Reforma laboral: abogados bahienses alertan que fomenta despidos y recorta derechos

Pablo Álvarez

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Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales. 

En medio del debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, Bahía Blanca también se sumó a la discusión pública con un encuentro que reunió a especialistas del derecho del trabajo, dirigentes políticos, representantes sindicales y público en general.

La actividad, organizada por la Peña Justicia Social, se realizó en el salón de la Asociación Empleados de Comercio y funcionó como antesala de la movilización convocada para esta tarde frente al Teatro Municipal.

El panel estuvo integrado por los abogados laboralistas bahienses Diego Czernieski, Marcos Martínez y Gaspar Narváez, quienes analizaron el proyecto que actualmente se discute en el Senado y coincidieron en expresar fuertes cuestionamientos tanto en lo jurídico como en lo social.

El encuentro se desarrolló en un contexto político marcado por el intento del oficialismo de conseguir la media sanción de la iniciativa. La sesión está prevista para hoy desde las 11 y el Gobierno sostiene que cuenta con los votos necesarios luego de introducir modificaciones al texto original, producto de negociaciones con bloques aliados, gobernadores y la CGT.

Desde La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, calificó el proyecto como “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales” y aseguró que el dictamen final incorpora 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos.

Sin embargo, lejos de esa mirada, los especialistas locales trazaron un diagnóstico marcadamente crítico.

Dudas sobre la generación de empleo

Uno de los primeros ejes que surgió durante el análisis fue la supuesta capacidad de la reforma para promover nuevos puestos laborales. Para Czernieski, esa premisa carece de sustento empírico.

“Abaratar los costos de despidos no va a generar más trabajos. Ya existieron proyectos muy similares anteriormente y el desempleo siguió creciendo. La forma de crear más empleo no es la que propone este gobierno, sino una política que propicie el crecimiento de las empresas y fomente la producción local”, sostuvo.

El abogado advirtió además que el impacto judicial podría ser el contrario al buscado por el oficialismo.

“Tampoco se va a disminuir la litigiosidad. Creo que se van a ver números siderales de causas judiciales”, anticipó.

En esa misma línea, Czernieski remarcó que el proyecto presenta serios cuestionamientos constitucionales.

“Una ley nacional no puede ir en contra de un tratado internacional. Esta reforma vulnera principios básicos del derecho del trabajo internacional firmados por Argentina y también el artículo 14 bis de la Constitución”, explicó.

Incluso cuestionó el procedimiento legislativo del tratamiento.

“El tratamiento ya arranca mal, ya que por el artículo 52 todo análisis sobre este tema debería iniciarse en Diputados y está arrancando en Senadores”, señaló.

Para el especialista, el resultado podría ser una norma de corta vida jurídica pero con consecuencias concretas.

“Probablemente sea declarada nula, pero en el interín muchos trabajadores la van a pasar mal”, advirtió.

Los puntos más sensibles

El abogado Marcos Martínez profundizó en aspectos técnicos del proyecto y explicó que uno de los cambios más relevantes se vincula con el cálculo de las indemnizaciones por despido.

“Hay muchos temas controversiales y que seguramente van a generar una ola sin precedentes de litigios judiciales”, sostuvo.

Según detalló, la modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo implica un cambio estructural.

“Es la columna vertebral del sistema porque afecta directamente al salario del trabajador. Hoy en el cálculo final se incluyen conceptos como aguinaldo, premios y vacaciones proporcionales. Eso engrosa la indemnización”, explicó.

Sin embargo, con la reforma, ese criterio cambiaría.

“La liquidación final será por el salario pelado, reduciendo significativamente lo que va a cobrar el trabajador despedido sin causa”, afirmó.

Martínez también cuestionó las modificaciones vinculadas al régimen de vacaciones.

“Actualmente existe fraccionamiento dentro de un período determinado, pero con esta ley el empleador podrá elegir la cantidad y la fecha. El que cree que eso será consensuado es muy ingenuo. Todos sabemos que el empleador impone haciendo valer su mayor poder”, aseguró.

Otro punto que consideró preocupante es la flexibilización de los registros laborales.

“Este proyecto hecha por tierra el artículo 55 y prácticamente suprime el 52, que obliga al empleador a llevar al día el libro laboral, que es la radiografía del empleado dentro de la empresa”, remarcó.
El abogado también señaló que la reforma “desampara a los trabajadores de plataformas digitales” al dejarlos fuera de la legislación laboral tradicional.

El “banco de horas” y el pago del salario

Durante su exposición, Martínez también alertó sobre el impacto del denominado banco de horas.

“Desde mi punto de vista es una trampa para no pagar horas extras. Ante un despido, va a generar litigiosidad porque el empleado tiene derecho a reclamar esas horas que hizo de más cuando el empleador se lo exigió”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de modificar la forma de pago del salario. “El proyecto autoriza a pagar el sueldo con dinero, tickets o servicios, lo que va a reducir significativamente el poder adquisitivo del trabajador”, señaló.

En el plano económico, también apuntó a los cambios tributarios incluidos en la iniciativa.

“Esconde una reforma tributaria muy importante. A muchas empresas les disminuye el Impuesto a las Ganancias, con un impacto que podría alcanzar el 1,5% del PBI”, sostuvo.

Para Martínez, el resultado general del proyecto es claro.

“Es una ley hecha a medida de los empleadores, con fuerte impacto perjudicial para el trabajador y para los sindicatos, que también verán recortados sus ingresos y su poder de representatividad”, concluyó.

“No es una reforma, es una contrarreforma”

El tercer expositor, Gaspar Narváez, coincidió con sus colegas y puso el foco en el alcance estructural del proyecto.

“Ya se habla de que se reformaron 30 artículos antes del inicio del debate y seguramente cuando sea analizada por las cámaras habrá varias modificaciones más”, señaló.

Desde su perspectiva, el cambio propuesto implica un retroceso en materia de derechos laborales.

“No es una reforma. Es una contrarreforma. Desde el punto de vista del derecho desvirtúa acuerdos internacionales, no solo constitucionales”, afirmó.

Narváez consideró que la iniciativa afecta el rol histórico de las organizaciones gremiales.

“Además de reducir significativamente derechos adquiridos, busca desfinanciar a los sindicatos, que son quienes defienden a los empleados frente al mayor poder del empleador”, explicó.

El especialista también advirtió sobre posibles efectos en derechos colectivos.

“Este proyecto vulnera el principio de progresividad, vacía el derecho de huelga, restringe la autonomía sindical y reduce las herramientas de defensa de los trabajadores”, sostuvo.

Un debate que trasciende el Congreso

El encuentro realizado en Bahía Blanca dejó en evidencia que la discusión sobre la reforma laboral no solo se desarrolla en el ámbito parlamentario, sino también en el terreno social, sindical y académico.

La convocatoria reunió a concejales, funcionarios municipales, representantes gremiales y vecinos interesados en interiorizarse sobre el alcance del proyecto, en un contexto de creciente preocupación entre distintos sectores del mundo del trabajo.

Mientras el Senado avanza con el tratamiento de la iniciativa y el oficialismo apuesta a lograr la media sanción, las advertencias de especialistas locales reflejan la existencia de un debate profundo sobre el modelo de relaciones laborales que se intenta impulsar en el país.

Para los abogados participantes, más allá de las modificaciones que pueda sufrir el proyecto durante su tratamiento legislativo, el impacto sobre los derechos laborales, el funcionamiento sindical y la judicialización de los conflictos laborales seguirá siendo uno de los ejes centrales de discusión en los próximos meses.