Alberto Fernández y su enojo con un periodista por una causa judicial bahiense
La discusión se generó tras un artículo por la supuesta usina de facturas truchas que involucra a Lázaro Báez y empresarios locales.
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A través de la red social Twitter, el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, arremetió contra un periodista capitalino que dejó entrever un posible caso de tráfico de influencias en la causa por facturas truchas que se tramita contra Lázaro Báez en la Justicia Federal de Bahía Blanca.
Los dardos fueron hacia Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, quien publicó un artículo sobre la causa local y supuestas trabas para avanzar hacia los procesamientos de Báez y otros acusados por la presunta intervención de un allegado a Fernández, el abogado Adrián Martín Rois.
El abogado Martín Roig es afín al presidente electo (foto La Nación)
“En la Argentina vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los operadores judiciales”, los “operadores mediáticos” y los jueces y fiscales que “operan” para poderes mediaticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sábelo @halconada”.
También dijo que en su vida académica trabajó con abogados que ejercen su profesión pero que Alconada Mon sabe que “en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno”.
“Es miserable atribuirme mover influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando hacer periodismo”, agregó el presidente.
La causa
La investigación en nuestra ciudad se inició en 2014, por una supuesta asociación ilícita tributaria que un grupo de empresarios desarrolló, con movimientos contables por más de $600 millones, en vinculación con causas que se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py.
El abogado Roig figura como asesor legal de Néstor Manuel Piñeiro, titular de la financiera Crediba, que podría estar involucrada en la operatoria.
El periodista aseguró en una nota en La Nación que Rois se reunió “con varios protagonistas de la operatoria y con el secretario del juzgado federal”, y que finalmente asumió la defensa de Piñeiro.
“Jamás he dicho ni he hecho nada impropio durante el desarrollo de mi trabajo, lo que configuraría un delito", remarcó Roig al desmentir las acusaciones.
¿Más pericias?
Mientras tanto, el fiscal Antonio Castaño, al recibir vista de la causa luego del pedido de sobreseimiento a favor del financista, pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas una pericia contable a cargo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de analizar “la documentación oportunamente secuestrada”.
También quiere saber “si las personas físicas y jurídicas con las que se ha vinculado a la empresa Crediba S.A. en los presentes actuados se encontraban debidamente dadas de alta, registradas en la AFIP-DGI sin restricciones”.
Además, solicita que resuelvan si “realizaron operaciones habituales y razonables al objeto social de los clientes” y si “realizaron declaraciones juradas de licitud de los fondos”.
En el escrito que presentó, el fiscal Castaño, por último, opinó que “la causa debe continuarse según su estado”.
Repudio de Adepa
La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina repudió esta tarde los dichos de Fernández.
"Reivindicamos el derecho de cualquier persona a ejercer su réplica frente a una publicación periodística y aún a cuestionarla en duros términos", manifestaron en la cuenta de Twitter de la Asociación.
A su vez, justificaron su postura: "Utilizar giros descalificatorios para definir a un profesional por no estar de acuerdo con lo que publica, tiene un efecto intimidatorio y estigmatizante hacia el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, que no puede ser pasado por alto".