Recién ahora se cierra un caso iniciado hace 25 años por corrupción en el PAMI
Los acusados no cumplirán pena. Pagaron un resarcimiento económico destinado al hospital Penna y los sobreseyeron.
Transcurrieron 25 años y recién ahora llegó a su fin una investigación judicial por un caso de estafa en la delegación local del PAMI.
Se trata de una causa por supuesta asociación ilícita y fraude al Estado que, entre 1999 y 2000, tuvo gran repercusión.
Pese al tiempo, el expediente se cerró sin condenas, porque los imputados llegaron a un acuerdo reparatorio y decidieron aportar dinero a la Cooperadora del hospital Penna.
Más de 6 millones de pesos fueron destinados al policlínico regional, que resultó gravemente afectado por la inundación del 7 de marzo de 2025.
Recientemente, y luego de aportarse los comprobantes de pago, el juez Ernesto Sebastián, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad, declaró extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento de cinco de los seis imputados.
Se trata de Pedro Alberto Montes, al momento de los hechos coordinador de la gerencia de Calidad de Vida del PAMI; Norberto Enrique Carli, subgerente del plan 'ProBienestar'; Guillermo Damián Gori, asesor de la gerencia de Calidad de Vida; Nanci Beatriz Tarantino, coordinadora operativa de la subgerencia; y Sonia Daysi Cergneux, titular de la delegación local.
El primero abonó 1.500.000 pesos, mientras que el resto de los procesados aportaron 1.200.000 cada uno de ellos.
Liliana Díaz, quien en ese momento era coordinadora de la delegación V, con asiento en Bahía, también acordó una reparación, pero como aún no abonó lo convenido no fue incluida en la resolución.
La mujer alegó no disponer del efectivo por cuestiones de fuerza mayor y realizó una propuesta para cumplir con el compromiso.
Maniobra
¿De qué se los acusó? De otorgar, en 1999, subsidios a centros de jubilados para la compra de equipos de imprenta o maquinarias para confeccionar bolsas de polietileno.
Se entregaron montos por 13.000 y 14.000 pesos (actualmente unos 27 millones de pesos, según el cálculo inflacionario) cuando los equipos, para esa época, tenían un valor de mercado de entre 3.000 y 6.000 pesos. Y siempre cotizaban dos empresas: Juan Carlos Russo, de Lomas de Zamora y Magnotec, de Villa Ballester.
En Bahía detectaron la acción en tres centros de jubilados: Grunbein, Barrios del Sur y Loma Paraguaya.
Les decían a los directivos de esas entidades -según la investigación- que debían firmar una nota en blanco para el pedido y después avanzaban con la maniobra.
Un jubilado declaró que habían rechazado la propuesta por no adaptarse a las necesidades del sector, muy humilde, y porque los asistentes no iban a entender cómo manejar las máquinas, aunque tuvo que ceder frente a la insistencia de uno de los imputados, quien le aseguró que “eran unos privilegiados” por haber salido sorteados.
“A los integrantes de su centro de jubilados les sorprendió el monto que les dio el PAMI, porque en otras oportunidades habían solicitado unos pocos ladrillos y nunca fueron entregados”, indicó en ese momento una fuente de la investigación.
Demasiado largo
El 11 de julio de 2000 (5 días después de la denuncia), el entonces juez Dardanelli Alsina resolvió instruir sumario y corrió vista para fijar la competencia.
El fiscal Hugo Cañón creía que debía seguir interviniendo Bahía. El 26 de octubre de 2000, el magistrado se declaró incompetente y mandó la causa a la justicia federal porteña.
Casi un año después, la Cámara Federal de Buenos Aires revocó esa medida y envió de vuelta las actuaciones a nuestra ciudad.
El 30 de mayo de 2004, Dardanelli Alsina dispuso citar a indagatoria a los acusados y decidió tener por querellante al PAMI.
Cuatro años después, y tras diversos pedidos de las defensas, se llevaron adelante las audiencias.
El 12 de agosto de 2008, el juez decretó el procesamiento de los 6 acusados, por fraude a la administración pública en función de estafas reiteradas en grado de tentativa, en concurso real con el de asociación ilícita y los dejó en libertad.
Planteos , cambios dejueces y defensas, y situaciones procesales estiraron los plazos, hasta que a mediados de 2020 la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de los imputados y ordenó juzgarlos.
Esto no ocurrió, porque los acusados acordaron reparar el daño causado y "gambetear" definitivamente el debate.
Solo un imputado sigue en Bahía
Se alejaron. Según el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, apenas uno de los seis imputados en la causa permanece en Bahía Blanca. Solo Diez se encuentra radicada en nuestra ciudad.
Destinos. Montes y Tarantino fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Carli vive en el partido de Lanús. Cergneux reside en Esquel, provincia de Chubut, mientras que Gori se estableció en Estados Unidos, en el estado de Florida.