La Coalición Cívica le exige a Francos que informe sobre el destino de los fondos a Bahía Blanca

Redacción de La Nueva.

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Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Victoria Borrego junto a Andrés De Leo, actual candidato a diputado provincial de la sexta sección electoral de Somos Buenos Aires, le enviaron una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de que informe sobre los subsidios destinados a Bahía Blanca para reparar el daño por las devastadoras inundaciones de marzo pasado.

En la misiva, reclamaron información sobre la implementación del Decreto N° 238/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó un fondo especial de asistencia directa de hasta $200.000.000.000 y el régimen del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, con destino a los damnificados por las inundaciones ocurridas el 7 de marzo último en Bahía Blanca.

Según alertaron en el escrito, “De los $200.000.000.000 comprometidos se devengaron únicamente $65.239.000.000, quedando sin aplicación $134.761.000.000, más de dos tercios del total”.

En ese sentido, señalaron que “resulta particularmente relevante que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la ejecución del fondo, habida cuenta de que la ley votada por el Congreso fue vetada con el argumento de que el decreto ya garantizaba la asistencia pero que claramente no ha sido destinada por los montos que han sido aprobados”.

Efectivamente, el Congreso sancionó una norma que declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, y dispuso diversas medidas de apoyo, así como alivios fiscales y financieros, pero la ley fue posteriormente vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que la asistencia ya se encontraba cubierta por el Decreto N° 238/2025.

Conforme a ese decreto, el Gobierno nacional había otorgado 32.076 beneficios, con 3.962 solicitudes aún en trámite. 

La Resolución del Ministerio de Seguridad N° 532/2025 fijó el monto de los subsidios en $2.000.000 para viviendas en zonas de afectación media y $3.000.000 para viviendas en zonas de afectación alta, estableciendo que sólo se reconocería un subsidio por vivienda.

En su momento, las autoridades habían detallado que los pagos se efectuarían dentro de los 30 días posteriores a la inscripción de cada familia.

Para los legisladores, esto “hace necesario conocer si ese plazo efectivamente se cumplió en todos los casos, o si subsisten demoras y solicitudes pendientes”.

De acuerdo a la información recabada por López, Borrego y De Leo, "la mayor parte de los fondos comprometidos no han sido utilizados y aún resta precisar cuál será su destino”. 

Por eso, los referentes de la Coalición Cívica solicitaron el detalle del plan previsto para la utilización de los $134.761.000.000 que permanecen sin ejecutar; cuál es la situación actual de las solicitudes que permanecían en trámite y si se ha cumplido con los plazos de pago anunciados.

También pidieron que se aclare si el Poder Ejecutivo proyecta medidas complementarias que permitan asistir a sectores que quedaron excluidos por el decreto pero que estaban contemplados en la Ley N° 27.790 como comerciantes, monotributistas, PyMEs, entre otros. (NA)