Facturas truchas: 6 claves para saber cómo operaban las usinas bahienses

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   El informe que las autoridades de la AFIP le entregaron la semana pasada a la Justicia Federal de Bahía Blanca, en el marco de la causa por la asociación ilícita fiscal que supuestamente lideraba Lázaro Báez, concluye que la investigación judicial estuvo paralizada más de un año en Bahía, que existió una "colonización" de todo el aparato de control del Estado y una "clara y manifiesta actitud disvaliosa" de exautoridades del propio organismo de ingresos públicos para permitir la millonaria evasión. "Una suerte de 'protección' en el peor sentido del término", se indica.

   Pese al hermetismo del juzgado, "La Nueva." tuvo acceso al análisis -de 69 fojas- que firman Jaime Mecikovsky, subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP y Camilo Manuel Merino, director de la regional con sede en nuestra ciudad. Ambos funcionarios entregaron la prueba en mano al juez federal Nº 1, Walter López Da Silva, días antes de iniciar la ronda de indagatorias que hoy sigue.

   El magistrado investiga el llamado "delito precedente" del entramado de corrupción K, a partir de la intervención de tres grandes grupos de usinas de facturas de nuestra ciudad, que habrían facilitado la acción a la firma Austral Construcciones, perteneciente a los Báez. 

   El escrito -que será clave al momento de definir la situación procesal de los 14 acusados- evalúa la documentación que fue resultado de 5 allanamientos y está contenida en 86 cajas. 

   Es didáctico sobre la modalidad delictiva, señala ejemplos contundentes acerca de la sobrefacturación, marca la cadena de responsabilidades que no intervino por acción u omisión y abre el camino hacia otros sospechosos. De qué se trata, en 6 puntos clave:

1- Facturas truchas, bienes y servicios, tipos de usina 

   La facturación apócrifa es una maniobra clásica en la que se simula la prestación de un servicio o la venta de un bien que genera una salida de dinero real, pero por conceptos diferentes a los contabilizados, dado que en verdad el servicio no se presta o el bien no se entrega.

   En ocasiones el emisor simula el cobro para luego devolver parte de los fondos. Desde 2000 hubo una utilización masiva de facturación falsa en la obra pública de todo el país.

   La mayoría de la facturación falsa se refiere a servicios, porque es más difícil para la AFIP probar su falta de prestación. Son clásicos los casos de facturación falsa en publicidad, asesoramiento empresario, diseño y elaboración de sistemas informáticos.

   Para demostrar una maniobra organizada es necesario sumar una serie de indicios graves, precisos y concordantes, como si el proveedor tiene infraestructura comercial y financiera para los servicios; si cuenta con los bienes de uso y el personal necesario o si puede demostrar la contratación de terceros.

   Los fondos provenientes de la facturación falsa se han ido perfeccionando hasta llegar a verdaderas "ingenierías financieras", transfiriendo títulos de la deuda pública, acciones o en el caso de la obra pública, la cesión de los ceritificados de obra. Los tipos de usina son:

   * Duplicadora de facturas (formalmemente existentes y activas, que duplica sus comprobantes a los efectos de generar créditos/gastos en sus clientes).

   * Empresa desactivada (firma real que ha discontinuado su actividad sin tramitar la baja. También contempla la doble actividad).

   * Sin capacidad económica (no demuestran solvencia para prestar servicios o bienes, no detentan consumos eléctricos que se correspondan con la actividad ni tienen inmuebles acordes).

   * Sin capacidad financiera (no tienen capacidad financiera para soportar niveles de prestaciones que han facturado, no poseen cuentas bancarias y no registran préstamos).

   El efecto directo sobre la base imponible es de 56% del neto facturado (35% de Ganancias y 21% de IVA). Es decir que, por cada 100 pesos de facturas falsas, el Estado pierde 56.

2- Cómo era el entramado en la ciudad 

   Del análisis surgen que dos grupos de empresas. Cada uno, vinculado por lazos familiares y organizados, facturaban servicios a una empresa hegemónica: Austral Construcciones.

   Uno de los grupos estuvo constituido por Constructora Patagónica Argentina (CPA), Vialinvert y Ferreyra Constructora Vial.

   El otro lo constituían Calvento, Grupo Penta y Terrafari. CPA y este segundo grupo facturaron supuestos servicios millonarios a Austral y luego disminuyeron sus bases imponibles (IVA y Ganancias que no estaban dispuestos a afrontar) con pretendidas operaciones con otras empresas vinculadas (Iberoamericana de Servicios).

   "Construyeron un entramado de facturación parcial o totalmente falsa, con destino a Austral Construcciones, y que se originaba y organizaba parcialmente en Bahía Blanca, ya que el requerimiento inicial o el origen estaría en Río Gallegos", dice.

3- El circuito del dinero: “Cuevas”, cooperativas y distribuidoras 

   "Por esta situación proliferaron en el país cuevas financieras, disfrazadas muchas veces con el ropaje de mutuales y cooperativas con 'patentes de corso' -que ni el Banco Central ni la Unidad de Información Financiera (UIF) controlaban- así como, en menor medida, las distribuidoras de bebidas o cigarrillos que, por operar con quioscos que venden al consumidor final por importes menores, disponen de efectivo, situación que les permitía cambiar el cheque de la gran empresa", se explica.

   También la participación de financieras permitían el canje de los cheques recibidos girados sobre las cuentas de titularidad de Austral, convirtiendo en efectivo parte de los fondos de los pretendidos gastos de servicios inexistentes o sobrefacturados.

   "Es otra operación que no guarda coherencia, ya que un cheque corriente termina siendo 'descontado' en una financiera, pagando intereses, gastos administrativos, IVA, es decir generando gastos innecesarios. La única razón que podría motivar esa operación a pérdida sería el objetivo de evitar la trazabilidad del cobro", sostiene la AFIP.

4- ¿La vista gorda?: auditores, bancos y un sector judicial 

   "En alguna de las puntas (del lado de empresas que no manejan efectivo habitual y a veces del lado de la recepción del dinero) debería haber algún banco para generar esos volúmenes permanentes de billetes.

   Forzozamente ese banco no habrá sido siempre el mismo y no puede no haber rastros al respecto. Los bancos son también sujetos obligados a informar a la UIF.

   Los movimientos permanentes de efectivo por parte de las empresas debieron haber llamado la atención y debieron haber sido reportados. Salvo que hubieren sido parte activa del mecanismo", afirman Mecikovsky y Merino.

   También apuntan contra los contadores de las empresas (fedetarios púlbicos) y los auditores internos y externos, que dictaminaron sobre los estados contables y están "en inmejorable posición para informar a la justicia cómo justificaron contablemente las salidas de dinero de las empresas".

   Estos delitos no hubieran sido posibles "sin la complicidad activa o pasiva de quienes ejercieron como autoridades del Banco Central, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)", que de haber llevado adelante las tareas de control que les corresponde "deberían haber detectado esas maniobras".

   Lo mismo que algunos "segmentos importantes" de la Justicia: "No se observa en el lapso que media entre el desplazamiento del doctor Santiago Ulpiano Martínez (mediados de 2015) y el nombramiento del doctor Walter López Da Silva (fines de 2016) se hubieren implementado acciones que, de concretarse, podrían haber evitado el perfeccionamiento de las maniobras con facturas falsas".

5- ¿Hay otros nombres bajo la lupa? 

   Además de Báez padre e hijo y los empresarios que conformaron los 3 grupos de usinas de facturas de Bahía, del análisis de la AFIP surgen nuevos nombres que podrían quedar bajo la lupa. O al menos que pueden aportar información.

   Uno de ellos es el de la contadora Natalia Franulic, de Constructora Patagónica Argentina, quien para el periodo fiscal 2011 suscribió informes del auditor de una fundación vinculada a una universidad de Santa Cruz, que hoy es objeto de una investigación.

   También figura de qué manera Franulic realizó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para diferentes sociedades vinculadas al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares -fue detenido el año pasado- y cómo se asoció, a través de él, con Daniel Muñoz, fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, y Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido y ligado a la causa de los cuadernos. Por la documentación reunida, también está bajo sospecha Federico Toninelli, abogado allegado a Lázaro Báez e hijo de Rubén, quien fuera director de la DGI (2008/2015) y está procesado en otra causa, junto a Ricardo Echegaray, por el encubrimiento de la maniobra.

   "Ya se probó que Federico Toninelli se presentó defendiendo usinas y empresas directamente vinculadas a estos negociados, tanto en las direcciones Oeste, Microcentro y Resistencia (sucesión de Adelmo Biancalani), el emprendimiento de Lázaro Báez en tierras de (Jorge) Capitanich.

   Ya se probó también al menos uno de sus viajes en el avión privado de Lázaro Báez", advierten. Por último, se localizaron dos facturas emitidas por Nadia Vanina Ferreyra (integrante de uno de los grupos de usinas de facturas locales), por el alquiler anómalo de un departamento ubicado en Caronti al 100, donde figuran los domicilios de Vialinvert y Ferreyra Constructora.

6- Ejemplos de facturaciones absurdas

   * La factura más antigua de las analizadas (documento 164, caja 43) es por el alquiler de dos topadoras D8K, con fecha del 14 de julio de 2007, a 60 mil pesos cada una, de Constructora Patagónica Argentina (CPA) a Austral Construcciones. Sin embargo, en otro documento (185, caja 86) figura que topadoras de la misma marca, en 2008, fueron adquiridas a 41.322,31 pesos. "Sin poder afirmar que se trata de las mismas topadoras, vemos que CPA alquiló por un mes en 60 mil pesos una máquina que en el mercado adquirió a 41.322,31 pesos". Además ese alquiler fue facturado, en principio, por Calvento a CPA en 42 mil pesos (documento 116, caja 26), siendo que Calvento carecía de bienes de uso.

   * Del documento 150, caja 57, surge un presupuesto de alquiler de topadoras dirigido al ingeniero José Carlos Pistán, de Austral Construcciones. Pistán es propietarios de Vialpd, que presuntamente le alquilaba maquinarias a CPA. "Es decir que quien evaluaba la propuesta de alquiler de Austral es presunto propietario de una empresa que no solo se dedica al mismo rubro sino que le provee de maquinarias al oferente. Aparece como poco verosímil que quien cumplía importantes funciones en una de las constructoras más importantes del país tuviere una empresa de alquiler de máquinas viales en un domicilio en CABA, que no pudo ser localizado, y más inverosímil aún si su función es controlar a los contratistas que le alquilan equipos a su empleador", argumentan.

   * Calvento (documento 213, caja 17) facturó, el 10 de junio de 2009, a Constructora Patagónica Argentina (CPA)  por "Ejecución de proyecto de dptos. para vivienda familiar 1 y 2 dormitorios, diseño, CD autocad, planos, costos e inversión", por 7.651, 40 pesos. De todo ello surge que Calvento "no tenía la infraestructura y logística, así como la capacidad económica y expertise comercial" para "diseñar edificios de departamentos, realizar los planos y el flujo de fondos de la inversión" sin disponer de los recursos ni el personal para hacerlo. 

   * En la factura 1405 (documento 41, caja 57), del 31 de agosto de 2006, Calvento le alquila a CPA una motoniveladora y le vende aceite y líquido refrigerante a CPA. "Más allá de recordar que Calvento no dispone de maquinarias, aceite o líquido refrigerante, es ajeno a cualquier lógica económica suponer que una empresa como CPA, que desarrolla su actividad en Santa Cruz, adquiera para sus máquinas el aceite y el líquido refrigerante en Bahía Blanca y a un pretendido revendedor".

   * En marzo de 2011, por trabajos de "terraplén y enripiado" en la ruta 39, Austral, con la firma de Pistán, extendió el certificado Nº 11, por 1.861.464 pesos, a Grupo Penta que, según los estados contables a ese año solo tenía como bienes de uso dos camionetas de cierta antigüedad, un carro para combustible, una soldadora y un grupo electrógeno (documento 90, caja 67A).

   * En el domicilio de Terrafari hallaron talonarios de formularios usados para el movimiento de equipos con membrete de Austral Construcciones (documento 69, caja 23) y notas con el mismo logo. "Denota la estrecha relación entre Terrafari y Austral, que excedería lo normal", señalan.

   * La orden de intervención 658.100 seguida a Iberoamericana de Servicios fue archivada por la regional Mar del Plata (agosto de 2013), pese a que la fiscalización había detectado el uso de facturas falsas por más de 10 millones de pesos. Archivó las actuaciones y las giró a la regional Microcentro. Esa situación aparece como "coordinada".