y hay deserciones por temas de salud (muchos alegan ataque de pánico).

Franja etaria. Participan los más jóvenes y los adultos mayores. El "ausentismo" se nota en la franja de 30/50 años. Muchos de los participantes llegan con expectativas negativas y se van con imagen positiva.

Complejidad. En los tribunales también advierten complejidad para reprogramar los juicios suspendidos porque (al habilitar el jxj solo determinados delitos) son pocos los fiscales que participan y tienen problemas de agenda. También la existencia de una sola sala habilitada para tal fin complica la cuestión.