¿Quién controla a los automovilistas inhabilitados para manejar?
Condenado por un doble homicidio culposo fue escrachado días atrás por la familia de las víctimas cuando manejaba sin autorización. Otros conductores, sin permiso para circular, cometieron infracciones y hasta renovaron su licencia.
Bahiense. 51 años. Técnico superior en Ciencias de la Comunicación Social. Periodista y editor jefe de contenido judicial y policial, con más de 30 años de trayectoria en la profesión (28 años en La Nueva.) Primer Premio ADEPA 2017 en la categoría Periodismo Judicial, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Audionota: Marina López
El sentimiento que aflora en la víctima de un delito cuando descubre que el autor del hecho no cumple la pena impuesta por la Justicia es indescriptible.
Esa situación debió soportar, el mes pasado cuando paseaba por el Bahía Blanca Plaza Shopping, el hijo de una pareja que perdió su vida en 2015 durante un incidente vial registrado en el acceso a Monte Hermoso.
El choque fue provocado por la camioneta Toyota que manejaba Christian Enrique Crocetti, a quien le impusieron una pena de 3 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación para conducir, medida que debe expirar el 3 de octubre de 2028.
Sin embargo, Crocetti fue visto y filmado por el hijo de Luis Pistocchi y Carmen Martínez, las víctimas del siniestro, cuando conducía un auto en la salida del paseo público.
"Escuchame, ¿vos podés manejar? ¿vos tenés carnet?...sos un delincuente", se le escuchó decir al damnificado en medio del breve video que se viralizó.
La inhabilitación es una pena accesoria que se impone a quienes cometen delitos de tipo culposo, que no solo incluye a los conductores de vehículos sino también a profesionales -como médicos o ingenieros- y hasta funcionarios públicos que causan acciones imprudentes o negligentes.
En Bahía Blanca y la región hay casi 300 personas que actualmente, además de estar condenadas a prisión de ejecución condicional (siguen en libertad), están inhabilitadas.
El 90% de esas medidas restrictivas tiene que ver con la prohibición para manejar automotores, porque la mayoría de los delitos culposos se relaciona con el tránsito.
Sin embargo, la pregunta del millón es quién controla a los que están en falta, como el caso de Christian Crocetti.
Los Juzgados de Ejecución Penal Nº 1 y 2 de Bahía -hoy a cargo solo de un juez, el doctor Claudio Brun- se encargan de comunicar las inhabilitaciones para conducir, con el envío de oficios a tres organismos estatales.
Se trata de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Nación), la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial (Provincia) y la Dirección de Tránsito (Municipal).
"Además, una vez al año se mandan oficios a los distintos organismos para ver si hay algún tipo de situación a tener en cuenta, alguna anormalidad, y cuatro meses antes de que se agote la pena de inhabilitación se piden informes a los registros para saber si hubo algún incumplimiento, ya que muy pocos organismos lo informan", explicó un vocero judicial.
Sin embargo, el sistema evidencia fallas.
Por ejemplo, en mayo de 2024 el abogado de Crocetti pidió levantar la inhabilitación para conducir de su defendido, pero la Justicia se lo rechazó porque al pedir informes "saltó" que tenía una multa por exceso de velocidad cometida en abril de 2020.
Tanto por aquella multa como por su conducción en el Shopping, la Justicia giró actuaciones a la fiscalía en turno para iniciarle sendos sumarios por el delito de desobediencia, que actualmente están en trámite.
Qué dice el Código
El artículo 239 del Código Penal (desobediencia) establece una pena de prisión de 15 días a un año para quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia a su requerimiento o en virtud de una obligación legal.
Sin embargo hay otros operadores del sistema judicial que creen que esta situación se enmarca en el artículo 281 bis del CP (quebrantamiento de pena), que prevé una sanción mayor, de dos meses a dos años de cárcel, para quien "quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta".
Pero más allá del caso Crocetti se dieron otras situaciones graves.
Por ejemplo automovilistas con penas de inhabilitación para manejar que lograron renovar la licencia de conducir en medio de la sanción. Existe más de un caso en Bahía.
Uno de ellos es el de Pablo Martín Ismael, condenado en 2019, por homicidio culposo, a dos años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para la conducción de vehículos.
En el legajo de seguimiento de la pena accesoria a Ismael, se descubrió que durante el citado periodo el automovilista no solo cometió diversas infracciones de tránsito sino que -y lo más llamativo del caso-, el 29 de diciembre de 2022, se le renovó la licencia de conducir en las oficinas municipales mientras la citada inhabilitación aún estaba vigente.
Ismael, así como Crocetti, está siendo sometido a una nueva causa judicial por el incumplimiento detectado.
Si la Justicia, como se dijo, notifica regularmente a distintos organismos sobre este tipo de sanciones, algo falla en la cadena de control para permitir que el Ministerio de Transporte de la Nación otorgue las renovaciones de conducir a quienes, justamente, purgan una pena de inhabilitación para manejar automotores.
"Eso es grave, porque alguien renueva el carnet estando inhabilitado para conducir. Evidentemente hay una falla en ese tramo", comentó otra fuente tribunalicia.
Contoles de tránsito
¿Y qué pasa en los controles de tránsito? Desde la Policía de nuestra ciudad se informó que la sanción de impedimento para conducir debe verificarse a través del sistema informático que se utiliza, por caso, para detectar a las personas que tienen pedido de captura y/o averiguación de paradero.
Sin embargo, no es sencillo de individualizar por otros factores.
"La persona que está inhabilitada y sigue conduciendo, si se la detiene en un operativo de tránsito, seguramente no tendrá la licencia, con lo cual el vehículo se puede retener por esa infracción. El problema surge si a esa persona le permitieron renovar la licencia y aparece 'en regla'", explicó una autoridad.
Retención de licencia
Control. Algunos juzgados de nuestra ciudad que analizan en juicio distintos hechos de tránsito comenzaron a retener la licencia de conducir al momento de dictar sentencia por delitos culposos, con inhabilitación para manejar para los que son considerados autores penalmente responsables del delito.
Reaseguro. Esa medida, si bien puede actuar como un reaseguro, solo llegaría a ser efectiva en la medida que el infractor condenado no se arriesgue a manejar sin licencia o la pueda renovar, tal como ha sucedido.
Casi 300. En Bahía Blanca y la región que compone su departamento judicial hay, en la actualidad, 284 personas con inhabilitación dictada por la Justicia, la mayoría para conducir. Son 133 que están a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y 151, del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.