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Presos a los 14: faltan 100 días para la nueva ley y en Bahía casi no hay certezas

Tres operadores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil manifestaron su preocupación por la puesta en marcha de la baja en la edad de punibilidad. 

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Audionota: Juan Ignacio Zelaya

A fines de febrero, el Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto de Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de los 16 años a los 14. 

El nuevo sistema, según la norma, prevé su puesta en marcha a los 180 días de la publicación en el Boletín Oficial, que se concretó el 9 de marzo.

Quiere decir que deberá comenzar el sábado 5 de septiembre.

A poco más de 100 días de esa fecha, en Bahía la situación es de notable incertidumbre.

La jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bahiense, Natalia Giombi, sostuvo que desde la promulgación de la Ley 27.801 no recibieron precisiones de cómo ponerla en práctica. 

“Lo que pudimos tener son debates entre los operadores del fuero, a partir de dichas conversaciones con pares o la publicación de libros comentados sobre la ley”.

Baja en la edad de punibilidad: ¿Bahía está lista para una reforma?

Agregó que “tampoco se gestionaron o articularon a nivel nacional comisiones  de trabajo desde los demás poderes del Estado que tienen que ver con la implementación”.

Giombi describió que la puesta en marcha de la normativa implica la creación de determinadas estructuras  y órganos que dependen del poder ejecutivo”.

“Sabemos que en muchas provincias no cuentan con jueces, fiscales y defensores especializados o con todos los órganos requeridos para su implementación”.

“Se necesitan recursos humanos. El artículo 23 establece la figura del supervisor, que es el encargado de seguimiento, asistencia y control del imputado, por lo que se requiere de una persona que tenga conocimientos y formación académica en pedagogía infanto-juvenil, psicología, etc.

Por ahora no se sabe cómo las provincias van a instrumentar ese órgano”, continuó.

La jueza destacó también que “la ley está redactada sin considerar la perspectiva de género. Menos aún se cuenta con la infraestructura adecuada para esa situación”.

Mencionó que “desde el poder judicial, y quienes vamos a tener que aplicarla desde septiembre, en principio, no conocemos quién es la autoridad de aplicación de este régimen, tal como se establece en el artículo 50. No sabemos quién es el encargado del control de la implementación de la normativa”.

Agregó que la nueva ley va a determinar indefectiblemente un número considerablemente mayor de causas.

“No solo se baja la edad de punibilidad, sino que también se amplía el espectro de delitos por los cuales los adolescentes pueden resultar inmersos en un proceso penal. Cuando entre en vigencia, los menores de 14 años van a poder ser penados por cualquier hecho. En la actualidad, por ejemplo, un joven de 16 años que cometió un hurto o lesiones en una pelea no es punible por el tipo de delito. Esto va a cambiar”.

​​​"No va a generar nada"

Para Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, si bien la fecha de inicio de la ley de punibilidad a los 14 años está prevista para poco más de 3 meses, desde una mirada perspectiva “estamos lejísimos”.

“Se va a necesitar más recurso humano. Y ni hablar la fiscalía y los juzgados de Garantías del Joven, que tienen más cúmulo de trabajo. Por el momento no tuvimos novedad en ese sentido, ni en partidas presupuestarias especiales ni capacitaciones, que cada uno las está haciendo por su cuenta”, sostuvo.

Saulnier coincidió con Giombi en que “el impacto va a ser fuerte” porque se va a duplicar la cantidad de causas y no solo por la ampliación de la brecha.

Además de la baja de la edad de punibilidad, con lo cual se duplica el grupo etario -hoy es de 16 y 17 años y en septiembre se incluirán los de 14 y 15- se aumenta la cantidad de delitos por los cuales los menores pueden ser pasibles de pena.

En la actualidad, los delitos con penas de menos de dos años de prisión no son penalizados, pero con la normativa votada, sí.

“Desde septiembre será materia de imputación penal para menores las lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, violación de domicilio y daño, por ejemplo. Son muchos delitos que se pueden dar comúnmente en la adolescencia, como las peleas en las escuelas secundarias. Todo eso, que hoy estaba afuera del sistema penal, se incorpora”, expresó.

Para el defensor existe riesgo de sobrepoblación en los apenas tres calabozos (con 6 plazas) con que cuenta el Centro de Recepción ubicado atrás del ex Instituto Valentín Vergara, donde se alojan a jóvenes en sus primeros días de detención, antes de resolver una eventual prisión preventiva.

“Durante mucho tiempo del año ese espacio no tiene chicos de Bahía sino de otras ciudades del interior o del conurbano”, aclaró.
Y también opinó que la medida de baja en la edad, pese al impacto mediático que tuvo, “no va a generar nada” en términos de seguridad urbana.

“Más allá de las ideologías, empíricamente no dio resultado en ningún lugar del mundo. Hay que discutir políticas públicas de inclusión, porque tenemos la mitad de adolescentes por debajo de la línea de la pobreza”, sentenció.

El abogado defensor consideró que la nueva ley seguramente “va a generar muchas más privaciones de la libertad de menores; eso se va a incrementar absolutamente, porque tiene una tendencia 'adultocéntrica'”, declaró.

Por último, dijo que en abril entró en vigencia la Ley de Ejecución Penal Juvenil que, de alguna manera, va a contramano de esta normativa.

“Se trata de una ley que reglamenta todo lo relacionado con la ejecución de la pena y medidas cautelares, muy acorde con los Derechos del Niño y distinta a la de septiembre, que tiende a la criminalización. Por esta ley que se puso en marcha en abril, recién este mes se está comenzando a capacitar en los institutos", cerró.

"Celebro la reforma"

La fiscal Betina Úngaro, por su lado, expresó que tener una nueva ley "era una deuda que teníamos" porque vienen trabajando con un decreto de la época de la Dictadura que, en la práctica, "está derogado en uno 80%".

"Era necesario desde ese punto de vista. Aunque hay distintas miradas políticas de esto, la ley abarcar mucho más que la edad de punibilidad. Y yo, pese a que eleva muchísimo el trabajo, prefiero tener una herramienta para actuar cuando cometen delitos graves los jóvenes de entre 14 y 16 años. Cuando esté vigente la ley, puedo pedir la detención, la prisión preventiva, penas. Hasta ahora no teníamos herramientas", dijo.

El Ministerio Público Fiscal en el fuero de Menores seguramente será el órganismo con más cúmulo de trabajo a partir de septiembre. 

"La diferencia es importante porque vamos a intervenir con jóvenes de 14 a 18 años y con todos los delitos. Hasta ahora hay un montón de delitos que comete un menor que quedan afuera del proceso penal, pero con la nueva ley cambiará. Y nosotros somos la puerta de entrada en el fuero y tenemos que intervenir en todo, analizar cada caso. La cantidad de personas aprehendidas va a ser mucho mayor y también la Policía tendrá más trabajo", sostuvo Úngaro.

Por otra parte, el tratamiento es multidisciplinario: "A diferencia de lo que pasa en adultos, nosotros hacemos un montón de estudios en cuanto a la personalidad del joven, porque el fin es que se conduzca en la vida de manera constructiva. Pericias psicológicas, informes socioambientales, con centros de referencia y con el Servicio Local".

Sí reconoció que en estos meses tanto Nación como Provincia deberán articular para definir, por ejemplo, lugares de eventual detención de menores, ya que en ese sentido Bahía tiene cupos muy limitados. 

"Que la gente no crea que un joven de 14 años que roba una bicicleta va a quedar preso, existen alternativas previas, pero un joven que la vuelve a robar una y otra vez sí puede ser pasible de detención", cerró la fiscal.