Confirman procesamiento con prisión preventiva a un presunto “narcopolicía”
La defensa del oficial Nicolás Pinilla recurrió la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones bahiense y pidió el sobreseimiento de su cliente. Casación deberá resolver la situación del imputado.
Un policía de esta ciudad, acusado de tener vinculación con la venta de drogas, continúa detenido y permanecería en esa condición hasta el juicio, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones bahiense confirmara su procesamiento con prisión preventiva.
El imputado es Nicolás Pinilla (35), a quien la Justicia investiga porque aparentemente integraba una banda que comercializaba estupefacientes en Bahía Blanca e Ingeniero White o, al menos, haber brindado protección a los narcotraficantes.
Al momento de su detención junto con otros sospechosos, en octubre del año pasado, el procesado prestaba servicio en la comisaría Quinta del barrio Noroeste.
Ahora la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver la situación procesal del efectivo policial, ya que su defensor interpuso recurso casatorio contra la confirmación del procesamiento de Pinilla y el rechazo, por parte del tribunal revisor bahiense, del planteo de nulidad presentado por la defensa.
El abogado Martiniano Greco, quien defiende a Pinilla, pidió anular las actuaciones iniciales hechas en la investigación basándose principalmente en la doctrina del "fruto del árbol venenoso".
Este principio jurídico considera nula cualquier prueba recabada ilegalmente o que viole derechos fundamentales, como también otra evidencia que derive de una probanza con origen defectuoso.
En Derecho, la prueba original es el "árbol" y los hallazgos posteriores son sus "frutos".
La causa se inició el 4 de junio de 2024, tras la recepción en la Fiscalía Federal Nº 1 de un “sobre cerrado con tres hojas manuscritas” que, según la Sala II de la Cámara Federal bahiense, estaban “firmadas por una persona que se identificó como Hugo González”.
La nota se envió al juez federal Nº 1, Walter López da Silva, que ordenó la formación de una causa por separado y delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez dispuso tareas investigativas de campo, inteligencia, seguimientos y tomas fotográficas, entre otras, que “la propia Cámara menciona como parte del desarrollo de la pesquisa”.
De acuerdo con la impugnación del abogado Greco, recién en octubre de aquel año se remitió a la fiscalía una “declaración prestada en otra causa por un testigo de identidad reservada, a la que la sentencia luego atribuye carácter de ‘fuente independiente’”.
Para la defensa, la denuncia inicial es “inválida porque, al desconocerse por completo la identidad del denunciante, se habría afectado el derecho de defensa y el debido proceso”.
Esta situación “impedía verificar eventuales prohibiciones para denunciar, explorar posibles vínculos, intereses espurios o conflictos con Pinilla, y realizar cualquier control sobre la fiabilidad, credibilidad o motivaciones del anoticiador, frustrándose incluso la posibilidad futura de interrogarlo o impugnar sus dichos”.
El letrado argumentó que “el manuscrito (entregado por el denunciante) fue el puntapié causal de la investigación, habilitando medidas intensamente intrusivas (intervención telefónica y allanamientos) que afectaron la intimidad de su asistido, sin que el origen satisficiera los requisitos legales mínimos de autenticidad”.
Asimismo requirió que se anulen los allanamientos como consecuencia de la “falta de competencia y potestad” del fiscal Martínez y del auxiliar fiscal Justo Sebastián, para intervenir en el caso.
Es que los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación “dispusieron las órdenes de secuestros”, a pesar de que para ese entonces López da Silva ya había “reasumido la instrucción” de la causa al ordenar los allanamientos, según el análisis de Greco.
La defensa reclamó también la exclusión de toda la prueba derivada y la nulidad parcial de los secuestros “cuestionados por ausencia de control jurisdiccional previo suficiente”.
Además pretende, una vez excluido el material “viciado y sus derivaciones”, el sobreseimiento total y definitivo de Pinilla o, paralelamente, la falta de mérito o el reenvío de la causa al juzgado de origen para un nuevo pronunciamiento “ajustado a derecho”.
Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá expedirse respecto de los planteos del defensor particular Greco.
El efectivo policial Pinilla permanece detenido en la delegación local de la Policía Federal Argentina, ubicada en Rondeau 139.
Quiénes habrían integrado la banda
La Cámara de Apelaciones bahiense ratificó además los procesamientos dictados por López da Silva en relación con Juan David Morales, Carlos Alberto Della Rina y Pablo Daniel Leiva, quienes al parecer formaron parte de la agrupación narcocriminal.
Al menos en un principio también estaban siendo investigados, por infracción a la ley de drogas, Morena Della Rina, Luis Alberto Arcuri y Edgardo Alberto Velazco.
A la supuesta asociación ilícita le imputaban la venta de cocaína y marihuana.
En torno de la investigación, el 8 de octubre de 2025 Prefectura Naval allanó siete inmuebles en Bahía y White, donde secuestró droga, armas, dinero y dispositivos electrónicos, así como detuvo a Pinilla y a cuatro civiles.
Uno de los allanamientos se hizo en la seccional Quinta, en Don Bosco al 1800, y otro en el domicilio particular del uniformado, en Balboa al 2500, como también los prefectos registraron una propiedad en Sargento Cabral y Guillermo Torres, de White.
En el marco de la pesquisa también se autorizaron intervenciones telefónicas.
El expediente principal tiene 13 cuerpos y más de 2.400 fojas.