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Cuando perder un empleo también significa perder el hogar

Un informe de la Fundación Cultura de Trabajo muestra cómo el desempleo, la informalidad y la precariedad habitacional forman parte del mismo proceso de exclusión social.

Un informe sobre 2.400 personas en situación de extrema vulnerabilidad revela que casi siete de cada diez provenían de empleos informales y que el desempleo prolongado, la precariedad habitacional y las dificultades para acceder a un puesto registrado conforman un círculo del que resulta muy difícil salir.

El empleo registrado no solo garantiza un salario y derechos laborales. Para miles de argentinos representa, además, la posibilidad de acceder a una vivienda, reconstruir vínculos familiares y recuperar un proyecto de vida. 

Sin embargo, para quienes atraviesan situaciones de pobreza extrema o de sinhogarismo, ese objetivo aparece cada vez más lejano.

Así lo revela un informe elaborado por la Fundación Cultura de Trabajo, que analizó durante una década las trayectorias de 2.400 personas en búsqueda de empleo en contextos de alta vulnerabilidad. El estudio concluye que la exclusión laboral y la exclusión habitacional forman parte del mismo problema estructural y advierte sobre la consolidación de un mercado laboral cada vez más segmentado. 

Uno de los datos más contundentes es que el 67% de las personas relevadas había tenido su último empleo en condiciones de informalidad, muy por encima del promedio nacional. A ello se suma que más de la mitad llevaba más de tres meses sin trabajo, mientras que uno de cada cuatro acumulaba más de un año de desempleo, configurando procesos de exclusión de larga duración. 

Para el movimiento sindical, estos números refuerzan una realidad conocida: la informalidad no solo significa ausencia de aportes jubilatorios, vacaciones o cobertura médica, sino también una mayor vulnerabilidad frente a los despidos y enormes dificultades para volver a ingresar al mercado laboral.

Trabajo y vivienda, dos derechos inseparables

El informe rompe con la mirada tradicional sobre las personas en situación de calle. 

Solo el 3% de los casos dormía efectivamente en la vía pública al momento del relevamiento, aunque la enorme mayoría vivía en condiciones igualmente precarias: hogares de tránsito, viviendas prestadas, habitaciones alquiladas sin contrato o construcciones sin condiciones mínimas de habitabilidad. 

La investigación sostiene que el denominado "sinhogarismo ampliado" no puede entenderse únicamente como la falta de techo, sino como el resultado de múltiples exclusiones acumuladas: pérdida del empleo, violencia, problemas de salud, ruptura de vínculos familiares y ausencia de redes de contención.

En ese contexto, conseguir un empleo formal aparece como la principal puerta de salida.

"No se trata solamente de obtener ingresos; el trabajo representa identidad, autonomía y pertenencia social", plantea el estudio. 

La educación también marca diferencias

Otra conclusión relevante es la estrecha relación entre educación y acceso al empleo registrado.

Mientras el 36% de las personas no logró completar el secundario y apenas el 17,8% alcanzó estudios terciarios o universitarios, el análisis demuestra que a mayor nivel educativo, mayores posibilidades de haber accedido a un empleo formal. 

No obstante, el informe también derriba otro prejuicio frecuente: muchas de las personas relevadas realizaron cursos de capacitación y aprendieron distintos oficios. El problema, sostiene, no es la falta de voluntad de capacitarse sino las barreras estructurales para transformar esa formación en empleo de calidad. 

"Quiero un trabajo en blanco"

Los testimonios recopilados muestran con claridad cuáles son las prioridades.

La mayoría no busca únicamente un ingreso inmediato, sino estabilidad.

"Quiero conseguir un trabajo en blanco para poder alquilar y tener obra social", resume uno de los entrevistados, reflejando una aspiración que se repite a lo largo del relevamiento. 
Para muchos, incluso, cualquier oportunidad laboral significa también la posibilidad de garantizar la alimentación diaria.

Desmontar estigmas, la meta

Entre los hallazgos también aparecen datos que cuestionan estereotipos instalados.

Solo el 4,2% de las personas relevadas tenía antecedentes penales, una cifra muy inferior a la percepción social que suele asociar automáticamente pobreza extrema con delincuencia. En cambio, casi un tercio recibía algún plan o subsidio estatal, aunque el propio informe señala que esos ingresos resultan insuficientes para cubrir el costo de una vivienda. 

Un desafío para las políticas laborales

La principal conclusión del trabajo apunta a la necesidad de pensar políticas integrales.

Para la Fundación Cultura de Trabajo, la inserción laboral no puede desvincularse de políticas de vivienda, salud, formación profesional y fortalecimiento de las redes comunitarias. 

El empleo aparece como el eje capaz de reconstruir trayectorias personales, pero requiere un mercado laboral que genere oportunidades reales de trabajo registrado y condiciones dignas para quienes hoy permanecen excluidos. 

Desde una perspectiva gremial, el informe deja una advertencia clara: mientras crezcan la informalidad y la precarización, también se ampliará el universo de trabajadores que, aun teniendo experiencia laboral y voluntad de trabajar, quedan atrapados en un circuito de exclusión del que resulta cada vez más difícil salir.