Mesa contra la droga: cuáles son las falencias y los proyectos planteados

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

   A fines de 2005, el gobierno provincial adhirió a la ley nacional 26.052, sancionada ese año por el Congreso, para descentralizar el combate al tráfico de drogas.

   Hasta ese momento toda investigación era abordada por la justicia federal, pero con ese cambio de competencia dicho fuero se quedó solo con las causas complejas de narcotráfico y la justicia ordinaria asumió el castigo al narcomenudeo.

   La preponderancia que en aquel momento habían tomado los llamados "dealers" y la vinculación que esos vendedores tenían con delitos contra la propiedad o las personas (que son perseguidos por la Provincia) llevaron a la descentralización.

   Se buscó mejorar la eficacia de la lucha contra un delito creciente y preocupante, aunque se descuidó un aspecto: la falta de coordinación entre las investigaciones provinciales y federales, muchas de las cuales guardaban lógica conexión, porque los "punteros" o microvendedores forman parte de una organización piramidal que seguramente llega al proveedor.

   Esa deficiencia se fue agravando con el correr de los años y motivó, en 2019, una reforma a la ley de estupefacientes (23.737), con la incorporación del artículo 34 ter, para crear mesas de intercambio de información entre las justicias federal y provincial, como la que se celebró esta semana en Bahía y ya cuenta con antecedentes en Morón, La Plata, San Isidro y Mar del Plata.

   En el caso de nuestra ciudad la reunión se dio en un momento clave, a pocos días de la ejecución "mafiosa" de Juan Ramón Romero Miranda, un mendocino vinculado a una organización dedicada a la venta de drogas y por cuya autoría fueron detenidas dos personas en el barrio Patagonia, entre ellas el abogado Fabián Rossi, con prontuario en la materia.

   La presencia en el cónclave de 25 camaristas, jueces y fiscales provinciales y federales -bajo la coordinación del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación, Diego Iglesias y el procurador bonaerense Julio Conte Grand- significó el primer paso positivo y un mensaje alentador en contra del delito organizado.

   "Es la primera vez en la historia de Bahía que se aborda un tema concreto sin tapujos y con mucho entusiasmo", reconoció el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, uno de los participantes.

   Tanto Conte Grand -acompañado por su secretario de Política Criminal, Francisco Pont Vergés- como Iglesias entusiasmaron al "bajar una línea" de motivación para abordar la problemática en forma integral y solicitaron en ese sentido buena voluntad y compromiso de todos los actores.

"Catarsis" y variantes

   El primer tramo del encuentro -que se prolongó  por más de 3 horas- sirvió para "catarsis", porque distintos jueces y fiscales dieron a conocer las falencias de recursos con las que abordan a diario este tipo de problemáticas complejas.

   A modo de ejemplo, se informó que los dos juzgados federales de Bahía, que tienen a su cargo nada menos que la persecución del narcotráfico, cuentan con apenas una secretaría penal y con solo 5 empleados cada una. 

   Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la ley que hace 16 años desfederalizó el narcotráfico estipulaba expresamente un traspaso de fondos federales a las provincias adherentes (además de Buenos Aires figuran CABA, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos y Formosa), pero eso nunca se dio y se convirtió en un planteo recurrente que deberían atender actores de la administración pública y el poder político.

   También se aludió a la falta de puesta en marcha efectiva, en todo el territorio bonaerense, de la Policía Judicial (creada por ley a principios de 2018), un cuerpo técnico-científico, dependiente del Ministerio Público, para auxiliar al fiscal en investigaciones como estas y no recurrir a ciertos sectores de fuerzas de seguridad tradicionales, que tienen connivencia o "protegen" la venta de drogas.

Postura crítica de jueces penales sobre el combate contra el narcomenudeo

   "Se reconoció que durante los últimos 3 presupuestos (es decir, con administraciones de distinto color) hubo un pedido concreto de la Procuración sobre la Policía Judicial, pero que en ningún caso se previó", dijo uno de los presentes. 

   A su vez, se marcó un crecimiento en el cúmulo de trabajo en la justicia provincial en la materia, con unos 5 mil detenidos por narcomenudeo en las cárceles bonaerenses (prácticamente el 10% de la población penitenciaria) y un aumento en el juzgamiento de este tipo de casos en los tribunales criminales bonaerenses, que en el caso de Bahía hoy es del orden del 13%.

   En principio quedaron en volver a juntarse en el corto plazo -para definir aspectos ejecutivos- y se formalizó la intención de mejorar la coordinación entre los fueros, incluso con la firma de algún convenio marco.

Trabajo en conjunto

   De hecho, se especuló con la posibilidad de que las fiscalías provincial y federal trabajen en forma conjunta cuando alguna causa lo amerite, hecho que hasta el momento no se daba.

   "La idea es que, a diferencia de lo que pasa hoy, se actúe de manera simultánea y coordinada, para no perder tiempo ni pruebas. Hay que buscar eficacia y la eficacia debe medirse con la calidad de los procedimientos y no con la cantidad", explicó uno de los asistentes.

   Por otro lado -también a modo de idea y con la intención de paliar la falta de recursos- se planteó que el decomiso de bienes del narcotráfico, que hoy va a las arcas generales del Estado, se redireccione a esta lucha, a fin de dotar de mayor personal y tecnología a los investigadores. Para concretar esta iniciativa, no obstante, también deberían acusar recibo los otros dos poderes. 

   Y en el mismo sentido se mencionó la necesidad de aportar más recursos a las fuerzas federales, teniendo en cuenta que Bahía tiene delegaciones de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El fantasma de Rosario

   Pese a que desde ciertos sectores han alarmado al comparar la problemática, no hay punto de semejanza, hoy, entre la realidad criminal que vive Rosario y la de nuestro medio.

   Para muestra, un botón: entre la última semana de agosto y la primera de septiembre (apenas 14 días), esa ciudad santafesina contó 17 homicidios, el mismo número que promedia Bahía pero por año, al menos desde 2016 a la fecha.

   "Estamos muy lejos de esa situación, pero lo que estaría mal es creer que no podemos terminar como Rosario", reconoció el fiscal federal Martínez.

   Por ese motivo consideró que de la reunión de esta semana también quedó sobrevolando un mensaje de advertencia para quienes manejan el negocio de la droga: en Bahía se aunarán esfuerzos para luchar contra el flagelo y el combate será coordinado.

   El procurador Conte Grand, a su turno, también reconoció que "las situaciones son cualitativamente distintas" entre Rosario y Bahía, aunque aclaró que de todas maneras "venimos siguiendo muy de cerca esa problemática".

   "Esto nos afecta particularmente en la zona norte de nuestra provincia, en los departamentos judiciales de San Nicolás, Mercedes, Junín y Zárate-Campana, que tienen un impacto porque se están permeando actividades y la influencia de ciertos colectivos criminales de la provincia de Santa Fe", admitió.

   "No creemos que acá estén las condiciones dadas en este sentido, pero estamos atentos a la evolución de los acontecimientos", finalizó.