Pringles se sumó a los municipios que regulan el uso de los vapeadores
El Concejo Deliberante les aplicó las mismas restricciones y prohibiciones de uso que al cigarrillo tradicional. Los consideran "nocivos para la salud". Las multas a incumplidores superan el millón de pesos.
Coronel Pringles se sumó a la lista de municipios que regulan el uso de los vapeadores, los dispositivos también conocidos como cigarrillos electrónicos.
A través de la ordenanza 5.114/26, el Concejo Deliberante declaró como "nocivos para la salud" a todos aquellos "sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y cualquier otro sistema análogo, con o sin contenido de nicotina".
A instancias de esta declaración, y por unanimidad, los ediles dispusieron prohibir en el distrito el uso, consumo, inhalación o manipulación con fines de consumo de los dispositivos mencionados en espacios cerrados de acceso público, tanto de gestión pública como privada.
De la misma forma, no se podrán utilizar o manipular en establecimientos educativos, sanitarios, deportivos o culturales, dependencias municipales, transporte público o "todo otro espacio donde se encuentre prohibido fumar conforme normativa vigente".
Los establecimientos alcanzados por la ordenanza deberán "exhibir cartelería visible indicando la prohibición de uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares".
La ordenanza -que había sido presentada hace tres meses en el CD por el interbloque Juntos-La Libertad Avanza, aunque luego fue modificada para adaptarla a las normativas nacionales- deberá ser implementada por el área que determine el intendente Lisandro Matzkin.
Además, el Ejecutivo tendrá que "implementar campañas de concientización y prevención sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos".
De la misma forma, tendrá a su cargo la aplicación de multas a aquellas personas que no cumplan la normativa en comercios o lugares donde esté prohibido el uso de estos dispositivos. Las multas -se indicó- irán desde casi 120 mil pesos a más de 1.135.500 pesos (de 50 a 500 módulos o Unidades Fijas establecidas por ordenanza).
En cuanto a los comercios o lugares en que no se cumpla la obligación de exhibir cartelería que advierta sobre la prohibición, se estableció que podrían ser sancionados con multas de casi 57 mil a más de 450 mil pesos (25 a 200 módulos o UF).
"En todos los casos, la reincidencia será sancionada con el doble de la multa prevista, sin perjuicio de la aplicación de sanciones accesorias tales como clausura o inhabilitación", se aclaró en la ordenanza.
En forma complementaria o sustitutiva, se añadió, el Ejecutivo podrá disponer que los incumplidores realicen "tareas comunitarias, acciones de concientización o capacitaciones obligatorias, especialmente en casos que involucren a menores de edad".
Los concejales remarcaron que la ordenanza apunta a proteger la salud pública de la población del partido de Coronel Pringles, en especial de niños, niñas y adolescentes.
"Los denominados cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos de administración de nicotina constituyen sistemas que generan aerosoles con sustancias potencialmente nocivas para la salud. Diversos estudios científicos han demostrado la presencia en dichos aerosoles de sustancias tóxicas y cancerígenas, tales como metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y partículas ultrafinas", se indicó.
Los ediles hicieron alusión, además, a que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) "ha advertido sobre los riesgos asociados al uso de estos dispositivos, especialmente en jóvenes, y recomienda la adopción de medidas restrictivas".
No obstante -se lamentó- "se observa un creciente uso de estos dispositivos, particularmente en adolescentes, muchas veces incentivado por sabores atractivos y una falsa percepción de inocuidad".
Por este motivo -concluyeron- corresponde al Estado Municipal "ejercer el poder de policía en materia de salubridad, prevención y protección ambiental" y "no sólo prohibir su uso en espacios públicos, sino también establecer un régimen sancionatorio claro".