Cuánta plata destina la provincia a los juicios por jurados

Redacción de La Nueva.

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A casi 10 años de una ley que cambió el paradigma del sistema de enjuiciamiento en la provincia de Buenos Aires, poco se sabe de uno de los flancos más criticados de los juicios por jurados: su costo. 

Entre los tantísimos servicios que absorbe el Estado figura este mecanismo de Justicia que se ha ido extendiendo a lo largo de casi la mitad de las provincias argentinas.

El modelo, contemplado por la Constitución Nacional desde 1853, se puso en marcha  en nuestro territorio, de manera efectiva, en marzo de 2015. 

Prevé la intervención de 18 jurados populares (12 titulares y 6 suplentes) en juicios por delitos con penas graves, siempre que el acusado no renuncie a esa posibilidad y decida ser juzgado por jueces técnicos.

El sistema, que con el correr de los años se fue aceitando y le permitió a muchas personas de a pie tener una percepción distinta del Poder Judicial, funciona en forma paralela al que ya estaba instalado: quiere decir que no se dejó de pagarles a los jueces profesionales por no intervenir en esos casos, sino que se tiene que destinar un presupuesto especial desde aquella fecha.

Ese punto fue uno de los blancos predilectos de quienes critican los jxj, no por su objetivo en sí sino porque los consideran onerosos.

La función de cada uno de los 18 jurados es remunerada.

Si son trabajadores independientes o desempleados deben percibir 17.910 pesos diarios -valor de dos JUS (medida de arancel en derecho), que en julio pasará a 19.900 pesos-, mientras que los trabajadores en relación de dependencia no son retribuidos pero tienen justificado faltar a su trabajo (por carga pública), aunque al empleador no le compensan esa ausencia.

Por otro lado, se cubren las distancias a recorrer (hay jurados que viajan a otros lugares de su departamento judicial), la comida y hasta el alojamiento, de ser necesario.

A tal fin, la Suprema Corte de Justicia dispone de una partida especial prevista en el presupuesto correspondiente.

Promedio en 2022

La ley 14.543, votada en 2013, prevé todas estas variables de costo, pero hoy, a 8 años de su inicio, muy pocos saben cuánto destina la provincia para su funcionamiento.

La Nueva. tuvo acceso a datos de la Oficina Central de Juicios por Jurados dependiente de la Corte bonaerense.

Cada juicio por jurados, en promedio, salió 394.055,81 pesos en 2022 (costo total superior a 60 millones de pesos), un 60% más que en 2021, cuando la media dio 250.027 pesos por juicio.

El año pasado, según la misma fuente, se contabilizaron 136 debates y, desde 2015 hasta mediados de abril último, sumaron 557.

Bahía es el distrito judicial con la mayor cantidad de jxj, aunque el promedio de gasto fue algo inferior al provincial, ya que ascendió a 377.426,09 pesos por cada juicio, con un costo global de 12,8 millones de pesos en 2022.

Sin embargo, este año se dieron algunas particularidades, como un solo juicio que costó casi 1,8 millones de pesos (más que lo que se había destinado para Bahía en todo 2021, que fue 1,5 millones).

Se trata del jxj por la causa 216/22 (a una pareja acusada de abusar sexualmente de la hija de la mujer), realizado en Tres Arroyos entre el 18 y el 21 de abril pasados que, para colmo, quedó "estancado" y deberá hacerse de vuelta.

Quiénes podrán ser jurado en los juicios que se harán este año

"Jurado estancado" quiere decir que hubo 9 votos por la culpabilidad, pero no los suficientes para lograr una condena (se necesitan 10 de 12), pero tampoco para la no culpabilidad (debían ser hasta 8).  

Ese juicio costó 1.726.986 pesos, porque se incluyó el traslado y hospedaje de los jurados desde Bahía y otras ciudades a Tres Arroyos -durante 4 días-, más los viáticos de la jueza técnica que lo condujo (doctora María Mercedes Rico, de nuestra ciudad), entre otras erogaciones.

Otros fondos

Desde la Corte aclararon que cada departamento judicial (la provincia está dividida en 19) cuenta con artículos de limpieza, refrigerio y librería que pueden ser usados en cada jxj; con vehículos oficiales para los traslados y con agentes de viaje. Todo eso no está incluido en el gasto anterior.

Los jurados reciben la compensación en especie y/o efectivo o vía transferencia en el caso de que la persona se encuentre bancarizada.

En el comienzo y en el final de la pandemia -durante el aislamiento fuerte no hubo jxj- se dieron inconvenientes para notificar a jurados potenciales, hecho que provocó algunas suspensiones.

Desde la Oficina Central en La Plata reconocieron que con los domicilios aportados por el RENAPER se redujo el porcentaje en cuanto a las fallas en la notificación.

Y en los últimos 3 años, a su vez, también se observa un índice en descenso con respecto al rubro de las deserciones.

Los "defensores"

Cuando se alude al costo de los juicios por jurados, los defensores del sistema afirman que se trata del resultado de una decisión política -ya existente en la Constitución Nacional- que buscó una alternativa de justicia "con mayor legitimidad" ante un mecanismo (el tradicional) que no encuentra resultados satisfactorios.

También advierten que no fue necesaria una inversión superior en cuanto a infraestructura porque, salvo excepciones, se utilizan las salas de juicio que ya venían funcionando y que el porcentaje del presupuesto destinado a tal fin es ínfimo, inferior al 1% de la caja que administra la Corte.

Por otro lado observan que no es justo solo abordar la comparación nominal en términos de costos porque, lógicamente, los juicios por jurados son más complejos de organizar pero -siempre según los defensores- otorgan mejoras en las condiciones de litigio, son de jornadas contnuas y completas -más rápida resolución-, dan legitimidad al sistema de administración de justicia y tienen una percepción positiva en la sociedad.

También señalan que analizar la situación por un juicio estancado (es excepcional) "resulta tendencioso" y que los pocos que se "estancan", en general, no vuelven a hacerse porque se terminan acordando medidas alternativas, como un juicio abreviado.

Requisitos de la ley

Delitos. Los acusados de delitos graves (penas de más de 15 años de prisión) van a juicio por jurados, salvo que renuncien para ser juzgados por jueces técnicos.

Requisitos. Los jurados populares (surgen de terminaciones de DNI sorteadas por la Lotería) tienen una preselección previa al juicio (quedan 12 titulares y 6 suplentes). Deben tener entre 21 y 75 años y ser argentinos nativos o naturalizados.

Impedimentos. No pueden participar quienes tienen cargos públicos, legisladores, fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario, abogados, procuradores o escribanos, ministros de cultos religiosos y condenados o imputados con proceso en trámite. 

Salud. Tampoco se acepta a quienes no están en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, que no gozan de aptitud física y psíquica.