Más de 100 condenados pidieron prisión domiciliaria en Bahía

Redacción de La Nueva.

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   Un total de 103 presos de las cárceles de Bahía Blanca y Saavedra, que están formalmente condenados, pidieron el arresto domiciliario en el marco del avance del coronavirus y desde la justicia se confirmó que analizan caso por caso, es decir que no habrá beneficios masivos en medio de la pandemia.

   Se trata del 15% de los aproximadamente 700 penados que hoy están detenidos en las unidades N° 4 y 19, a disposición de los Juzgados de Ejecución Penal N° 1 y 2, los dos actualmente a cargo del doctor Claudio Brun.

   De ese total, unos 15 reclamos entraron en etapa de resolución y algunos se darán a favor y otros en contra de los internos.

   Paralelamente se multiplican las solicitudes de los procesados, que no están concentrados en un solo organismo (como los que ya tienen pena firme) sino que son atendidos por distintos juzgados y tribunales orales, con lo cual no hay posibilidades de obtener un dato certero.

   Antes de tomar la decisión individual con respecto a los condenados, el doctor Brun analiza dos aspectos clave: el informe médico del Servicio Penitenciario Bonaerense (para saber si se trata de un recluso incluido entre los factores de riesgo por el COVID-19) y la pericia socioambiental (cuál es el domicilio propuesto, si es aceptado en ese lugar y quién lo va a contener).

   Previo a la resolución, el juez le corre traslado a las partes (fiscal y defensor).

   "La gravedad del delito, la pena en expectativa y el grupo social conviviente del interno son otros elementos que se valoran", sostuvo una fuente judicial.

   Brun viene manteniendo charlas, a través de Skype, con grupos de reclusos de las cárceles regionales, a fin de ponerlos en conocimiento de la situación y para advertirles que "algunos van a obtener la morigeración y otros no".

   Otorgado el beneficio, el SPB tiene que instrumentar, en menos de 24 horas, el traslado del reo.

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   En caso de ser rechazado, el abogado puede apelar la medida al Tribunal de Casación.

   Hace algunos días, y en medio de la suspensión de la visitas a los presidios, Casación dispuso que los internos tengan la posibilidad de comunicarse a través de teléfonos celulares con su familia.

   Esta medida ya despertó críticas porque algunos detenidos -de otras cárceles- usaron la vía para amenazar a sus víctimas. 

   Es el caso de la diputada Carolina Píparo, quien recibió mensajes intimidatorios del hombre que la asaltó y le disparó durante una salidera bancaria en 2010 en la capital provincial, provocando el fallecimiento del bebé que gestaba.

Un gran esfuerzo

   El juez de Ejecución Penal y su personal están trabajando sin feriados ni fines de semana, atento a la gravedad y la urgencia de la problemática.

   Desde hace casi 20 días se redujo el cuerpo de empleados, por resolución de la Corte bonaerense, y están trabajando con la planta mínima.

   También implementaron el expediente electrónico (digital) para transmitir toda la información por vía tecnológica, inclusive las vistas a fiscales y defensores, y de esa manera evitar el uso de papel, elemento de riesgo para la propagación del virus.