Pandemia: prisión domiciliaria a dos acusados de abuso sexual en Bahía
La medida fue dispuesta hoy por el Tribunal de Casación bonaerense, luego de que la Cámara Penal local lo rechazara. Los dos procesados están dentro del grupo de riesgo.
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
Dos hombres mayores, que están detenidos en la cárcel de Villa Floresta por sendos abusos sexuales, recibieron hoy el arresto domiciliario en medio del avance de la pandemia por el coronavirus, al formar parte de los grupos de riesgo.
El fallo fue dictado por el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación Penal bonaerense y se dio en medio de una catarata de planteos en el mismo sentido, varios de los cuales aún tienen que resolverse.
En primera instancia, y en este contexto, la jueza de Garantías Susana Calcinelli había otorgado la morigeración, aunque la Sala II de la Cámara Penal bahiense revocó la medida. Sin embargo, la defensoría oficial llevó el habeas corpus a Casación y el tribunal platense volvió a la primera decisión.
La resolución benefició a Ricardo Roberto Moreyra, de 68 años, detenido en septiembre de 2017 por un abuso sexual gravemente ultrajante en nuestro medio, y a Diego Ángel Montiel, de 63, quien fuera aprehendido en abril del mismo año en Cabildo y por un delito similar.
Problemas respiratorios
Los dos padecen importantes problemas respiratorios, como asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), encontrándose entre los factores de peligro, y más teniendo en cuenta la sobrepoblación y las deficientes condiciones carcelarias.
La Cámara bahiense —con los votos de los doctores Guillermo Petersen, Alfredo Mones Ruiz y Guillermo Rodríguez— rechazó los pedidos en ambos casos por considerarlos prematuros, al entender que las autoridades de la cárcel habían dispuesto medidas para aislarlos y testear su situación.
Sin embargo, en la alzada, el doctor Violini tuvo en cuenta el grave marco actual, la situación de los internos y también un informe que presentó el jefe de servicio de Sanidad de la UP4.
En esa comunicación, del 27 de marzo pasado, se concluye que ante el eventual ingreso del COVID-19 en la prisión local "la asistencia médica de los pacientes de riesgo se vería dificultada por el colapso del sistema de salud".