“Emergencias” de palacio
La columna política del corresponsal de La Nueva. en la capital de la provincia.
El problema no son solamente los recursos, ni la legítima deuda que la provincia de Buenos Aires le reclama al Gobierno nacional, sino las prioridades políticas por el impacto social entre aquellos sectores más afectados por la crisis económica.
Tanto en público como en reuniones privadas, la administración bonaerense sigue apuntando contra las políticas económicas del modelo libertario y enciende alarmas por las consecuencias de la recesión sobre los números de las finanzas y el escenario fiscal.
El panorama no es demasiado prometedor. El equipo económico que conduce el ministro Pablo López, tiene un objetivo común con los intendentes municipales: evitar distracciones y sentarse arriba de la caja de ser necesario para enfocarse en acumular recursos y así poder cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo, una obligación salarial que habitualmente se liquida con los sueldos en los primeros días de julio.
Claramente, el gobernador Axel Kicillof enfrenta uno de los momentos más complejos del año porque el problema va más allá de la habitual política salarial por un ajuste nacional que se siente tanto en la obra pública como en la mayor demanda de ayuda social, junto a la caída de transferencias extraordinarias a los municipios.
El diagnóstico económico bonaerense que está íntimamente relacionado con la caída de la actividad económica, el cierre de empresas y la pérdida de empleos registrados, adquiere significación ante un escenario marcado por los cuestionamientos a las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei, como el reciente mensaje de la Iglesia por el impacto social de la crisis sumado al clima de confrontación política y violencia discursiva que atraviesa nuestro país, producto de la “grieta interna” entre referentes del kirchnerismo peronistas, y por los libertarios que también enfrentan sus propios conflictos internos por el control de espacios de poder político.
Si bien, la prioridad es poder afrontar el pago de sueldos y el medio aguinaldo, -“el problema” como diría esa balada del cantante Ricardo Arjona-, es matemáticamente infalible que también se pueden trasladar a los plazos de pago con el sector privado.
Como botón de muestra, en las diagonales no descartan que la gestión provincial ante la demora en los pagos a proveedores y contratistas decida activar la emisión de bonos de consolidación de deudas, un instrumento financiero autorizado por la Legislatura ante la imposibilidad coyuntural de afrontar los compromisos en efectivo contraídos con anterioridad.
Los bonos de consolidación de deudas son títulos públicos emitidos por el Estado para refinanciar deudas acumuladas con prestadores de bienes y servicios esenciales, como en este caso puntual. En lugar de pagar en efectivo, la Gobernación entrega estos bonos como promesa de pago a mediano o largo plazo. Son tiempos con distintas emergencias.
Justamente, por ese contexto, la agenda política bonaerense debería enfocarse en construir propuestas económicas concretas para reconstruir el tejido social antes de discutir candidaturas partidarias para 2027.
Como dice el clásico refrán, “el tero chilla en un lugar, pero pone los huevos en otro”. Trasladado a la actualidad cuando un sector interno protagoniza algún escándalo mediático en algún ámbito de discusión institucional, es muy probable que, en realidad, se estén cocinando otros tipos de negociaciones de “poder político real” porque esas cuestiones dentro de las instituciones democráticas, se discute con precocidad.
Por eso no es un hecho fortuito que la cúpula de la dirigencia política ya discuta los entretelones de la pelea electoral de fondo por los cargos en disputa por el recambio gubernamental, legislativo y municipal previsto para el año que viene.
Tal vez, uno de los ejes centrales en discusión ya sea por una cuestión de tiempos y seducción sea la cobertura de cargos ministeriales en la Corte de Justicia en la PBA prevista para el segundo semestre de este año. Es que, de algún modo u otro, el controvertido proyecto que habilitaría las “reelecciones indefinidas” de los intendentes para encaminarse rumbo a la judicialización.
Dentro de la Legislatura no hay voluntad de debatir ese plan respaldado por la Gobernación de calle 6. Sin el “massismo” del Frente Renovador -que jura no dar número para modificar la legislación actual- para el kirchnerismo peronista sería un milagro conseguir la llave. Por eso, algunos creen que las reelecciones de los alcaldes (unos 80 entre peronistas y radicales) apenas podría avanzar con una acordada de la Corte.
Ahora bien. Ni siquiera a los “operadores mediáticos” más veteranos puede resultarle creíble que los principales referentes de la coalición gobernante o de los distintos armadores de la oposición política en la Provincia hayan discutido seriamente durante largos meses sólo el reparto de cargos o la integración definitiva en las comisiones legislativas de Diputados o Senadores por el simple hecho de que la Legislatura meta aunque sea alguna sesión para la “estadística parlamentaria” antes que arranque la pasión futbolera por el Mundial que se disputara mayoritariamente en ciudades ciudades estadounidenses.
Desde siempre, las presidencias de las comisiones clave son aquellas encargadas de emitir dictamen previo a la votación de leyes. Las más relevantes son Asuntos Constitucionales y Justicia; Presupuesto e Impuestos. Legislación General y Reforma Política (discute modificaciones en el sistema de votación, como el desdoblamiento electoral, el futuro de las PASO, implantación de la Boleta Única de Papel -como pide LLA- y las reelecciones indefinidas, ni más ni menos).
Por lo general, las comisiones estratégicas le corresponden al oficialismo gubernamental de turno. En este caso puntual, el kirchnerismo peronista retuvo los espacios de mayor peso parlamentario después de una cerrada negociación que buscó equilibrar al kicillofismo, La Cámpora y al massismo.
El foco principal estuvo puesto en Asuntos Constitucionales y Acuerdos donde el “cristinismo camporista” no quería ceder lugar por tratarse de la comisión encargada de evaluar la potencial cobertura de vacantes de ministros de la Corte, tratar pliegos judiciales y expedientes sensibles para el funcionamiento del Poder Judicial.
Además de ese movimiento de pinzas, el esquema “futurista” que responde al Gobernador viene de ceder espacios de poder legislativo como la viceprimera primera del Senado que quedó para el legislador ultra K, Mario Ishii y la presidencia del bloque de “Fuerza Patria” para el impetuoso dirigente peronista, Sergio Berni.