El Gobierno nacional vetó la ley de emergencia por la inundación en Bahía Blanca

Redacción de La Nueva.

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El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días y disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la inundación trágica del 7 de marzo.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 424/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y argumenta que las medidas contenidas en la ley “ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/25”, que estableció el SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (SUR), con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, según indicaron fuentes oficiales, la ley ahora vetada hubiera duplicado las medidas y eso la torna innecesaria.

El proyecto vetado había sido impulsado por senadores bonaerenses y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

Según el decreto presidencial, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos. Unos 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4% fue rechazado. Además, el Ejecutivo afirmó que no existe partida presupuestaria específica para implementar la ley sancionada, lo que incumple las leyes de administración financiera.

Desde el Gobierno también se rechazó incluir a Coronel Rosales en el plan de asistencia, asegurando que “no fue considerada entre las zonas más afectadas” por informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos.

“El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán“, expresaron desde la gestión de Milei, que utilizó este mismo argumento para los vetos anteriores de incrementos jubilatorios y la ley de financiamiento universitario.

Dijeron también que el Ejecutivo implementó un financiamiento para Bahía Blanca a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 200 millones de dólares y que el Banco de la Nación ya tiene facultades para otorgar asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas.